Desde Penta a Soquimich, el dominó de la corrupción

Nunca en la historia del partido surgido en los años de dictadura su máxima autoridad duró tan escasos meses, mostrando la profundidad de su crisis.  Paralelamente tuvo repercusión al interior de la Universidad Católica, ya que la generalidad de los imputados provienen de sus aulas.  Resulta conveniente recordar que esta Universidad fue activa gestora en la formación de los Chicago Boys.  En cambio, la Universidad de Los Andes donde varios de ellos actuaron posteriormente y que recibió un abultado financiamiento del grupo Penta se hizo al margen de cualquier consideración.  En otro plano mostró otros intereses económicos que podrían ser motivo de una investigación similar, como es el caso de Soquimich, controlada por Julio Ponce Lerou, que trató de impedir la entrega de nuevos antecedentes a la Fiscalía Nacional.  Hay toda una acción concertada para impedirlo que llegó incluso al Tribunal Constitucional, entrando esta institución  a una esfera que refuerza aún más su antidemocrático papel.

Durante la formalización de los primeros acusados del caso Penta ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se conocieron nuevos antecedentes de la forma de operar y la magnitud que tuvo el accionar del grupo. Los nuevos antecedentes entregados llevan a una multitud de temas, más allá de las resoluciones del juez de suyo importantes.  Se conoció de nuevas operaciones que ameritan  también ser analizadas y se constató una vez más las bajas penas establecidas en las leyes para los delitos financieros, que están presentes en muchos de los últimos escándalos registrados en el país.  Se requiere que ello sea modificado a la brevedad.

El fiscal Carlos Gajardo acusó al grupo de haberse convertido en una “máquina de defraudar al Fisco”, informando de la existencia de un millar de boletas falsas, aseverando que de no existir la prescripción se encontrarían ilícitos hasta en los años noventa. “Lo que ha habido acá, su señoría –enfatizó-, es una cultura de la evasión de este grupo económico, y desde el más alto ejecutivo, desde su controlador, hasta el último junior, todos daban boletas falsas, una cultura de la evasión”. El fiscal solicitó dejar en prisión preventiva a los controladores del grupo por haber cometido numerosos delitos tributarios, siendo acusados además de sobornos y lavado de dinero.  En cambio pidió arresto domiciliario y arraigo para Hugo Bravo y Marcos Castro, respectivamente exgerente general y excontador del holding, considerando la colaboración y antecedentes aportados a la investigación, y prisión preventiva para el fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII) Iván Álvarez, quien ya se encontraba detenido desde septiembre de 2013, que al decir del fiscal Gajardo, “tenía doble militancia trabajaba para el SII, atendía público, fiscalizaba y al mismo tiempo trabajaba para Penta”. La petición fue fundamentada en que “hay peligro para la sociedad con la libertad de estos sujetos. Hay pluralidad de delitos, gravedad de éstos, (…) hubo actuación en grupo o pandilla”. Después el fiscal Pablo  Norambuena solicitó prisión preventiva para Pablo Wagner.

El fiscal se detuvo igualmente en los aportes efectuados a campañas electorales emitiéndose boletas falsas, que implicaban menores pagos de impuestos.  Ahí apareció en la formalización la “arista política”, mencionando financiamientos para las campañas del diputado Felipe De Mussy, el candidato a senador Pablo Zalaquett, el senador Iván Moreira, el excandidato en las primarias presidenciales y a senador Laurence Golborne, el exdiputado Alberto Cardemil, la senadora Ena von Baer y el excandidato en las primarias presidenciales Andrés Velasco, además de la intermediación del exsenador Jovino Novoa. “El poder decisivo –subrayó el fiscal- es del señor Délano, las fechas en que se efectúan no son fechas para efectuar aportes. La única posibilidad es un  aporte ilícito, un aporte ilegal”.

El SII hasta el momento de la formalización no se había querellado contra quienes fueron favorecidos con los recursos generados a Penta al reducir su pago de impuestos. “Hay una inconsistencia evidente del criterio del SII –advierte Marisa Navarrete, exfuncionaria del Servicio que efectuase la denuncia del fraude al FUT-, porque si vemos la querella a Wagner, allí se les acusa a Wagner no de haber confeccionado las boletas sino de haber facilitado boletas realizadas por doña Carolina de la Cerda, pero él es que se la facilita y es quien la recibe de la empresa. Es la misma situación –advierte- que se produce con el resto de los políticos. Entonces ¿por qué en un caso así y por qué en otro caso no?” (11/03/15).

