Dictadura de Áñez contabiliza más de 1.000 violaciones de DD. HH. en Bolivia

El pasado 10 de noviembre se gestó en Bolivia un golpe de Estado contra el presidente constitucional recién reelecto, Evo Morales, quien fue obligado a renunciar -bajo amenaza de muerte- luego de que un grupo ultracatólico de extrema derecha se alió con la embajada de Estados Unidos y una cúpula de la Policía para sacar al líder indígena de la jefatura de Estado.

Desde entonces, el vacío de Poder generado tras la salida intempestiva de Morales, así como del vicepresidente, Álvaro García Linera, generó una persecución contra todo lo que representara o se acercara al Socialismo que imperaba en el país, al estilo de los tiempos de la inquisición, cuando el odio y el racismo eran la principal fuente para perpetrar asesinatos, torturas y vandalismo, bajo el amparo del fundamentalismo religioso y en el nombre de «Dios».

Así llegó a imponerse una dictadura de facto que es encabezada por la también ultracatólica, aporofóbica y xenófoba, Jeanine Áñez, una mujer que detesta a los pueblos indígenas, los tilda de satánicos, ignorantes y brujos.

Añéz, auspiciada por la extrema derecha boliviana que cuenta con el respaldo económico del empresario separatista de Santa Cruz Luis Fernando «facho» Camacho, el excandidato presidencial perdedor Carlos de Mesa y la directiva de la Policía, ha impuesto una dictadura salvaje que persigue y desaparece a toda aquella persona que denuncie sus arbitrariedades y que se manifieste en su contra, así como también a quienes exigen el retorno del orden constitucional y la democracia al país andino, que hasta hace poco era el que mejor números de crecimiento y estabilidad económica tenía el continente americano.

Las arbitrariedades y la violencia desatadas por la dictadura de Áñez, y controlada por la extrema derecha, han recibido señalamientos de distintas organizaciones que velan por el respeto de los derechos humanos.

Parlasur constató las violaciones en Bolivia

Al respecto, una delegación del Parlamento del Mercosur (Parlasur) constató que desde que se instaló la dictadura en Bolivia, han sido perseguidas, torturadas y asesinadas al menos 32 personas.

Todas estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Gobierno de facto, fueron reveladas por el Parlasur tras hacer una visita al país andino, que vive en extrema zozobra y practicamente sin ley.

En una sesión del Parlasur, con sede en Montevideo, Uruguay, la titular de la comisión de Derechos Humanos, Cecilia Merchán, divulgó el informe de las actividades realizadas por la comisión durante su estancia en Bolivia.

«La delegación de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos concretó una nutrida agenda durante los días 27 y 28 de noviembre de 2019 en territorio del Estado Plurinacional de Bolivia luego de los sucesos que se constituyeron como un golpe cívico-militar y de acuerdo al mandato aprobado en la Declaración 64/2019 por el pleno del Parlamento del Mercosur», detalló la diputada.

Merchán acotó que sostuvieron reuniones con todos los bloques políticos, con organizaciones defensoras de los derechos humanos, con la Defensoría del Pueblo, que fue la que recibió la mayor cantidad de denuncias, y mantuvieron contacto directo con los testimonios de las víctimas.

«Hemos constatado el asesinato de 32 personas con armas de calibre grueso, más de 800 personas heridas, entre ellas una niña. Ha habido detenciones arbitrarias, así como quema de casas, torturas y vejaciones públicas», indicó Merchán sobre los casos de violación a los derechos humanos

Poder Judicial no garantiza el derecho a la vida

Además, el informe presentado por el Parlasur añade que el Poder Judicial de Bolivia no garantizó «ni garantiza los más elementales derechos a la vida y a la integridad física en Bolivia en estos momentos, sigue habiendo de las más de mil personas detenidas, 55 que no tienen defensa ni el debido proceso».

