Este jueves 14 de enero, la Corte de Apelaciones de Santiago desaforó al senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jaime Orpis, por su participación en el Caso Corpesca. Se le imputan al desaforado parlamentario los delitos de cohecho, lavado de activos, facilitación de boletas falsas y fraude al disco. Con esto se convierte en el primer parlamentario desaforado por financiamiento irregular de campañas, pero a la vez también revela el funcionamiento irregular de la política en la votación de una ley en particular: la Ley de Pesca (también conocida como Ley Longueira), la cual Orpis votó a favor de los intereses de Corpesca.
Por 16 votos, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió desaforar al senador Jaime Orpis por cuatro delitos: cohecho, facilitación de boletas falsas, lavado de activo y fraude al disco, en el marco del Caso Corpesca, un arista del Caso Penta-SQM que estudia el financiamiento irregular de campañas electorales, cohecho y fraude al fisco de la empresa pesquera Corpesca, controlada por el grupo Angelini, con el 77% de las acciones de la compañía. Se le acusa a Orpis el haber recibido 230 millones de pesos de dicha compañía. La acusación fue realizada por federaciones de pescadores artesanales, y ha sido llevada a cabo también por el Ministerio Público, representado por la fiscal Ximena Chong, y por el Consejo de Defensa del Estado, representado por la abogada Lupi Aguirre. De este modo, Jaime Orpis queda imposibilitado de ejercer el cargo de parlamentario, aunque aun existe la posibilidad para la defensa de Orpis de apelar dicho fallo y anularlo.
Con esto Orpis se convierte en el primer parlamentario destituido por financiamiento irregular de campañas, marcando un hito en este sentido. Pero lo que es más relevante es que también el caso de Orpis revela el primer caso en donde se puede argumentar razonablemente el condicionamiento de un voto a través de un estímulo económico, en este caso en torno a la Ley de Pesca, popularmente conocida como Ley Longueira.
En este sentido la abogada del Consejo de Defensa del Estado fue categórica al señalar que “Orpis se constituyó virtualmente en un empleado de Corpesca desde 2009 al 2013”. Fue precisamente en dicho periodo en donde se discutió y votó la actual Ley de Pesca, que le entrega a perpetuidad (bajo la figura de 20 años con renovación automática) la mayor parte de los derechos de extracción de los recursos marinos a 7 familias, agrupadas en compañías pesqueras, dentro de las cuales Corpesca es una de las más grandes e influyentes.
Gino Bavestrello, dirigente de pesadores artesanales de Corral, y presidente del consejo legislativo de la Condep (Consejo de Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile) entregó su opinión a Radio Villa Francia respecto al desafuero de Jaime Orpis. Si bien esta contento y satisfecho por la resolución tomada por la Corte de Apelaciones, considera que este es solo el inicio, “la punta del iceberg” del financiamiento irregular de campañas condicionando el voto de los parlamentarios, y que hay que perseguir a los otros que también puedan estar implicados:
“Nosotros como federación de pescadores artesanales de Corral nos querellamos contra el delincuente Orpis, hoy desaforado por cohecho, por votar y aprobar una ley, la ley 20.657 que también es conocida como Ley Longueira. Es el primero que se conoce, pero sabemos que son más los que recibieron recursos y que se trata de la punta del iceberg. Recuerden que los recursos pesqueros se repartieron en las puertas del Congreso, y no fue solo Orpis el que condicionó su voto a los recursos entregados para su campaña política, y ahora hay que perseguir a los otros.
Estamos contentos porque los delincuentes van a tener que pagar, deben ir a la cárcel. También estamos contentos porque se ingresó al parlamento un proyecto de ley con un artículo único, que solo tiene como fin anular la ley 20.657, la Ley Longueira, y que va a corregir el cohecho que los industriales pesqueros incurrieron para apropiarse de los recursos marinos”. La votación del proyecto de ley que busca anular la actual Ley de Pesca tendrá lugar el miércoles 20 de enero a las 10:00 horas en la Cámara de Diputados.
Señala asimismo que los pescadores artesanales se encuentran preparados a dar la lucha por la anulación de la Ley de Pesca, y denuncia la intención de las pesqueras industriales de llevar gente pagada al Congreso para dar la sensación de que los trabajadores pesqueros están en contra de la anulación de lo que consideran es una ley corrupta.
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