Debate Presidencial en Chile, ¿Qué intereses representan? ¿Cuáles son sus propuestas?

El Ciudadano entrega aquí las voces, los argumentos, los contrapuntos de un grupo de candidatos a la Presidencia de la República que accedieron a contestar un cuestionario sobre el presente y futuro de varios temas sensibles para el país. Quienes respondieron contribuyen, por cierto, al derecho a la información de ciudadanas y ciudadanos en un asunto gravitante: la carrera presidencial. Fuimos insistentes para que respondieran todas y todos los que se han proclamado, paradójicamente, algunos de quienes responden a intereses de los más grandes partidos políticos y grupos económicos, se negaron a contestar. Se abre, realmente, el primer debate presidencial a través de un medio escrito.

Pronto más preguntas y respuestas

1- ¿Cuál es a su juicio, la política más adecuada respecto de la explotación de nuestros recursos naturales en general y en particular, en relación al cobre y el litio?

Marcel Claude:

Es insoslayable y de primera importancia recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, los que durante años se han entregado al capital extranjero para su explotación indiscriminada, sin beneficio alguno para el pueblo chileno. Resulta inaceptable e inmoral que las mineras multinacionales se lleven más de 30 mil millones de dólares anuales, mientras en Chile las necesidades en los hospitales y escuelas públicas son una tragedia que duele y quebranta la conciencia moral. Es preciso detener esta usurpación avalada por el Estado y que impide contar con los recursos que nos permitirían dar respuesta a las demandas que se han hecho presentes en los últimos años. En este sentido la recuperación del cobre y del litio son esenciales por el carácter estratégico que tienen para nuestra economía y, por ello, debemos avanzar hacia un Estado soberano no solo para su extracción, sino también, para su refinación y producción de productos terminados.  Estos recursos, además, deben orientarse a la inversión pública en energías renovables y sustentables.  No sé cómo no se dan cuenta aún que la energía es un tema de alta política, que las tendencias van en la dirección de ese tipo de energías pues los combustibles fósiles están en extinción.

Marco Enriquez- Ominami:

No creo en el Código Minero de 1982, hay que hacer un nuevo Código Minero que devuelva la tuición al Estado de los recursos naturales. No me inscribo en la discusión en que está gran parte de los críticos en que la propiedad garantiza la renta. Hay veces que lo que importa es que la renta sea la pública. El litio tiene un régimen totalmente distinto al cobre, pues es el litio de todos los chilenos, el cobre tiene concesiones indefinidas de un código minero impresentable. Nuevas reglas para los nuevos yacimientos, un mejor royalty más justo para todos los yacimientos ya existentes. No podemos llegar y cambiar las reglas del juego cada dos años. Yo quiero un cambio de reglas en serio y por eso creo que abusar de falsas reformas atenta contra un cambio de reglas.

José Antonio Gómez:

Debemos debatir seria y responsablemente sobre cuál debe ser la relación que establece el Estado con sus riquezas y sus recursos naturales. Partimos de la base que el agua, el cobre, el litio, los peces, los bosques, el espectro radioeléctrico, por nombrar algunos, son  propiedad de todas las chilenas y chilenos y eso lo haremos prevalecer en nuestro gobierno. Sin embargo, ahora no se establecen políticas claras que hagan valer este principio, lo que se traduce en que no recibimos los beneficios justos por la explotación y comercialización de nuestros bienes, que muchas veces son recursos no renovables, o sea, que se agotan. Tampoco somos capaces como Estado de controlar los fuertes impactos ambientales y sociales que la industria extractiva genera en el país. No nos oponemos a la explotación privada, pero creemos que el Estado tiene que tener un rol mucho más directo y activo a través de sus propias empresas, y cuando los privados lo hagan, debe haber una retribución más justa hacia el Estado, que nos permita impulsar al corto y al largo plazo el mayor bienestar para las chilenas y chilenos;  y lo más importante, procurar siempre un cuidado irrestricto con nuestra tierra, aire, ríos, glaciares, mares, que son nuestro mayor patrimonio. En materia de minería haremos los ajustes necesarios para que el Impuesto Específico a la Minería (IEM) no se evada, sin perjuicio de abrir la discusión, e impulsar desde el gobierno, la creación de un verdadero royalty, que se aplique sobre las ventas y no sobre las utilidades como es actualmente, de modo que el Estado recaude en función de lo que realmente se extrae. En cuanto al litio, ejecutaremos una Estrategia Nacional del Litio, en la que el Estado tenga un rol preponderante en su extracción a través de Codelco o una nueva empresa Nacional del Litio, y en la innovación a través de Corfo y de las universidades, que permita agregar valor y desarrollar una industria tecnológica del litio.