Al respecto, Merchán apuntó que la comunidad internacional debe «exigir una ley de garantías constitucionales para que todos y todas las personas puedan participar en el proceso de reestructuración, de reinicio de una vida democrática».

De igual formal, la parlamentaria solicitó que exista la presencia de organismos internacionales que puedan velar por el correcto desarrollo del próximo proceso electoral en Bolivia.

En ese sentido, otro organismo de carácter internacional como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), denunció que tras el golpe de Estado contra Evo Morales, se ha desatado un genocidio en Bolivia.

Esta nueva denuncia contra los gobernantes de facto de Bolivia se presentó en la Justicia Federal Argentina.

La APDH, patrocinada por un grupo de abogados especialistas en causas por crímenes de lesa humanidad, se constituyó como querellante para acusar por genocidio a la autoproclamada «presidenta» Jeanine Añez y a poco más de una docena de funcionarios que la acompañan desde el golpe de Estado del 10 de noviembre.

Dentro de lo que le permite la jurisdicción internacional, la APDH aportó prueba documental (más de un centenar de comunicaciones oficiales, videos, audios y artículos periodísticos) para respaldar su escrito de 24 carillas que firmaron letrados del Colectivo Nacional Mario Bosch. El grupo homenajea con ese nombre al penalista chaqueño y militante de derechos humanos fallecido en noviembre de 2016.

La denuncia es la tercera que se presenta en Argentina desde que se produjo el derrocamiento del expresidente Evo Morales, quien hubiera finalizado su mandato el 22 de enero próximo.

La primera quedó radicada el 22 de noviembre en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría y fue “por crímenes perpetrados en Bolivia contra argentinos y bolivianos con documentación argentina”.

La denuncia la realizaron Daniel Segovia, del Consejo de Política Indígena de Argentina y el diputado boliviano Víctor Gutiérrez junto a organismos de DD. HH. como Madres de Plaza de Mayo. El fiscal Guillermo Marijuan la desestimó con la rapidez de un rayo y la magistrada la archivó.

La segunda querella avanza en la Justicia Federal de Córdoba desde el 29 de noviembre y la impulsó el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos.

Tercera denuncia en Argentina contra Áñez

Ahora, la APDH acaba de formalizar la tercera querella, que recayó en el Juzgado 8 a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi y que analizará el fiscal Carlos Rívolo.

En el texto que se presentó en los Tribunales de Comodoro Py, la APDH promueve la denuncia «por los delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos por las autoridades de facto que asumieron el control político en el Estado Plurinacionl de Bolivia a partir del 10 de noviembre del corriente año».

Firman como querellantes María Elena Nadeo, Gisela Cardozo y Norma Ríos por el organismo de Derechos Humanos con el patrocinio de los abogados Eduardo Tavani y Roberto Martínez.

Las imputaciones van contra Añez, el designado ministro de Gobierno, Arturo Murillo, su par de Comunicación, Roxana Lizarraga (quien amenazó a periodistas extranjeros con detenerlos por sedición), otros siete integrantes del gabinete, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa Guisbert, el ex comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman Romero, y su sucesor Sergio Carlos Orellana Centellas, más otros jefes militares, policiales y civiles que actuaron antes y después del golpe.

El argumento de la denuncia se fundamenta en el asesinato de 34 personas, varias de ellas en masacres como las de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) y más de 1.000 heridos, varios centenares de detenidos ilegalmente, torturados, mujeres violadas y decenas de personas asiladas en embajadas sin posibilidades de salir al exilio, todas bajo el régimen dictatorial de Áñez.

Para la APDH, los hechos que denunció configuran «la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier otro acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional en concordancia con el artículo 7 inciso H del Estatuto de Roma».

La presentación también señala que como Argentina no ha reconocido al régimen de Añez y los denunciados encabezan el gobierno de facto o participan del mismo, se solicita «la detención de todos ellos con carácter de urgente – según los tratados que rigen la materia – para que puedan ser extraditados y juzgados en nuestro país».

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