El estudio revela que entre los hogares con hijos, las familias monoparentales y las numerosas son las que tienen más altos índices de riesgo de pobreza. Concretamente, en 2013 casi la mitad de los hogares monoparentales y un 40% de las familias numerosas estaban en riesgo de pobreza, frente al 26,4% de las familias formadas por dos adultos y dos hijos. Además, de las cifras se desprende que tener más de dos hijos en España aumenta el riesgo de pobreza en un 50%.
Según indica el informe, en España el riesgo de pobreza infantil es del 29,9%, tasa que supera el porcentaje de población entre 18 y 64 años en riesgo de pobreza (21,9%) y el de mayores de 65 años en esta situación (14,8%). Concretamente, el informe señala que las niñas, niños y adolescentes españoles son actualmente “el colectivo más vulnerable al riesgo de pobreza y exclusión social”.
Por comunidades autónomas, el informe apunta que Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid reúnen 1,5 millones de los 2,5 millones de niños españoles que están en riesgo de pobreza. Así, de cada 100 niños en riesgo de pobreza, 25 se encuentran en Andalucía, 15 en Cataluña, 10 en Valencia y 10 más en Madrid.
Para los autores del informe, la pobreza infantil “no es solo un problema social sino fundamentalmente una vulneración de derechos que los Estados tienen la obligación de remediar”. Sin embargo, apuntan que se ha producido “una vulneración progresiva de los derechos de la infancia a partir de 2007″.
El estudio apunta como otro factor clave de la pobreza y el bienestar infantil la situación laboral de los padres y recuerda que la destrucción de tres millones de puestos de trabajo y el aumento de la precariedad laboral han provocado que se tripliquen desde 2007 los hogares con niños donde ninguno de los cuidadores trabaja, llegando a 943.000 en 2013.
Por otro lado, respecto a las transferencias sociales a la infancia y a la familia, el estudio apunta que “gran parte de los analistas sociales las consideran insuficientes en diversos ámbitos”. Concretamente, indican que la inversión del gobierno en programas destinados a este colectivo es significativamente baja (5,4% del gasto social) en comparación con la media europea, que se ubica en el 8%.
EP