Más aún, subrayó, “otra cosa que me llama la atención es la querella del 20 de febrero del SII, en contra de Hugo Bravo, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, pues (…) quita la frase ‘contra todos los que resulten responsables’.  El SII –añadió- tiene perfectamente claro lo que significa y por eso en el 99,99% de las querellas que me tocó presentar en el SII incluíamos esa frase.  Cuando uno inicia una querella no sabe cuántas personas participaron en el delito, eso es imposible (…).  (…) el ministerio no puede investigar a  otros responsable, y a lo que me refiero en esta caso es a los políticos” (22/03/15).  ¿Qué pretende el SII al restringir su querella? ¿Tiene presente solo el caso Penta u otros que se vislumbra pueden investigarse en el futuro próximo?

El fiscal nacional, Sabas Chahuán, explicó el método utilizado por el exfuncionario del SII, Iván Álvarez, para evadir impuestos de las empresas, en particular de Penta. “Entre 2007 y 2012, Álvarez, aprovechando su experiencia en el SII –explicó- diseñó un método para defraudar al Fisco. Obtener devoluciones improcedentes, logrando beneficios tributarios”. Por este trabajo recibió de Penta $70 millones. El fiscal Carlos Gajardo, en su exposición destacó que Álvarez “actuó como un verdadero empleado de Penta” y que “las irregularidades no fueron detectadas por el SII porque las personas a cargo de fiscalizar estaban colonizadas y al servicio de Penta”.  Es decir, penetraron a la estructura de los organismos fiscalizadores para cometer sus ilícitos.  Hecho extraordinariamente grave.

“Desde 2009 –relató el fiscal Gajardo  citando un correo de mayo del año 2010 entre Álvarez y Marcos Castro en ese entonces ejecutivo de Penta-,  se estaba enviando información completa con las empresas del grupo Penta.  Acá va nuevamente –añadió- un listado adicional con 22 personas a las que les revisa el formulario 22 y las declaraciones rectificatorias” (10/03/15).  En ese listado figura el expresidente de la UDI, Ernesto Silva Méndez, y su fallecido padre, Ernesto Silva Bafalluy.  ¿Con estos antecedentes podía seguir dirigiendo un partido político? Los antecedentes que aparecían mencionándolo hicieron su permanencia en el cargo aún más insostenible. A ello se fueron agregando pronunciamientos desde el interior del propio partido. El senador Víctor Pérez, quien fuese su oponente en la candidatura para la presidencia de la UDI, habló de “una conducción equivocada (…) más preocupada del proceso judicial que de las respuestas políticas que le tenemos que dar a nuestro electorado y a la ciudadanía” (12/03/15). Otras voces fueron más directas. “Esta directiva –expresó Mario Olavarría, alcalde de Colina- no puede continuar”.

Finalmente, cuando habían transcurrido escasos días desde la adopción de las medidas cautelares y permaneciendo en el cargo de presidente menos de cuatro meses,  el periodo más breve de duración desde que se constituyó la UDI, dio el paso de presentar su renuncia. “En los últimos días –afirmó en el texto con el cual dio a conocer su determinación-, dirigentes de nuestro partido han cuestionado y afectado nuestra unidad” (12/03/15). Paralelamente, comunicó su renuncia a la vicepresidencia el senador Iván Moreira, expresamente mencionado en la “arista política” del caso Penta. No hizo lo mismo Jovino Novoa, miembro de la comisión política, cuya situación es cada vez más difícil al interior del partido, como lo evidenció la declaración pública de Evelyn Mathei de que “tiene que irse ahora de la UDI” (23/03/15).

