¿Cuál es el camino para llegar al proceso constituyente?

Hasta enero de este año, cuando las aguas se encontraban en relativa tranquilidad en La Moneda, cayó una bomba directa en Palacio: se daban a conocer reuniones entre el hijo de la presidenta y el dueño del Banco de Chile con el fin de conseguir un préstamo para el desarrollo de un negocio inmobiliario. De ahí vinieron las boletas entregadas a SQM con las cuales se financiaron, al menos lo que sabemos hasta hoy, las primeras etapas de la campaña presidencial.

Esto sumado a lo que venía del caso Penta, daba quizás el tiro de gracia a un sistema político institucional que ya gozaba de un desprestigio ciudadano, reflejado en cada una de las encuestas de opinión. El que se vayan todos comenzó a sonar fuerte y la clase política se puso en alerta.

Entonces el 28 de abril pasado, mientras el gobierno buscaba alguna ventana de salida a la crisis provocada por las boletas entregadas a SQM para el financiamiento de campañas, la presidenta Bachelet presentó dos medidas para salir del atasco: La comisión asesora contra la corrupción (o Comisión Engel) y el inicio a partir de septiembre de un proceso constituyente que decantará en una nueva Carta Magna, lo que provocó de inmediato alegatos por parte de los grupos conservadores de derecha y de la Nueva Mayoría ante la posibilidad de hacerle modificación a la actual constitución o, definitivamente, reemplazarla.

Esto, eso sí, sin mayores luces ni pistas, como ha sido la tónica en los dos gobiernos de la presidenta Bachelet. La Moneda se ha mantenido firme en mantener tras bambalinas cualquier información relacionada con esta propuesta de Proceso Constituyente, aunque de manera ambigua ha buscado señalar que éste será un proceso participativo e institucional.

«Queremos que sea un proceso participativo, no queremos que sea un proceso de elite» ha sido la idea fuerza (y casi de buena crianza) esgrimida por la presidenta Bachelet en estos casi cuatro meses. Esto con cambio de gabinete, crisis interna en la Nueva Mayoría y caída en picada en las encuestas incluida.

¿Pero qué se quiere decir con esto? Según el ministro Marcelo Díaz “la Nueva Constitución tiene que ser el resultado de un proceso participativo, sereno, amplio y republicano. El conjunto de estos rasgos debe hacer de este proceso un ejercicio republicano, y no “partisano”, una experiencia ejemplar de cultura cívica y unidad nacional”. A su turno, el ministro del Interior, Jorge Burgos ha expresado que “¿Quién sino el Congreso Nacional y la Presidenta de la República podrían fijar esas reglas del proceso constituyente en su etapa vinculante? Para un proceso vinculante sin reglas legítimas, institucionales y democráticas, no estamos disponibles”.

Entonces, ¿En qué quedamos? ¿Cuál debe ser la ruta de este proceso?

Para el abogado constitucionalista Fernando Atria “un proceso constituyente depende de que haya una demanda ciudadana que se desarrolle completamente, pues a medida de su desarrollo se abren puertas que se creían cerradas. Si el gobierno hoy tomará una decisión respecto del mecanismo, esa decisión dependería de la actual realidad, lo que sería restringido a una reforma constitucional”.

Esa sería la apuesta de sectores conservadores dentro del gobierno, en especial de la DC, que a través del ministro Burgos ha dejado clara su postura.

En este sentido el ex candidato presidencial y líder del PRO, Marco Enríquez, señala que “ante la falta de convicción del gobierno ante el tema Asamblea Constituyente, debemos despejar prejuicios acerca de que supone un salto al vacío en colegios, universidades, el campo, los sindicatos. Por otra parte creemos que el primer paso es abrir un proceso participativo y directo para que la gente pueda elegir el camino constituyente. Para eso se debe devolver a Chile una herramienta: el plebiscito”.

El plebiscito que no está considerado como herramienta para dirimir el mecanismo constituyente, pero que, según el coordinador general de Revolución Democrática, Sebastián Depolo “es una propuesta que le entregamos a la presidenta Bachelet cuando le dimos nuestro apoyo en segunda vuelta, y la hemos trabajado por varios años. Estamos esperanzados pues sentimos que hay más actores que apoyan este plan”.

Karina Oliva, presidenta del nuevo partido Poder, señala que es necesario generar un espacio de participación ciudadana vinculante, pero tiene serias dudas respecto de las intenciones del gobierno y explica que “el escenario institucional es complejo y demuestra que es el momento de escuchar a la gente y hacerla parte de un nuevo pacto social. Si el proceso constituyente excluye a la gente de los espacios vinculantes el escenario no será complejo, más bien será antidemocrático, que es peor aun. Aunque  la verdad creo que el Gobierno pretende mantener la cuotas de poder en las decisiones políticas de los grupos políticos tradicionales y los grupos económicos, siendo la ciudadanía parte sólo en espacios de opinión”.