Roxana Miranda:

Una política que impida la depredación de nuestros recursos naturales como la que ha ocurrido en todas la áreas, desde la pesca de arrastre a los bosques nativos. Héctor Kol, biólogo marino de Puerto Montt, me contaba que la actual forma de pesca industrial no permite la renovación de la fauna marina. Eso puede terminar extinguiendo especies marinas en poco más de tres años. Nuestra visión es que los recursos naturales son un patrimonio público de todos los chilenos y todas las chilenas. Y “todos los chilenos y todas las chilenas” incluye a quienes existen hoy, pero también a quienes existirán después, a nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros nietos y nuestras nietas. Nadie nos ha dado derecho a agotar recursos que también tienen que satisfacer necesidades de los chilenos y las chilenas que están por venir. Cuando seamos gobierno, sólo se podrá explotar recursos naturales en Chile si se cumplen dos condiciones: la sustentabildiad y el usufructo colectivo del pueblo de Chile. La explotación de recursos naturales que no sea sustentable no estará permitida. Y la explotación para usufructo privado sólo podrá hacerse en condiciones muy extraordinarias y en el marco de una estricta regulación y un sistemático control de parte del Estado y, sobre todo, de los pueblos de Chile y sus instrumentos de fiscalización. Eso respecto a los recursos naturales en general. Pero para nosotros existe un conjunto de recursos naturales que tienen un rango especial: los Recursos Naturales Estratégicos (RNE). Los RNE son aquellos que en un periodo dado son fundamentales para el desarrollo o la garantía de derechos fundamentales del pueblo de Chile. En la constitución que debatiremos en una Asamblea Constituyente Social vamos a establecer que estos Recursos Naturales Estratégicos sólo podrán ser explotados y administrados por el Estado y con el fin constitucional de satisfacer necesidades fundamentales y garantizar derechos básicos. Entre esos recursos están en la actualidad el cobre y el litio. La propiedad, explotación y administración de estos recursos serán completamente nacionalizados y los beneficios de su explotación se usarán para garantizar los derechos a salud, educación y vivienda. La Gran Minería instalada en Chile se pondrá al servicio del pueblo de Chile. En el caso específico del litio, haremos que se cumpla la ley hoy vigente, que no permite que sea concesionado.

Claudio Orrego:

El Estado es el principal responsable de velar por el bien común de los chilenos, tanto para las generaciones actuales, como de las futuras. La explotación de los recursos naturales debe beneficiar a todos los chilenos, compensando especialmente a las comunidades desfavorecidas por los trabajos extractivos y minimizando los costos ambientales. En lo que se refiere al cobre, los chilenos tienen que saber que Chile está en el cuartil (25%) más bajo en lo que se refiere a carga tributaria para una empresa minera. El royalty se podría subir desde el actual 5% para empresas grandes a un 8% y quedamos en la mitad de la tabla, lo cual es razonable para un país con fuerte potencial minero como el nuestro. Con respecto al litio, creo que debemos evaluar la creación de una Empresa Nacional del Litio, que se encargue de explotar el litio de manera eficiente y sustentable, como primer objetivo, y que explore las posibilidades reales de sumar valor agregado a este recurso natural en un mediano plazo. Una opción alternativa sería abordar esto a través de un sistema de concesiones bien hecho y acordado por la vía legislativa para no incurrir en las brutalidades que cometió el Gobierno en esta materia.

Franco Parisi:

El litio es de todos los chilenos, el 90 % de las reservas pertenecen a Codelco, por lo tanto no se tienen que licitar, lo que se tiene que hacer es lo que se ha hecho en gran parte del mundo, “earning sharing”, compartir las utilidades. El Estado no tiene la plata para poder explotarlo, qué ha hecho Bolivia, Egipto, han dicho mire yo le voy a permitir que explote pero vamos a compartir las utilidades. En el caso de la repartición de las utilidades, los recursos naturales, siempre son y serán del Estado. Actualmente la gran minería del cobre, goza de lo que se llaman concesiones permanentes del 92 y ratificado el 94 por la Concertación. Se hace la licitación pero es permanente, una privatización encubierta. Eso hay que reformarlo ahora ya. Se debe eliminar de raíz también el Decreto Ley 600, pues les da inmovilidad tributaria y propietaria a la inversión extranjera. Por lo tanto de momento y sin derogar eso no se puede nacionalizar el cobre, los que andan diciendo que lo van a nacionalizar así no más están mintiendo, pues si lo hace te demandan en todas la cortes y hasta en la corte de la doctora Pollo, pierdes. Como nos vamos en la repartija, el mínimo es el 30% para el Estado, pero últimamente como el caso de Libia el 70 % para el Estado y un 30% para el privado.

2-¿Qué política adoptaría respecto de la explotación forestal, y su proceso de expansión sobre los bosques?