Los esfuerzos de Silva y de la directiva de la UDI  porque todos los militantes mencionados en las denuncias efectuadas por la Fiscalía permanecieran en sus cargos no dieron resultados. Tampoco el solo anuncio de que se convocaría a un Consejo General para analizar la situación. El también vicepresidente y alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza, se pronunció porque no solo Silva. “sino que la mesa completa, pueda poner a disposición del Consejo General los cargos”. Ya antes había criticado el papel activo de dirección desempeñado por Jovino Novoa existiendo  una alta posibilidad que sea formalizado. “(…) parlamentarios que incluso forman parte de su círculo más cercano –constató La Tercera, refiriéndose a Ernesto Silva-, admiten que su lealtad al senador Jovino Novoa, profundizó un conflicto que terminó por colapsar su permanencia en la directiva” (12/03/15). El caso Penta golpeaba directamente a la conducción del partido que fue el principal receptor de recursos generados en los procedimientos denunciados por la Fiscalía Nacional.

Toda la trama que pasaba a tener estas consecuencias se puso al descubierto, explicó el fiscal Gajardo, fruto de “una investigación atípica, que se inicia con un escrito que llega el 30 de julio de 2014 por parte de un imputado prófugo de otra causa (FUT)”. Se refirió al fallecido martillero Jorge Valdivia. “A partir de esa denuncia –explicó-, la fiscalía intentó tomar declaraciones a diversas personas, pero se encontró con que cada vez que le tomaba declaración, las personas tenían algún grado de participación en los hechos (…). Lo que hay en la carpeta son declaraciones de imputados, porque los que estaban en conocimiento de todo este ardid que se armó para defraudar al Estado, participaban con mayor o menor relevancia”.

El presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, que fuese subsecretario y luego ministro de justicia en el gobierno de Sebastián Piñera, afirmó que en los hechos “hay mucho más que un cúmulo accidental de delitos.  Hay un sistema establecido en que los delitos no son obstáculos para lograr (…) fines” (06/02/15). Explicó la presencia del CDE en la formalización por la “existencia de hechos de corrupción al más alto nivel de funcionarios del SII y de altos niveles del Estado como un subsecretario (Wagner)”.  Ello –añadió- “ha mermado la confianza” de los ciudadanos fiscalizados por el servicio dado que “el mensaje que han recibido es que si son lo suficientemente poderosos y encuentran al funcionario correcto, van a poder sobornarlo para evadir la fiscalización, sino que también recibir devoluciones fraudulentas y van a poder ganar dinero incluso a costa del fisco”.  El CDE fue el único querellante que pidió prisión preventiva para todos los formalizados que mencionó sin hacer distingos si entregaron o no una colaboración sustancial.  Por su parte, el representante del SII relató que durante el año 2014 los imputados continuaron con los mismos procedimientos para burlar impuestos.

En la querella presentada por el CDE contra Hugo Bravo y Marcos Castro, se sostuvo que “deberá ser materia de investigación los motivos por los cuales la presentación de declaración de sus impuestos aparece mediada por gestiones que, realizan ejecutivos de Penta con el funcionario del SII querellado” (06/03/15). Iván Álvarez “revisaba” las declaraciones de impuestos de personeros del grupo Penta, existiendo un archivo donde aparecen personas naturales a las que les “veía” sus temas tributarios. “Son personas –agregó María Inés Horvitz, abogada del CDE- que se aprovechan de posiciones de poder, lo que queda patente en esta causa, actúan a través de mecanismos sofisticados contra la ley, todos estos mecanismos de fiscalización penal no han funcionado (…).  Se trata de obtener dinero y lucro a toda costa y se justifica con técnicas sorprendentes (…), basta analizar las declaraciones del señor Délano diciendo que Penta ha dado grandes beneficios al país (…), los carteles de la droga –comparó- también generan empleo, dinero y trabajos, su señoría “(05/03/15).

Luego de las intervenciones de los abogados defensores en la formalización, el fiscal Gajardo empleó el tiempo destinado a réplicas para desvirtuar que Délano y Lavín entregasen todos los antecedentes de las operaciones de forwards efectuadas por Penta.  Délano habló de “dos o tres forwards que hace el señor Bravo a espaldas nuestras.  La Fiscalía –agregó- investigó  a partir de esa declaración, ¿y que se encontró?  Que no eran dos o tres forwards con la empresa VSA, sino que eran cinco.  Y que esos forwards estaban firmados por el señor Délano y los hijos del señor Délano.  Y más grave, el dinero estaba depositado, parte del dinero, en una cuenta del señor Délano” (07/03/15).

