Despenalización del consumo de marihuana: “Es prioritariamente un problema de salud pública”

Diputados, en conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), llevaron a cabo la evaluación de la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. La norma fue declarada de manera unánime por el comité evaluador y las organizaciones participantes como una medida insuficiente ante las actuales necesidades y demandas de la ciudadanía.

El problema más notorio que padece la sociedad chilena, respecto de la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, dice relación con las disposiciones y sanciones que contempla desde que fue promulgada en el 2005. La norma pretendía robustecer y hacer aplicables las sanciones a todos los participantes del hecho penal, reduciendo la oferta y la demanda, para luego rehabilitar a los consumidores.

Sin embargo, uno de los mayores problemas que presentó fue su rigidez, ya que no distingue entre el consumo personal público de drogas y el porte de pequeñas cantidades, además de una falta en la distinción de micro y tráfico de droga y de la posibilidad de contemplar el cultivo de cannabis sativa como una sustancia medicinal.

Ante esto, Pablo Lorenzini, presidente del Comité de Diputados para la Evaluación de la Ley/OCDE, fue enfático en declarar que la ley es insuficiente, ya que no hay criterios claros que regulen el consumo.

“Hoy es insuficiente y permite que los jueces, por ejemplo, tengan una amplitud para decidir con criterios propios. Esta confusión favorece al narcotráfico y castiga al microtráfico si es que lo vamos a aceptar, no estoy diciendo que lo vayamos a legalizar, pero es un debate que hay que hacer. A lo mejor Uruguay es un extremo, pero tampoco podemos quedarnos mirando hacia el cielo. La ciudadanía quiere el debate, estas son leyes prácticas, como se ha probado aquí, en el país son cientos de miles los que tienen alguna conexión con drogas duras o con drogas suaves”, expresó.

Debido a la imprecisión, la ley genera más de 85 mil detenidos (sólo durante el año pasado), cifra que representa un 55 por ciento de todos los detenidos del país y en la cual no se hace distinción de un consumidor “paciente” o delincuente.

Por su parte, Paulo Egenau, director ejecutivo de la Fundación Paréntesis que participó en la evaluación, indicó que es importante realizar un cambio de paradigma, ubicando el consumo en el ámbito de salud por sobre el judicial.

“Planteamos la necesaria despenalización del consumo, lo que significa obligar al país y a todos los sectores involucrados a generar las instancias para, con responsabilidad, mirar seriamente el tema desde una perspectiva social. El tenerlo capturado en lo penal, de alguna forma es una suerte de escondite. Es decir, eso es un problema del ministerio del Interior, no es un problema de salud, no es un problema de educación y la verdad es que sí lo es. Es prioritariamente un problema de salud. Pero la única forma real de colocarlo ahí es sacarlo del dominio de lo penal, para que la retórica cambie”, afirmó.

Ante esto, Francisca Florenzano, directora del Servicio Nacional de Drogas y Alcohol (SENDA), recalcó que “necesitamos un ministerio de salud más involucrado” en el cual se generen tratamientos adecuados, ya que “la abstinencia no es el único fin terapéutico”.

En el artículo 50 se deja en claro que el consumo médico está expresamente permitido. Sin embargo, prohíbe que un médico pueda recetar o un paciente adquirir un medicamento que contenga el principio activo del cannabis, sin considerar tampoco a quienes deseen consumir sin necesidad médica o terapéutica.

Asimismo, Claudio Venegas, coordinador general de revista Cáñamo, indicó que los grandes problemas de la ley radican en que no contempla a quienes hacen uso personal de la marihuana y que por tanto no califican de “personas enfermas”, por lo que hace falta una política de salud sostenible.

“La ley requiere de modificaciones más que cosméticas, muy muy de fondo, porque el nivel de paradoja y contradicción e incluso vulneraciones a derechos constitucionales hasta de esta Constitución es extremadamente grande. Así como la inmensa mayoría de los chilenos no hace uso de drogas ilegalizadas, quienes sí lo hacen no son enfermos. No hablamos solamente de salud, sino de algo mucho más grande que es la salud pública. De prevención, de tratamiento, de autocuidado, de autoregulación. También de libertades”, señaló.

Cabe señalar que según el SENDA el 68,4 por ciento de las personas encuestadas se manifiesta partidario del uso de la marihuana con fines terapéuticos, mientras que el Centro de Estudios Públicos (CEP) afirma que un 40 por ciento quiere legalizar y la encuesta Adimark revela que el 45 por ciento considera nada grave fumar marihuana.

Lo anterior evidencia que el estudio del comité, en conjunto a la participación de organizaciones más la percepción de la ciudadanía, es un primer paso para ampliar el debate nacional y generar los cambios que se necesitan.

Fuente: Radio y Diario U.de Chile