 Marcel Claude:

Hay que terminar con todos los subsidios que recibe la industria forestal para desplegar su negocio y que han beneficiado ampliamente a los grandes grupos económicos, tales como el grupo Angelini y Matte, lo que les ha permitido expandir la frontera forestal para especies introducidas como el pino y el eucalipto, haciendo desaparecer el bosque nativo chileno y reduciendo aún más el territorio de las comunidades mapuches. En materia de bosque natural, será prioritario para nosotros modificar la ley de protección de este bosque, eliminando la posibilidad de sustituir el bosque nativo por especies introducidas. Mientras no se elimine la sustitución, no será posible la protección eficaz del bosque nativo chileno. Yo tengo una particular preocupación por los bosques chilenos, no sólo porque son de una belleza invaluable, sino también, porque me inicié en la vida política pública denunciando su desaparición por parte de las empresas forestales.

Marco Enriquez-Ominami:

Aún no hemos formulado una política que anunciar. Este tema será central en nuestro programa, pero no es el momento. Un equipo comenzó hace pocos días a sintetizar las propuestas en torno a esta materia.

José Antonio Gómez:

Estamos a favor de una nueva Ley de Fomento Forestal. El estado actual de las cosas ha producido dos consecuencias claras: la falta de participación de los territorios en la toma de decisiones de uso de suelos y, en segundo lugar, la utilización de árboles exóticos como el pino y el eucaliptos que implica el uso de una cantidad importante de agua lo que produce un problema sanitario para las comunidades cercanas. De esta forma, se requiere un Nuevo Modelo Forestal que pueda reemplazar el actual Decreto 701 y proteja nuestro bosque nativo, además de un Ministerio de Agricultura y “Biodiversidad” para implementar políticas públicas en el área.

Roxana Miranda:

No tenemos que pensar en política de explotación. Queremos un desarrollo sostenible, sustentable y que respete el bosque nativo. Cuando fuimos a la casa de Juana Calfunao, su hijo Huaiquilaf nos contaba que las forestales lo primero que hicieron cuando llegaron fue terminar con los bosques nativos. Árboles milenarios fueron reemplazados por pinos y eucaliptos de rápido crecimiento y que provocan acidez de la tierra y secan los ríos y pozos. En el gobierno de los pueblos y movimientos sociales que voy a encabezar crearemos un fondo verde para que las comunidades tengan recursos para la reforestación de sus territorios.

Claudio Orrego:

Los bosques no sirven sólo para producir madera como muchos creen. Nuestros bosques también cumplen un rol clave en la generación de productos no madereros como frutos, semillas y follaje, así como de servicios ambientales como regulación hídrica, secuestro de carbono de la atmósfera, captura de material particulado del aire en ciudades contaminadas, regulación de la temperatura local y mantención del paisaje para la industria turística, entre otros. El desafío que tenemos por delante es poner en el centro de la legislación sobre Institucionalidad Forestal chilena, que pronto entrará en discusión nuevamente en el parlamento, a las comunidades que utilizan los recursos forestales. Esto debiese llevarnos a integrar la producción forestal con los sistemas productivos de cada localidad y a proveer a esas comunidades de instrumentos de fomento adecuados que les permitan emprender de forma innovadora, crecer productivamente e integrarse a los mercados globalizados. Las plantaciones forestales tienen un rol que cumplir para satisfacer la demanda con especies de rápido crecimiento. Debemos ser capaces de minimizar los impactos ambientales de estas plantaciones, particularmente promoviendo la protección de cuencas y de humedales.

Franco Parisi:

Eliminaría los subsidios forestales, pues se siguen entregando a las grandes empresas y se está privilegiando a las grandes corporaciones. Si se quiere hacer, hay que focalizarlo con los pequeños predios forestales, pero me parece que el mecanismo está agotado. Debemos concentrarnos en el Chile potencia agroalimentaria.

3-¿Cuál es a su parecer,  la política más adecuada respecto de la pesca industrial y la pesca artesanal?

Marcel Claude:

Como en el caso de los otros recursos naturales, en relación a las especies pesqueras también debemos recuperar la soberanía marítima.  Así como nuestros hermanos bolivianos, nosotros los chilenos también hemos perdido la soberanía marítima a favor de siete familias multimillonarias, quienes han operado sin ninguna ética.  La Ley de Pesca debe ser reformulada a fin de concentrar las cuotas pesqueras en favor de la pesca artesanal –que da mucho más empleo para sectores socialmente más vulnerables y suministra el pescado como alimento a las familias chilenas- y reducir la importancia de la industria pesquera, que es mucho menos intensiva en dar trabajo y destina el recurso a la producción de harina de pescado para el alimento animal.  La ley de pesca no debe permitir el uso perpetuo de esas cuotas y éstas deben asignarse en función de criterios de sustentabilidad, es decir, deben entregarse a empresas que no recurran a la pesca de arrastre que desertifica el fondo marino, ni a las prácticas de descarte que devuelven muertas a los mares aquellas especies que capturan y no les interesa.  Ante los problemas de insuficiencia alimentaria y la falta de proteínas sanas para suministrar a la población chilena, la pesca artesanal debe retomar el rol protagónico en materia alimentaria que permita satisfacer la demanda interna y, lo más importante, hacer posible que las especies marinas puedan recuperarse y asegurar con ello la sustentabilidad.

