El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este martes la prisión preventiva para Juan Antonio Poblete, exjuez de las Cortes de Apelaciones de Santiago y Copiapó, acusado del caso de espionaje en el Ejército, conocido como «Operación Topógrafo».
Según ADN, el exministro enfrenta cargos de interceptación de comunicaciones telefónicas privadas y falsificación de instrumento público.
Juan Antonio Poblete se encuentra siendo investigado por haber autorizado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINE) del Ejército a efectuar interceptaciones telefónicas a cuatro funcionarios: capitán Rafael Harvey, exsargento Juan Pablo Díaz, exteniente Carlos Farías Ramírez y el cabo primero Sergio Tudesca; además del periodista Mauricio Weibel.
Tanto Weibel como los ex militares habían denunciado casos de desfalco en la institución y hechos de violaciones a los derechos humanos.
Cabe recordar que el exmagistrado estuvo anteriormente en prisión preventiva, tras ser formalizado por 19 delitos: siete de falsificación de instrumento público y 12 por interceptación telefónica.
Pero fue liberado luego después presentar un recurso de amparo.
“Operación Topógrafo”
Los hechos se remontan a los años 2017 y 2018 a raíz de presuntos hechos de corrupción ocurridos al interior de la institución castrense. Durante al menos seis meses en 2017 se ejecutó la operación que habría sido precedida por la Operación W, una indagación dirigida contra Weibel, autor en 2016 del libro Traición a la patria, el que relata detalles del desfalco al interior de la institución de dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre.
El caso detonó en agosto de 2019, cuando La Tercera destapó la “Operación Topógrafo” e informó que las comunicaciones de estas cinco personas fueron interceptadas por el Ejército de forma ilegal, luego de que la Dine pidiera autorización al Poder Judicial ocultando el nombre de los verdaderos propietarios de las líneas telefónicas.
En este sentido, por ejemplo, para intervenir el teléfono del periodista Weibel, aseguraron que ese número pertenecía a una ciudadana boliviana que supuestamente recababa antecedentes estratégicos del Ejército.
De acuerdo a Ciper, del total de documentos con que la Dine solicitó autorización judicial para las 17 intervenciones telefónicas, solo uno contenía el nombre real del usuario de la línea interceptada.
Te interesa leer:
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