Después, continuó, se abrió el tema de la relación entre Penta y sociedades de Manuel Cruzat.  El gerente de este grupo, Iván Rojas, detalló que existían “102 forwards: 3.000 millones de pesos del fraude.  ¿No sabían los señores Délano y Lavín lo que estaba pasando?”. El SII evaluaba ampliar la querella a las operaciones forward efectuadas con empresas pertenecientes al otrora poderoso grupo Cruzat a través de la sociedades CB Consultoría Proyectos S.A y Forestal Valparaíso. Se analiza unos cuarenta contratos en busca de irregularidades por ser operaciones acordadas para generar pérdidas y así disminuir la base sobre la cual se tributaba. Manuel Cruzat manifestó a la Fiscalía a mediados de febrero que no conocía estos contratos, pero explicó su operatoria.  “Los contratos de forward que estamos acompañando, yo no los conocía, no los ha visto antes (…).  Según lo que entiendo –añadió- se aseguraba una pérdida para el forward de entrada con ganancia para CB y se aseguraba una ganancia en el forward de salida con pérdida para CB. CB se queda con una comisión por este asunto”.

La historia sigue.  “Hay un décimo contrato, muy relevante –detalló el fiscal Gajardo-, que la Fiscalía solo lo incautó la semana pasada, 25 de febrero del año 2015, es de público conocimiento, está en la carpeta.  Fecha de este forward, 7 de noviembre de 2009, el pago se realiza en enero de 2010.  ¿Quiénes intervienen en este forward?: inversiones Penta III, que deposita 50 millones de pesos en CB, forward de entrada y 50 millones de salida.  ¿A qué empresa?: para administradora Bancorp S.A., domiciliada en Apoquindo 3000 piso 16.  Saquen sus propias conclusiones de qué es lo que significa este forward” (10/03/15).  El forward está firmado por Ana María Délano, hermano de Carlos Alberto, por parte de Penta y un hijo de Fabio Valdés, uno de los más estrechos amigos del expresidente, Santiago Valdés, que en esa fecha trabajaba en Bancorp.  A través de esta operación Penta proporcionaba recursos para una sociedad perteneciente a Sebastián Piñera, en pleno período  electoral. Como dijo el fiscal “saquen sus propias conclusiones”.

Es conocida la estrecha amistad entre Sebastián Piñera y Carlos Alberto Délano, que el ex presidente ha declarado que se mantiene plenamente vigente.  “Es, ha sido y seguirá siendo mi amigo –declaró Sebastián Piñera entrevistado al concurrir a la ceremonia en que se nominó a los componente del consejo asesor para elaborar propuestas en la regulación entre el dinero y la política-, nos conocimos hace más de cuarenta años en la Universidad.  (…) la amistad –agregó- es en las duras y en las maduras, yo le tengo cariño y aprecio a Carlos Alberto Délano” (11/03/15)

El juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en su resolución determinó la prisión preventiva de los controladores de Penta, así como de Pablo Wagner, Hugo Bravo, Marcos Castro e Iván Álvarez, considerando que los antecedentes expuestos en la etapa eran suficientes, representando su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad.  Para el gerente general de Inversiones Penta S.A., Manuel A. Tocornal, determinó arresto domiciliario y arraigo nacional; al exsenador Carlos Bombal se le impuso arraigo nacional y firma semanal en la comisaría más cercana a su domicilio; y al suspendido funcionario del SII, Juan Martínez, arresto domiciliario nocturno.

Diversas intervenciones hablaron de la necesidad de modificar la legislación. El tema fue planteado por el juez en su fundamentación de las medidas adoptadas poniendo como ejemplo que el robo de un automóvil tiene penas mayores que los delitos de corrupción y cohecho pasivo. “Creo –expresó, por su parte Sabas Chahuán- que las penas por delitos de corrupción tienen que aumentarse y hacerse coherentes.  No puede ser lo mismo sobornar a un empleado público y defraudar al Fisco en cientos de millones que robar una gallina” (08/03/15).   En esta realidad hay una subestimación en la práctica de los escándalos  financieros y una debilidad en el plano político para imponerles sanciones, en lo cual con seguridad influye el peso de grandes intereses económicos en la toma de decisiones.