Marco Enríquez- Ominami:

Competencia y sustentabilidad, en contra de la Ley de Pesca, pues no garantiza ninguno de estos dos grandes pilares. En contra de esta Ley que faculta, que privilegia a siete familias. Me llama la atención de que me acusen a mí de querer regalar el mar a Bolivia, si ya lo hicieron, de hecho, a estas familias.

José Antonio Gómez:

La aprobación de la Ley de Pesca constituyó un fuerte retroceso en la política de pesca, el Congreso les entregó a los industriales la propiedad del mar chileno para siempre. Lo dijimos en la discusión en el Senado, los parlamentarios aprobaron un negocio para unas pocas empresas y no miraron con visión de Estado el proyecto.  Esto afectará la alimentación de los chilenos y el trabajo de muchos pescadores. Volvimos a legislar en perjuicio de muchos y en favor de unos pocos. Por eso, impulsaremos una reforma que devuelva el mar a los chilenos y chilenas, garantice un mercado competitivo y se favorezca una política sustentable.

Roxana Miranda:

La pesca industrial tiene que estar regulada. El dirigente de la pesca artesanal de San Antonio, Cosme Caracciolo, me había dicho que no podemos hablar de pesca industrial, es pesca de arrastre. Lo que quiere decir que las aspiradoras no discriminan ni tamaño ni tipo de especie. Acaban con todo. Respecto a la pesca artesanal tenemos la Ley Longueira que habría que derogar ya que actualmente por esta ley los pescadores artesanales no tienen libertad para moverse en las aguas y el poco pescado que encuentran viene contaminado. La pesca artesanal tiene que volver a ser privilegiada ya que generaba empleo, y es una forma de vida de familias donde el ser pescador artesanal se traspasaba de generación en generación.

Claudio Orrego:

El objetivo aquí es asegurar la sustentabilidad de los recursos, agregarle valor a su explotación y mejorar las condiciones de la pesca artesanal. En concreto, debemos asegurar recursos e independencia para una verdadera investigación y para el nuevo sistema de decisiones de administración pesquera, garantizando que los comités técnicos tomen decisiones ajenas a los intereses industriales o políticos. Asimismo, debemos fortalecer el desarrollo de pymes pesqueras que se dedican a la elaboración de pescado para consumo humano y crear un Indap pesquero del tamaño e importancia que tiene el Indap agrícola, de tal manera que los más de 80 mil pescadores artesanales puedan acceder a capacitación, financiamiento y programas que permitan mejorar sustancialmente sus condiciones.

Franco Parisi:

Soy contrario a la nueva Ley de Pesca. Está mal hecha, es una ley para todo Chile y la pesca en el centro, norte y sur es totalmente distinta. En Chile la costa no es una línea, es irregular, debiesen ser ocho millas para la pesca artesanal y respetarse las caladas históricas. Debemos a su vez prohibir la pesca de arrastre y entender que al sur del seno de Reloncaví la pesca no es hacia afuera sino hacia dentro, por tanto la ley no aplica. No debiese haber concesionado a 20 años, debiesen haber acordado repartición de utilidades. También hay que hacer distingo entre el armador, el dueño del bote y el pescador que es a quien más tenemos que cuidar.

4-¿Cuál es a su juicio,  la política más adecuada respecto del desarrollo de la  agricultura, considerando además la circunstancia que debe ser abordado el tema de la Seguridad Alimentaria de nuestra población?

Marcel Claude:

La política agrícola debe a nuestro juicio estar sustentada en el apoyo a la agricultura familiar, al desarrollo de cooperativas campesinas que diversifiquen la propiedad y la producción.  También hemos pensado que la solución del problema mapuche puede estar vinculada a la política agrícola pues la devolución de tierras al pueblo mapuche, es posible amarrarla con el incremento de la producción alimentaria agrícola.  Claramente la tierra debe estar orientada a la producción alimentaria y eso implica pensar en políticas de uso racional y sustentable del agua y del suelo, así como revertir aquellas políticas orientadas al uso de transgénicos.  En esta materia el Estado debe volver a involucrarse en la creación de la infraestructura de riego adecuada, dado que, uno de los graves problemas del desarrollo agrícola es el suministro del recurso hídrico.

