Hasta el 4º Juzgado de Garantía de Santiago llegó el diputado Hugo Gutiérrez (PC), para presentar una querella por el delito de cohecho contra la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe.
«Tengo los antecedentes que constan en la carpeta investigativa y, en consecuencia, me parece que hay indicios suficientes para investigar un eventual delito de cohecho cometido por la senadora Van Rysselberghe. Entre ellos, contamos con los múltiples correos entre Luis Felipe Moncada y la senadora, donde evidentemente se le orienta sobre la forma de votar en proyectos de ley que sin duda beneficiaban a los industriales pesqueros», señaló el diputado Gutiérrez en conversación con El Ciudadano.
En específico, el parlamentario se refiere al intercambio de correos electrónicos entre la senadora por el Biobío y Moncada, entonces presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) de la región.
El portal informativo Ciper dio cuenta de las instrucciones que Moncada enviaba a Van Rysselberghe mientras se tramitaba la controvertida Ley de Pesca. «Coca: El proyecto de pesca con línea de mano de jurel para los artesanales, fuera de la cuota global anual, será aprobado en la sala de la Cámara de Diputados y luego irá al Senado. Este tiene los inconvenientes que se indican abajo», fue uno de los correos dirigidos a la presidenta de la UDI en junio de 2014, mientras presidía la Comisión de Pesca del Senado.
A su vez, la parlamentaria le envió otro correo preguntándole directamente cómo proceder en la discusión de la iniciativa. «Aparentemente están incorporadas todas las indicaciones que nos importaban. De todas maneras pedí aumento de plazo de indicaciones hasta el 15. ¿Crees que es necesario presentar además la indicación que me mandaste?», se lee en una de las comunicaciones reveladas por Ciper.
La fluidez del diálogo termina por quedar de manifiesto con la réplica de Moncada, en la cual le indica a la senadora Van Rysselberghe que «vienen solo cuatro indicaciones en el correo de la Subpesca. Las necesito todas, entiendo son más de 20, para darte opinión de c/u. Sugiero presentar todas las indicaciones que te envié y luego las negocias. Te remitiré esta noche un ordenamiento de cada una, esto es, qué representan y por qué se presentan en cada caso».
En diálogo con este medio, el diputado Gutiérrez añadió que la acción ante tribunales también obedece a las revelaciones hechas por Joel Chávez, ex militante UDI que trabajó por 16 años en política junto a la familia Van Rysselberghe.
En diciembre de 2016, Chávez concedió una entrevista a El Mostrador donde admite que «era hombre de maletín mensajero». A dicho portal de noticias relató que «era el administrador de ella, me dice que vamos a tener que pedir unas facturas ‘para poder justificar gastos, ya que nos faltan como 50 millones, así que tú tienes que darme una’, y me nombró a otras personas para que pudiéramos generar estas boletas para poder justificar gastos y, posteriormente, la devolución del dinero».
Los aportes reservados y la Ley de Pesca
A los antecedentes que fundamentan la querella del diputado Gutiérrez se añade la revelación de los aportes reservados que las empresas pesqueras realizaron a 35 políticos del duopolio entre 2009 y 2013.
En esta repartición, Van Rysselberghe se anotó con $17 millones para su campaña senatorial de 2013. Recibió $5 millones de parte de Camanchaca Pesca Sur S.A., $10 millones provenientes de Pesquera Itata S.A. y $2 millones de Landes S.A.
Con estos antecedentes vale la pena preguntarse si luego de las determinaciones de la justicia puede generarse un cambio radical a la Ley de Pesca. Hugo Gutiérrez piensa que «los antecedentes que ya constan en la carpeta investigativa son suficiente indicio para investigar la responsabilidad penal de la senadora y también proporcionan antecedentes sobre cómo el poder corruptivo de ciertas empresas pesqueras ha actuado de manera directa sobre el comportamiento de los parlamentarios».
Jacqueline van Rysselberghe.
El congresista por Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Iquique, Pica y Pozo Almonte agrega que las informaciones recopiladas «llevan a cuestionar toda la legislación que se ha obtenido en los últimos años, porque es obvio que hay un compromiso de parte de parlamentarios de votar de la forma que los industriales pesqueros han solicitado».
El diputado aprovechó de referirse también a los cuestionamientos que ha enfrentado desde la derecha, puesto que junto con formar parte de la investigación por el caso Corpesca, Gutiérrez también ha solicitado a la Justicia un pronunciamiento por las inversiones de Sebastián Piñera en Exalmar y su relación con el proyecto minero Dominga.
«Me tienen sin cuidado los argumentos de la derecha. Lo único que puedo decir es que aquí todos estamos construyendo una democracia, estamos en Estado de Derecho, somos todos iguales ante la ley y ante los Tribunales de Justicia. En consecuencia, nadie puede pretender alzarse por sobre una investigación de un eventual ilícito. Nadie puede esgrimir poder económico o político para evitar la debida investigación que debe realizar el Ministerio Público», afirmó a El Ciudadano.
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