“Lo que ocurre –manifestó Rodrigo Reyes, abogado del Departamento de Investigación de Lavado de Activos del CDE- es que hay un serio problema de proporcionalidad de las penas respecto de las conductas cometidas en los delitos económicos.  Por ejemplo –explicitó-, los delitos de soborno, cometido por un particular, y cohecho, por un empleado público, son muy graves, pero tienen penas bajas.  En cambio, en Estados Unidos, la condena por este tipo de ilícitos llegan hasta quince años, y en España, a seis años” (10/03/15).

Una semana después de la adopción de las medidas cautelares la cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago conoció las apelaciones de los imputados. Se resolvió en votación dividida la mantención en prisión preventiva de cuatro de los seis sancionados, incluyendo los controladores, Wagner e Iván Álvarez.  A Hugo Bravo y Marcos Castro se les modificó, como habían sido propuestos inicialmente por la fiscalía, a arresto domiciliario y arraigo nacional. En su alegato el fiscal Gajardo insistió en que nunca antes se habían tratado un caso con tal cantidad de delitos cometidos de forma secuencial y “nadie pensaba el nivel de relación entre los controladores de este grupo y determinados políticos”.  Por su parte, el presidente del CDE hizo mención a la posibilidad de invocar el artículo 96 del Código Penal donde se consigna que puede interrumpirse la prescripción de los ilícitos si estos continuaron repitiéndose ininterrumpidamente.  Agregando que hacerlo es una definición “que tiene que tomar el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público (…)” (16/03/15).

Inmediatamente después de la formalización de los primeros acusados los esfuerzos de la fiscalía fue intentar obtener de SQM  antecedentes de un lapso mucho más amplio que el de julio de 2009 por el que hasta ese momento solo se había querellado el SII.  La “arista” SQM nació de una boleta de honorarios emitida por una cuñada del exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner.  Este aclaró en su declaración ante la fiscalía que “yo no la solicité, se la solicitó un tercero, específicamente Ernesto Silva Bafalluy (…)”.  Su cuñada, las repartió en tres partes, agregó Wagner, “girando cheques a Ernesto Silva Bafalluy, Nora Espinoza, que es la secretaria de Joaquín Lavín, y a Cristina Bitar, que estaba participando en la campaña senatorial de Lavín” (10/03/15). En oficio enviado al SII se señaló que los antecedentes disponibles “permiten presenciar que los imputados recibieron estos ingresos justificándolas con boletas de honorarios ideológicamente falsos”.

Los intentos de ampliar la investigación hasta 2014 solicitando a Soquimich los antecedentes correspondientes fueron impugnados por Patricio Contesse González, hasta ese momento gerente general de SQM, que presentó una cautela de garantía al Octavo Juzgado, que fue desestimada, solicitando que el Ministerio Público se abstenga de solicitar más información mientras el SII no proceda a ampliar la querella. Contesse pertenece al círculo más estrecho de Julio Ponce, quien lo nominó en 1990 hace ya 25 años, gerente general de SQM. Sus vínculos son anteriores, por lo menos vienen desde 1978 en plena dictadura cuando el ex yerno de Pinochet dirigía la Corporación Nacional Forestal (Conaf). En ese período, uno y otro destacaron por “racionalizar” empresas públicas y propiciar sus privatizaciones.

Los esfuerzos de Contesse reforzaron la certidumbre de que se intentaba evitar que se conozcan determinados hechos y sus protagonistas. Enfrentado a los escándalos del caso Cascadas[1] resulta predecible que Julio Ponce intentó extender sus redes de contacto. Desde luego empezó a tener entre sus asesores de lobbista a Enrique Correa, exministro en los gobiernos de la Concertación, y nominó en el directorio de las Cascadas al abogado socialista Hernán Contreras, con anterioridad lo había hecho con Fernando Bustamante, de conocida cercanía con el expresidente Ricardo Lagos.