Marco Enríquez-Ominami

Cuando hablamos de agricultura, hablamos de agua. Derechos consuntivos y no consuntivos. El agua no sólo puede ser de privilegio para la minería y la generación de energía. Nuestro diagnóstico es que hay dos agriculturas, la que está bancarizada y la que no. Para la segunda queremos más y mejor Indap, más procesos de acompañamiento a la mediana y pequeña agricultura, consideraciones distintas para los huérfanos de Indap y Corfo, la agricultura de subsistencia, la que no factura y una lógica distinta para el uso de suelo sobre el que hay una irracionalidad. Existe un uso irracional del suelo. A su vez debemos tratar seriamente el tema de los pesticidas. En Chile hay pesticidas prohibidos por la Unión Europea. Estoy por prohibir los pesticidas 1A y 1B. Lo presenté como ley. Está la hipocresía del SAG donde convive la agricultura transgénica con la orgánica. Debemos elegir un camino, si somos orgánicos, o transgénicos como los argentinos. Chile no puede sólo exportar cobre, si no también productos ligados a la agricultura como el potasio, un excelente fertilizante, un verdadero petróleo del futuro.

José Antonio Gómez:

Hay dos medidas básicas en este sentido. La primera es la modificación a la construcción de canasta básica de alimentos, donde se tome en cuenta el aumento progresivo de ésta, además de ser una realidad que varía de acuerdo al territorio. Por esta razón, además de modernizar los criterios, debemos avanzar hacia la existencia de un IPC regional que considere estas diferencias. Lo segundo es una mayor participación del Estado respecto al tema de la agricultura, primero desde la perspectiva de recuperación del agua y mejor regulación del uso de ésta, y segundo, desde la perspectiva de apoyo al fomento de iniciativas que emanen desde el Estado y la coordinación de factores productivos comunes en las regiones, lo cual hoy fue completamente eliminado por el actual Gobierno.

Roxana Miranda:

En todo el mundo el tema de la alimentación se ha transformado en un gran negocio que no mira ni la salud de la gente ni la importancia de los campesinos en la vida de una nación. Hoy compramos arroz de Brasil y le vendemos manzanas a los franceses. Todo lo regula el mercado. Nosotros nos planteamos que la agricultura tiene que plantearse desde el punto de vista de la Soberanía Alimentaria, asegurando que todo los chilenos y chilenas coman sano y productos producidos en el país. Hay que acabar con el negocio de la agroindustria a la cual solo le interesa vender. Y si es necesario subsidiar a sectores agrícolas, no nos vamos a achicar. En Chile subsidiamos los ingresos de la banca y los grupos financieros, ¿cómo no vamos a destinar recursos del Estado para que todo el pueblo de Chile pueda acceder a alimentación digna y saludable? Tenemos que hacer una segunda reforma agraria para que podamos alcanzar la soberanía alimentaria.

Claudio Orrego:

Chile es un país de profunda vocación agrícola. La agricultura ha estado en el corazón de su historia y ha sido también un sector capaz de leer las señales que provienen de mercados cada vez más exigentes. El desafío es doble, por una parte debemos aspirar a tener un sector integrado y dinámico que es capaz de hacerle frente a los distintos tipos de riesgo (climáticos, financieros, etc.) para poder entregar productos de alto valor. En el mundo del futuro, el rol de la agricultura no se reduce solamente a satisfacer la demanda por calorías y proteínas, sino que se amplía a generar productos con un valor nutricional mayor. Ahí es donde debemos poner el acento con un esfuerzo modernizador importante, con mayores inversiones en investigación e innovación. El segundo desafío es impulsar también políticas que favorezcan el emprendimiento de sectores que han quedado excluidos de estos procesos, cuyo desarrollo es fundamental para asegurar también la seguridad alimentaria en nuestro país. No solo debemos preocuparnos de la calidad de los productos o de la rapidez con que se detectan posibles focos de enfermedades como “la vaca loca”. Tenemos una gran tarea que abordar, explorando todas las potencialidades de nuestros productos agrícolas, generando círculos virtuosos en los que la identidad cultural, la diversidad genética y el emprendimiento estén alineados para traer prosperidad a las comunidades locales.

Franco Parisi:

Qué tipo de agricultura queremos, varios pequeños y medianos agricultores o un gran mega operador. Yo quiero fomentar las cooperativas, pero con incentivos tributarios de verdad. No quiero un Luksic o un Matte dueños de toda la Séptima Región.  Necesitamos más cooperativas agrícolas, tú sabes que Impuestos Internos les está pasando multas a cooperativas como Colun, me parece el colmo. A Johnson le condonan. Quiero más cooperativas agrícolas, de taxis, etc. A los grandes grupos económicos no les interesan las cooperativas, pero es ello lo que debemos potenciar.

5-¿Cuál es la política energética que debe desarrollar nuestro país, qué valor le da en ella a las llamadas  energías alternativas?

Marcel Claude:

Hasta ahora la política energética en Chile se ha basado en la preponderancia que se le ha dado al interés privado por sobre el interés público, lo que se demuestra en cada una de los proyectos energéticos que han sido cuestionados por la comunidad en los últimos años. Acá lo menos importante ha sido la eficiencia energética, puesto que la visión de Estado que es ahorrar energía ha sido sustituida por la lógica del negocio privado: aumentar el consumo que permite mayor flujo de negocios y ganancias. Con este diagnóstico el Estado debe asumir su rol en cuanto a preservar el bien público, orientar sus políticas energéticas principalmente a la eficiencia –es decir al ahorro- y a inversiones considerables en energías no convencionales y sustentables.  Para nosotros, la protección del medio ambiente y la búsqueda de una relación respetuosa con toda forma de vida es una obligación moral y una tarea insoslayable.