Las dudas sin respuestas

Si bien desde el gobierno insisten en que el proceso constituyente debe terminar en una Constitución donde la participación ciudadana quede reflejada en el texto final, la tibieza en la manera de señalar esta pretensión deja muchas dudas.

Para Gabriel Salazar esto se debe a que este debate provoca una tensión entre la clase política, que se mueve rápido en el afán de controlar el proceso pero que no tiene capacidad de acuerdo, y el movimiento social, que si bien es más profundo tiene un tranco más lento, lo que se traduce en que “el movimiento social está arraigado en una memoria profunda y en un cansancio y una molestia interior que es muy alta. Pero va lento y existe un proceso político que por arriba quiere ir rápido pero está complicado por dentro, no logrando acuerdos para controlar este proceso”.

El sociólogo Alberto Mayol incluso va más allá, y en tono pesimista, señala que se está cerrando la ventana de resolver el tema constituyente a través de la Asamblea Constituyente porque “existe una falta de fe del grupo reformista; cuando los reformistas consideran que no tienen condiciones para realizar las reformas parece absurdo que los grupos no reformistas se interesen por el tema. Al mismo tiempo, los sectores sociales no tienen capacidad de reacción, no están articulados, tienen condiciones de poder reducidas por lo que creo no será fácil, desgraciadamente. La ventana de oportunidad se está cerrando”.

Con este panorama establecido el Coordinador Ejecutivo de la Fundación Chile Movilizado, Juan Pablo Sanhueza, expresa que “el gobierno ya se pronunció: «Nueva constitución sin los constituyentes». Con una nueva Carta Magna cocinada en el congreso no esperemos grandes avances sociales ni mejoras para las mayorías. Somos el 99% de los ciudadanos quienes estamos llamados a ejercer el poder constituyente y construir una carta fundamental que nos trace el camino para un marco jurídico legítimo y con miras al bien común”.

Ante las dudas del Ejecutivo, y los fantasmas de que el parlamento sea el “constituyente”, la directora de la fundación CREA, Carla Amtmann, señala que esto “no tiene como esencia un proceso democrático que active a la ciudadanía, la que desconfía en un parlamento que está cruzado con problemas de corrupción y que carece de la legitimidad”.

Carla Amtman

¿Qué hacer?

Para Atilio Herrera, encargado de relaciones políticas del partido Igualdad, “un proceso constituyente real debe existir en un proceso de participación desde las bases, a través de acciones vinculantes. Somos críticos del proceso que propone Bachelet, pues no se visualiza que  existan mecanismos concretos, más allá de los rumores”.

Pablo Paredes, vocero político de Marca AC, a pesar de las vaguedades del discurso oficialista señala que “hay señales interesantes en la medida que distintos sectores empiezan a comprender algo que nosotros hemos dicho siempre: que hoy faltan espacios institucionales para la creación de una nueva constitución, más allá del mecanismo que se opte”.

Al mismo tiempo, la vocera del Movimiento de Pobladores UKAMAU, Doris González, cree que “hay que trabajar la necesidad de cambiar la constitución, y a partir de eso establecer el cómo cambiarla, cuál será el proceso. Hacer una Asamblea Constituyente sin estar en los espacios de poder, es ingenuo pensar que se respetará lo que la mayoría decida”.

Mientras tanto, y considerando la falta de conducción del gobierno, Fernando Atria considera que “se ha criticado al gobierno a partir del anuncio realizado por la presidenta respecto del proceso constituyente, en específico respecto del mecanismo, que lo ha dejado en la ambigüedad. Yo creo que es lo que se debe hacer hoy, es razonable no comprometerse con ningún mecanismo, pues en las actuales condiciones solo cabría una reforma como la del 2005”.

A esto Sebastián Depolo agrega que “siento que se ha instalado la necesidad de iniciar un proceso constituyente. Los anuncios del gobierno deben considerarse como una oportunidad, aunque el desafío es tan grande que hacerlo en poco tiempo sería un error”.

Para Mayol la situación es incluso más simple, tomando en cuenta el actual estado del gobierno y su escaso margen de acción política. Cree que “el gobierno ya se rindió. Entonces si convocara a una Asamblea Constituyente no pasaría nada muy grave”.

El debate seguirá abierto a pleno hasta que llegue septiembre, que con sus vientos nuevos y la llegada de la primavera nos harán saber, sin tanta ambigüedad ni tanta letra chica, cómo será el proceso constituyente.