Los propósitos de dificultar la entrega de antecedentes en un lapso más amplio produjeron un quiebre en el directorio de SQM entre la mayoría de sus integrantes que actúan de acuerdo con Julio Ponce, entre los cuales figuran Hernán Büchi,  exministro de Hacienda durante el régimen dictatorial; el hijo de Patricio Contesse, Patricio Contesse Fica, multado por la SVS en el caso Cascada; y los empresarios Wolf von Appen y Juan Antonio Guzmán, y de otra parte los miembros del directorio nominados por la empresa canadiense Potash Corporation of Saskatchewan (PCS), poseedora de un 32% de las acciones serie A de SQM, que defendieron la propuesta de “entregar voluntariamente y a la brevedad la información requerida por el fiscal nacional” En cambio, el acuerdo de mayoría fue encargar un “informe independiente en relación con la solicitud de entregar de manera voluntaria (…) requerida por el señor Fiscal Nacional, Sabas Chahuán,  en su carta del día 6 de marzo (…)” (13/03/15). Como consecuencia de esta decisión, el director José María Eyzaguirre, designado por PCS presentó su renuncia a participar en una comisión creada por el directorio para analizar “casos de connotación púbico” que afectan a la empresa, y de lo cual forman parte además von Appen y Guzmán, que se pronunciaron por tramitar la entrega de antecedentes.  Eyzaguirre  fue  reemplazado en esa función por Hernán Büchi, quedando constituida solo por integrantes del directorio que apoyaron a Ponce Lerou.  Büchi participa en el directorio de SQM desde hace 22 años.  Fue designado en abril de 1993, poco después de perder la elección presidencial frente a Patricio Aylwin.

Finalmente, el directorio de la minera decidió no entregar la información demandada por el Ministerio Público.  Julio Ponce impuso su posición.  Es una jugada, que fuera de producir conflictos en el sector público, conduce a la conclusión que se desea ocultar información.  Su resolución fue entregársela al SII ¿Pensó que así cumplía su objetivo?  Se apoyó en un informe del abogado Gabriel Zaliasnik, defensor del acusado Roberto Guzmán, en el caso Cascadas.  Todo el embrollo llevó a que dejase su cargo  Patricio Contesse como gerente general, siendo reemplazado por Patricio de Solminihac, hermano de un exministro de Minería de Piñera.  Su salida de la gerencia general no significó que dejase de actuar en conjunto con Julio Ponce y tratar de impedir la entrega de los antecedentes a la Fiscalía.  Pocos días después el SII entregó al Ministerio Público la información demandada.

Patricio Contesse insistió en tratar de impedir la entrega de documentos al Ministerio Público. El 13 de marzo su abogado Samuel Donoso, que fuese secretario general del PPD y miembro de su tribunal supremo, planteó el tema al Tribunal Constitucional (TC), cuestionando la legalidad del requerimiento efectuado por el Fiscal Nacional para que se le proporcionaran los  antecedentes de Soquimich hasta el año 2014. Sus esfuerzos se apoyaron en la conducta seguida por el SII, que en la querella presentada contra Pablo Wagner constatara el hecho que su cuñada, María Carolina de la Cerda, confeccionó boletas entre el año 2009 y 2014, que por lo tanto requieren investigarse. Pero con posterioridad limitó la querella a lo acontecido solo a un mes del año 2009. “Es extraño –comentó Marisa Navarrete, la exjefa de la Oficina de Litigación Penal del SII – porque nunca,  en los dos años que estuve en el SII, se hizo una rectificación o una aclaración de diligencias de esa naturaleza. No corresponde porque evidentemente es el Ministerio Público el único órgano habilitado para ejercer la acción penal para investigar los delitos (…). Por lo tanto –añadió- por esa vía intentó limitar el período, por así llamarlo, pero no le obliga al Ministerio Público, por eso (…) se siente totalmente facultado para investigar a Soquimich. El SII –concluyó- está obstaculizando la investigación de la Fiscalía (…) presenta una querella amplia como corresponde, pero luego (…) limita el periodo, lo pone en duda” (14/03/15).