Marco Enríquez-Ominami:

Creo que hay cuatro definiciones claves en materia energética. Cambiar el paradigma del más vendo más gano, al más ahorro más gano. Uso eficiente de la energía de las grandes mineras. En segundo lugar, avanzar al 2025 a un 30 %  de energías renovables no convencionales. Eso significa una inyección dura del Estado en platas, no es sólo regulación. En tercer lugar, cuando digo No a Hidroaysen, es mucho más que simbólico, no es sólo por el valor futuro de la Patagonia, es porque además creo que es como comprar VHS en el 2013. Hay otras cuencas si se trata de hidroelectricidad. Mi problema no son las centrales de pasada, hay cuencas aptas para ello. Además, terminar con la concentración en la generación de electricidad en dos grupos. Finalmente, un tema muy ideológico, por el sistema de tarificación de costos marginales estamos pagando el agua a precio petróleo y eso es inaceptable.

José Antonio Gómez:

Queremos una Nueva Ley Eléctrica que desconcentre el mercado, establezca la tarifa social eléctrica y aplique penas mayores cuando empresas concesionarias no cumplan. Nuestra meta es llegar a que el 20% de la matriz energética sean en base a energías renovables no convencionales al año 2020. Por otra parte, castigaremos energías en base a carbón mediante un eco-impuesto por sus emisiones. Así mismo, implementaremos una Ley de Eficiencia Energética en base a metas de reducción del consumo anual para la industria energética intensiva; transporte, comercio y sector público. Planteamos también un itinerario nacional de repotenciación de las centrales de pasada, política que se hace en todos los países vecinos y que aprovecharía miles de megas perdidos por la ineficiencia de generadores obsoletos. Queremos dar un fuerte énfasis al transporte sustentable, implementar la «Política Nacional de Calefacción» y diremos no a la energía nuclear.

Roxana Miranda:

La demanda energética en Chile viene esencialmente de parte de la industria. Y en particular la industria minera. Sería importante poner delante a las personas y sus necesidades. Es decir, eso que el duopolio llama “matriz energética” debe pensarse poniendo primero la necesidad de los chilenos y chilenas. La política energética, la que viene del Estado, debe tener eso como su primera prioridad. Si la gran industria minera -que sin royalty se lleva todos los beneficios de lo que explota a sus casas matrices-, requiere más energía para sus utilidades privadas, entonces que se ponga con sus lucas privadas. Imagínate la locura de que con recursos públicos les construyamos hidroeléctricas y termoeléctricas para sus beneficios privados, que prácticamente no dejan ni uno en Chile. Además, el Chile que queremos construir es un Chile de energías limpias y sustentables. En el norte tenemos el desierto con mejor energía solar del mundo y nuestras autoridades quieren hacer algo tan absurdo como inundar uno de nuestros patrimonios naturales del sur para que las mineras del norte tengan energías. Para la industria hay que pensar en la integración energética regional con nuestros hermanos y vecinos: Argentina, Bolivia, Brasil, Venezuela, etc. No tiene sentido que Chile crea que puede ser independiente en términos de energía. Necesitamos integración regional.

 Claudio Orrego:

La matriz energética chilena es cara. Estamos pagando un 50% más que lo que pagan las familias de la OCDE. Nuestra matriz también es sucia. Si en 1982 el 75% de nuestra energía venía de la hidroelectricidad hoy sólo es el 25%. Esto se debe a que el Estado ha perdido su capacidad de planificación en materia energética y es algo que debemos recuperar. Se requiere visión y un acuerdo país para permitir el desarrollo de una matriz energética moderna, robusta, limpia y económicamente razonable. Creo que debemos evaluar la creación de una Agencia Nacional de Energía, de manera que el Estado pueda asumir un rol ahí donde el mercado no está funcionando, en particular en materia de energías alternativas y de eficiencia energética.

Franco Parisi:

Les doy una prioridad número uno. Quiero que el 60 % de los hogares tengan placas solares para su generación eléctrica, usando una ley que apoyamos mucho y que presentó el senador Horvath, la llamada Ley de Cogeneración.  De esa forma se ahorra costos de generación y transmisión. Placa solar subsidiada, regalada. Eso debería tomar tres años. Respecto a la generación a mayor escala, centrales de pasada  por medio de cooperativas eléctricas. No quiero Hidroaysén; no se necesita, podemos tener centrales de pasada de Rancagua al sur, con menor impacto ambiental y mayor generación.

6-¿Cuál es el rol de decisión y el imperio que debe atribuirse a las organizaciones sociales, gremiales  y sindicales?

