La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados votó el miércoles 6 de abril de 2016 casi en forma unánime a favor de la idea de legislar la moción parlamentaria presentada por la UDI para modificar la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad Interior del Estado.
En dicha instancia fui el único parlamentario de los presentes que votó en contra de la mencionada iniciativa, porque a mi juicio solo busca criminalizar la lucha del pueblo mapuche y encubrir, bajo dicho propósito, el pretexto de modernizar la legislación antiterrorista creada durante la dictadura.
Los orígenes de la legislación antiterrorista en Chile datan de la dictadura cívico- militar la que, hasta hoy, ha sido utilizada para la criminalización de la protesta, consagrar abusos del Estado y fomentar la histeria policial en contra de ciudadanos y ciudadanas que hacen uso del pleno derecho a manifestar su descontento.
La creciente escalada del conflicto político-territorial en La Araucanía es resultado de años de exclusión, pobreza, represión y asesinato en el que las víctimas mayoritarias por parte de agentes de los órganos de seguridad del Estado han sido miembros del pueblo mapuche, quienes históricamente han luchado en contra de la propiedad privada mal habida.
A partir de los hechos del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU. se reforzó, en todo el mundo occidental, la idea del derecho penal del enemigo en contra de manifestantes y activistas antisistema. El concepto de lucha antiterrorista se ensanchó infamemente bajo una legislación excepcional y legitimando medidas preventivas que han vulnerado y precarizado los derechos civiles, políticos y las libertades democráticas.
En la aprobación de la idea de legislar del mencionado proyecto Nº 10460-25, que tiene por objeto fortalecer la investigación de delitos terroristas y de aquellos que afecten la seguridad del Estado, se ha dado como fundamento los hechos ocurridos en la Región de la Araucanía y se ha especificado como objeto de la moción perseguir a aquellos que han cometido ilícitos penales en la Araucanía.
El proyecto en cuestión, busca facilitar la recolección de información mediante agentes encubiertos, a los cuales se les exime de responsabilidad criminal en la perpetración de delitos, repone la idea de los fiscales ad-hoc y el secreto de sumario, además, permite la investigación fuera del territorio nacional. Todo lo anterior, bajo el pretexto que los mecanismos estipulados en la legislación penal actual son insuficientes y que la labor preventiva de las policías se encuentra limitada.
Resulta reprochable que se pretenda hacer ley de la república restricciones a las libertades democráticas en pos de un interés que procura atender, de mala manera, un recurrente problema político, social, cultural y territorial, arrastrado por decenas de años, en una zona particular del sur del país.
Si bien en Chile no existe terrorismo, tampoco podemos negarnos a su eventual futura existencia. Efectivamente el país necesita dotarse de un conjunto normativo que remplace la legislación de la dictadura y no que la refuerce en base al sesgo ideológico. Chile y su ciudadanía requieren de una legislación verdaderamente moderna y democrática, que responda al nuevo contexto histórico global basado en el pleno respeto al derecho internacional de los derechos humanos y cuyo objeto sea la persecución del crimen organizado nacional y transnacional, que de acuerdo a lo estipulado por la ONU y el Sistema Interamericano son: tráfico de personas, tráfico de armas, narcotráfico y terrorismo internacional.
Es importante denunciar la maniobra que tiene en curso la derecha, ya que mediante el mencionado proyecto busca criminalizar la lucha histórica del pueblo Mapuche, pero a través de la agenda corta anti delincuencia intenta obtener la impunidad para los terroristas de Estado mayores de 75 años que hoy cumplen condena por violaciones a los derechos humanos.
Dicho esto, en la actualidad podemos declarar con toda seguridad que en la Araucanía no existe terrorismo, más allá de hechos particulares mediatizados como de connotación pública, por lo que no requerimos del fortalecimiento de una política de seguridad creada en dictadura, sino, por el contario, la región de la Araucanía requiere que se haga justicia tanto para los afectados de los hechos delictivos, como para las exigencias del pueblo mapuche.
Por Hugo Gutiérrez Gálvez
Diputado de la República.
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