La segunda sala del TC acogió el requerimiento del abogado Donoso, acordando como dio a conocer el relator Rodrigo Pica “suspender el procedimiento en dicha gestión (…) respecto de audiencias, actuaciones, resoluciones y autorizaciones que se refieran a medidas intrusivas en la denominada arista Soquimich” (18/03/15).  ¿Qué implicancias tiene esta determinación de la Segunda Sala? “Lo relevante –manifestó el abogado constitucionalista Fernando Atria- es la señal que se envía para casos futuros (…) en casos como éste –explicó-, obtener una semanita vale oro, porque en una semanita uno puede dedicarse a picar papel.  (…) significa que, en el futuro, cualquiera que desee obtener una semana de tiempo podrá recurrir al Tribunal Constitucional para lograrlo.  A mí me sorprende que el TC no haya considerado la posibilidad de que esté siendo utilizado (…). Es insensato” (18/03/15).  Los fiscales habían ingresado al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago una orden para incautar material contable de SQM, la cual fue suspendida por el acuerdo del TC.

La resolución de la arista SQM la adoptaron por unanimidad sus cinco integrantes: el abogado Carlos Carmona que preside el TC, de origen democratacristiano; María Luisa Brahm, exjefa de asesores de Sebastián Piñera; Cristián Letelier, exdiputado UDI, cuyo nombre aparece en los emails del caso Penta;  Iván Aróstica, exfuncionario del gobierno de Sebastián Piñera; y Gonzalo García, que militase en la DC.  “El SII –comentó Juan Enrique Vargas, decano de la Facultad de Derecho de la UDP- no es independiente (…).  Lo más importante –recalcó-  es que tiene que haber coherencia, uno no puede ir con una tesis, y actuar de determinada forma en un caso, y en otro absolutamente similar tener una tesis totalmente distinta (…).  Si en el caso Penta el SII presentó acciones formales por boletas ideológicamente falsas debiera aplicarla en este caso también” (18/03/15).

La Fiscalía Nacional presentó un  oficio al TC solicitando la inhabilidad de Cristián Letelier para ser parte en el tema SQM por haber participado como abogado en la defensa de la secretaria de Alberto Cardemil en el caso Penta.  Pero hay más,  en la carpeta investigativa de la Fiscalía figura un email suyo del año 2013 solicitando dinero a Carlos Alberto Délano para apoyar la precandidatura presidencial de Pablo Longueira.  La arista SQM surgió a partir del caso Penta.  Temas de fondo son que el Senado lo designase para el TC y el papel abiertamente político que desempeña el organismo como otro poder del Estado, lo que revive las críticas por su antidemocrática función.  Con la presentación que se le hizo del tema SQM en los hechos se buscó reforzar aún más su incidencia en la vida nacional.

La función desempeñada por Letelier es abiertamente política, actuando en consecuencia con su militancia en la UDI.  El papel que debe explicarse es la del abogado Samuel Donoso, que es militante activo del PPD, que lo propuso a la presidenta Bachelet en las ternas que le presentó para designar ministro de Justicia y posteriormente en la nominación del intendente de Santiago. ¿Qué lo conduce a actuar en este caso? ¿Qué busca ocultar? “A diferencia de lo ocurrido con Penta, empresa que privilegió mayoritariamente la entrega de recursos a candidatos de la UDI –consignó La Tercera-, las sospechas apuntan a que SQM financió campañas de todo el espectro político (…)” (02/03/15).  El presidente del PPD, Jaime Quintana, desestimó  las formulaciones efectuadas críticas de la conducta de un militante de su partido. “No elijo –señaló- las causas que litigan los militantes abogados del PPD, así como tampoco escojo las clínicas en las que trabajan los militantes médicos.  El PPD –recalcó- es un partido de hombres y mujeres libres” (22/03/15).  Por tanto, están habilitados para hacer lo que quieran profesionalmente, aunque ello tenga una abierta connotación política.

Mientras tanto el conflicto al interior de SQM se ahondaba.  Los tres directores nominados por la canadiense PCS, el vicepresidente de SQM Wayne Brownlee y los directores José María Eyzaguirre y Alejandro Montero hicieron dejación de sus cargos.  Este último es el máximo ejecutivo en Chile del grupo financiero brasileño BTG Pactual. “El Ministerio Público de Chile –señaló Potash Corp. en un comunicado-  ha hecho graves acusaciones de irregularidades cometidas por SQM y su gestión. Potash Corp y sus representantes en el directorio de SQM han demandado una investigación exhaustiva, transparente e independiente (…).  El directorio de SQM no ha autorizado una revisión que cumpla con los estándares que esperamos (…).  Ha quedado claro que, dada nuestra posición minoritaria y disidente en el directorio, no podemos garantizar que se lleve a cabo una investigación adecuada  o que SQM colabore efectivamente con el Ministerio Público” (16/03/15). Potash Corp debe cumplir con la estricta Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero” vigente en Canadá desde 1977.  Ello intensifica la rigurosidad con que actúa. SQM es emisor de ADRs en EE.UU., país que también tiene estrictas normas anticorrupción, sancionando en particular pagos indebidos a personas con funciones públicas.