Marcel Claude:

La cuestión política es inherente a todas las personas, es esencial en la vida pública, pues como decía Bertolt Brecht, hasta el precio de los porotos es una cuestión política.  Ella no se hace sólo desde los partidos políticos, también los movimientos sociales, las organizaciones estudiantiles y sindicales, son actores políticos y deben jugar un rol preponderante y no intermediado por los partidos.  Deben tener la misma importancia y actuar equiparadamente con los partidos. Las organizaciones sociales deben estar presentes en la toma de decisiones nacionales porque ellas responden a la base ciudadana, representan su sentir. Por este motivo desde la dictadura y los gobiernos del duopolio se han conculcado los derechos de los sindicatos, los gremios y las diferentes instancias de organización social para poder desarrollar su política sin una organización fuerte que pueda hacer sentir su voz.  No obstante, el código laboral y las enormes dificultades que tienen los trabajadores para realizar sus actividades de representación deben cambiar.  Es muy importante para asignarle un rol político al mundo sindical que se modifiquen radicalmente las condiciones en que se desarrolla la actividad sindical.  Debe reinstalarse el derecho a huelga y acabar con la multiplicidad de sindicatos que solo dividen a los trabajadores.

Marco Enríquez-Ominami

El sindicato es un bien, no un mal. Yo presenté la ley de sindicalización automática. Tenemos una tasa bajísima de sindicalización. No es normal que durante la dictadura haya habido más sindicatos que ahora. La democracia desorganizó a los trabajadores. Se debe ampliar la negociación colectiva. En ese sentido, suscribo todas las reformas laborales que solicitan los sindicatos.  Quiero dejar en claro que la construcción de mi programa de gobierno será participativa. Este es sólo mi aporte en base a los tres pilares que rigen Nuevo Chile y que son libertad, igualdad y justicia. Quiero invitarlos a participar en su diseño.

José Antonio Gómez:

Nuestro modo de relación política está agotado. Eso quedó en evidencia con los mecanismos de participación de 2011 y 2012 por parte de diversos movimientos sociales. Si no entregamos espacio a esas expresiones, habremos perdido la oportunidad de dar a nuestra democracia la textura y legitimidad que requiere. Debemos abrir las puertas, dejar entrar aire fresco, nuevas ideas, nuevas generaciones, hacer responsable a nuevas manos y voces. Por eso, constituimos una Red de Voceros donde convergen militantes, independientes, artistas y líderes sociales, como José Ancalao, ex vocero Confech, el ex dirigente secundario Cristian Pizarro, la joven poeta Karen Hermosilla, el músico Luis Le-Bert y el abogado que destapó el caso La Polar, Andrés Sepulveda. Estamos equivocados si creemos que esta situación va a cambiar sola. La política hoy debe hacerse con un pie en La Moneda y otro en la Alameda.

Roxana Miranda:

Sergio Alegría, dirigente sindical del Sintrac, contaba en una asamblea que hoy las organizaciones sindicales están desprestigiadas y son vistas como mafias. Mira lo que pasa con Arturo Martinez, que hoy sigue siendo secretario general de la CUT. Eso es lo que le conviene a los empresarios, que los trabajadores desconfíen de los dirigentes porque así se mantienen desunidos. Y en esto los empresarios han contado con la complicidad de los partidos políticos tradicionales que constantemente han frenado cualquier conflicto en el mundo de los derechos laborales. El movimiento de trabajadores real es el que se está construyendo desde la base; en los call center, el los reponedores de los supermercados, entre los subcontratados que hoy constituyen la mayoría de los trabajadores chilenos. Se avanza pero aún queda mucho por recuperar un movimiento de los trabajadores con fuerza real en las calles y en el interior de la empresas. En términos más generales, como Igualdad creemos fundamental que las organizaciones de los movimientos sociales, gremiales, ciudadanos, sindicales, se politicen y sean parte de la lucha por un Chile más justo. Mientras se mantengan en la lucha gremial, sectorial, van a condenarse a avances mínimos, si es que tienen algún avance. Las grandes injusticias y desigualdades hoy vigentes en Chile se deben al neoliberalismo salvaje que ha penetrado en todas nuestras vidas. Sin derrotar al neoliberalismo y a sus guardianes, el duopolio, es poco lo que pueden hacer las organizaciones sociales y sindicales si se enfocan sólo a lo suyo. Tenemos que construir una fuerza única con todos los movimientos para transformar este Chile. Y para eso todas sus organizaciones deben dar el salto de la lucha gremial a la lucha política.

 Claudio Orrego:

Soy un convencido de que muchas de las políticas públicas de segunda generación deben diseñarse e implementarse en conjunto con las organizaciones sociales para ser exitosas. El desafío de modernizar la infraestructura de Chile y de llevar los servicios básicos a cada hogar se logró sin una mayor participación de las organizaciones sociales. Distinto es abordar nuestros actuales desafíos como la calidad de la educación donde no seremos exitosos si no logramos involucrar a los profesores y a los apoderados en una reforma, o en materia de seguridad ciudadana, donde creo que el rol de las organizaciones vecinales es clave. La mano invisible del mercado y la mano visible del Estado tienen su rol, pero la mano organizada de la ciudadanía es insustituible. Dicho esto, finalmente es el ejecutivo quien tiene la responsabilidad de velar por el bien común. Las organizaciones sociales y gremiales no siempre pueden tener a la vista todos los intereses que se deben conjugar y ahí el liderazgo es clave.

Franco Parisi:

Sumamente importantes, siempre y cuando no estén influenciadas por gérmenes partidistas. El movimiento social tiene que mantenerse libre.

7-¿Cuál es a su juicio,  la importancia y el rol que debe asignarse a la norma contenida en el art. 5° de la Constitución Política del Estado que autoriza para llamar a Plebiscito?

Marcel Claude:

En el actual contexto, con esta Constitución ilegítima y moribunda, el artículo 5 nos debe invitar a movilizarnos para ser parte de un nuevo proceso constituyente. Nuestro compromiso es que llegando a La Moneda vamos a llamar –en lo inmediato- a un plebiscito para preguntar a los chilenos si quieren o no una verdadera y auténtica Constitución democrática.  Lo único importante de esa norma es que nos permite llamar a un plebiscito, pero, como no es vinculante, es decir, no por ello el Parlamento está obligado a convocar a una Asamblea Constituyente que posibilite activar el poder constituyente original, es decir, al pueblo mismo; con los resultados del plebiscito deberemos movilizar al pueblo chileno y marchar dos millones desde La Moneda hasta el Parlamento para exigir que se convoque la Asamblea Constituyente, la que deberá aportar una nueva Constitución.

Marco Enríquez-Ominami:

Estoy a favor de un Plebiscito vinculante, abierto, nacional, por una vez en el mandato. Puede ser convocado de tres maneras: ciudadanía, parlamento, monarca. Creo en la democracia directa y participativa como complemento de la democracia representativa. Me parece que la Asamblea Constituyente, visto lo que está pasando con la cuarta urna, el voto marcado, sólo será posible con un plebiscito vinculante sobre la Asamblea Constituyente. Como ese plebiscito no puede convocarse hoy día, propongo una reforma constitucional el 11 de marzo para convocar, una vez en el mandato, a un plebiscito que puede ser convocado por tres vías. Si el presidente no lo convoca, el parlamento con mayoría simple podrá hacerlo, si no se trata de una reelección. Si no lo hace ninguno de los dos, el origen del plebiscito puede ser ciudadano con un porecentaje de firmas ante notario, entre otras sanas barreras de entradas.

José Antonio Gómez:

Nuestra democracia es limitada, restringe la oportunidad de decisión popular y le tiene miedo a la gente. Algunos políticos, de derecha y de la Concertación, mantienen este modelo porque les acomoda. Nosotros queremos cambiarlo y democratizar Chile. Los políticos deben desprenderse de poder y devolverlo a quienes nos lo cedieron. Por eso los plebiscitos son fundamentales. Nosotros proponemos que se conviertan en un mecanismo de consulta permanente y vinculante. Es la única forma de romper el status quo.

Roxana Miranda:

Mira, lo primero es que nosotros lo hemos dicho desde hace tiempo: hay que cambiar la Constitución para cambiar de verdad el país. Queremos una Asamblea Constituyente Social que sea un proceso que involucre a cada vecino y vecina, a cada estudiante, a cada pescador. Donde todos lleguemos a un acuerdo del tipo de país que queremos construir. Tenemos que refundar Chile desde abajo. El Art. 5° de la Constitución de Pinochet es el reflejo del equilibrio que buscan los dueños de Chile que ponen al Estado como el guardián para que nada cambie. Para nosotros las elecciones son ese plebiscito donde el pueblo debe marcar su preferencia por dejar el duopolio y avanzar en un nuevo camino.

Claudio Orrego:

No soy abogado constitucionalista pero te puedo decir lo siguiente. En Peñalolén plebiscitamos el Plan Regulador con la participación de cerca de 70 mil personas. Pero no sólo realizamos un plebiscito. También realizamos dos presupuestos participativos de manera que los vecinos pudieran participar en la toma de decisiones del presupuesto municipal. Me encantaría poder llevar estas y otras experiencias de participación local  a una escala nacional y eso es parte de lo que motiva esta candidatura.

Franco Parisi:

Los plebiscitos deben comenzar  a ser vinculantes. Hay que activar los plebiscitos locales, pues ahí es donde están los principales problemas, en el ámbito local. Hay temas de esta Constitución en lo que estoy en contra. Las concesiones a perpetuidad, el binominal es horrible, y el presidencialismo y el centralismo deben ser modificados.

*Pronto más interrogantes y respuestas

Por Bruno Sommer Catalán

El Ciudadano