En EE.UU. dos estudios de abogados presentaron demandas en la Corte Distrital del Distrito Sur de Nueva York fundamentándolos en que SQM proporcionó información engañosa u omitió antecedentes en relación a las actuaciones de la empresa.  Por eso cuando se conocieron las denuncias efectuadas en Chile, manifiestan los textos,  “los inversionistas sufrieron pérdidas”, dado que “los estados de resultados de Sociedad Química y Minera eran materialmente falsos y engañosos en todos los momentos relevantes” (21/03/15).  Los ADRs poseen un 23% de la empresa.  Otro 4,7% está en poder de las AFP, que como es conocido son también controladas mayoritariamente por capitales extranjeros.  El Bank of New York Mellon es el custodio de las acciones de SQM emitidas en EEUU.  De acuerdo a sus antecedentes un 13,4% de los títulos estaban en poder de SailingStone Capital y un 4,4%  del centenario banco de inversiones escoces Baillie Gifford & Co.  Los tenedores de ADRs y las AFP nominaron en el directorio de SQM a Juan Antonio Guzmán, que en el momento del quiebre actuó siempre junto a Julio Ponce.

La capitalización bursátil de SQM cayó inmediatamente.  Ya en el año 2014, se había reducido a US$6.390 millones, un 42,3%  inferior a  dos años antes.  Al producirse el quiebre en el directorio disminuyó nuevamente a US$5.794 millones.  Este es uno de los antecedentes tenidos en consideración en las querellas presentadas en EEUU.  Se generó inmediatamente un problema adicional ya que créditos obtenidos por SQM tienen garantías en accione de las cadenas de empresas del holding.

Las repercusiones del caso Penta han sido múltiples.  Otra de ellas se expresó en los esfuerzos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que tuviese un activo papel en la formación de “Chicago boys”, por desvincularse de sus exalumnos. Los controladores de Penta, así como Pablo Wagner y Manuel Cruzat, investigado por las operaciones forwards efectuadas, fueron formados en ese centro de estudios.  La primera reacción pública provino del decano de la Facultad, José Miguel Sánchez, al declarar que los exestudiantes de ella vinculados con el caso “enlodan la reputación de miles de ingenieros”. En carta a El Mercurio expresó que “con profunda preocupación hemos visto en el último tiempo que algunos ingenieros comerciales de la PUC aparecen haciendo noticia por su participación en actos reñidos con la ética y que además constituyen delitos. (…) como Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la PUC –destacó- rechazamos este tipo de conductas” (14/03/15).

El rector de la UC, Ignacio Sánchez, también se vio en la necesidad de pronunciarse durante la ceremonia en que inició su segundo periodo al frente de la Universidad, “condenando los actos que infringen la ética y la legalidad”. Recalcando que los exestudiantes formalizados o investigados constituyen “un grupo muy reducido de exalumnos de hace cincuenta años, que nunca más siguieron en contacto con nuestra universidad, y otros que pasaron hace quince o veinte años” (14/03/15).

La otra universidad tocada por el caso Penta es la de Los Andes, donde no se registró ningún análisis autocrítico. “La responsabilidad en delitos -manifestó Claudio Lucarelli, su decano de Economía– es de las personas, no de las instituciones, tanto en las que trabajan como las que los formaron. Si alguien argumenta que la justificación para lo que hicieron es la maximización de utilidades que se les enseñó en la Universidad quiere decir que no entendieron nada” (16/03/15). Ni siquiera una referencia al papel activo desempeñado en la Universidad por quienes están siendo juzgados por el caso Penta. Y mucho menos a los aportes financieros que le hicieron.

HUGO FAZIO

[1] Véase, El Mundo del 1%, 01% y 0,01%. Editorial Usach 2014, págs. 193-218.