Diputado Leonardo Soto (PS): «Es probable que hayan jubilazos más altos en el Ejército»

Durante el pasado jueves, el diputado Leonardo Soto (PS), quien preside la comisión investigadora de la Cámara de las pensiones millonarias en Dipreca y Capredrena, sumó una nueva arista a la serie de denuncias que desde hace un tiempo se vinculan al funcionar del Ejército. El parlamentario dio indicios de eventuales irregularidades con el objetivo de abultar las jubilaciones en dichos sistemas previsionales.

En entrevista con El Ciudadano, Soto profundizó los cuestionamientos que vuelven a vincular a las Fuerzas Armadas con un posible sistema de corrupción y privilegios para los familiares de los altos mandos castrenses.

¿Cómo nace la idea de extender el trabajo de la comisión investigadora -en un principio, dedicada al estudio de lo ocurrido en Gendarmería- a las jubilaciones del Ejército?

Así como en Gendarmería de Chile existen muchos casos de pensiones millonarias que se han entregado de manera irregular, a través de manipular las condiciones de sueldos de los gendarmes, aumentándolos para tener una pensión idéntica una vez que jubilan de manera vitalicia.

La idea de extender esta investigación a las Fuerzas Armadas parte de la base de que es el mismo sistema previsional de Gendarmería, por lo tanto, los problemas y espacios para vulneración, abuso y defraudación que existen en Gendarmería también existen dentro de las Fuerzas Armadas. Es más, a partir de una pequeña investigación que inicié yo el otro día, con el objetivo de anticipar el trabajo de la comisión, ya hemos detectado los mismos abusos e incluso más graves. Yo diría, por ejemplo, que en términos de pensiones millonarias, es probable que hayan pensiones más altas, jubilazos más altos, en el Ejército. Y eso lo vamos a detectar una vez que comencemos la investigación.

Usted ya advirtió de algunas vinculaciones familiares en estas pensiones de privilegio, específicamente con los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Así es. Hace un mes atrás pedí un oficio a Capredena, que es la entidad que administra las pensiones de las Fuerzas Armadas, con la información de todas las pensiones que se entregan sobre 60 UF, que es tope legal, de aproximadamente 1 millón 700 mil pesos. Inexplicablemente Capredena me entregó una información muy limitada, insuficiente, sólo sobre funcionarios civiles. Y no me entregó la información amplia que yo pedía sobre todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en este informe bien acotado que sólo abarca a 36 personas, detectamos casos gravísimos que abarcan abusos injustificables para todos los ciudadanos.

Por ejemplo, hay dos casos: una señora llamada María Verónica Forestier, que es cuñada del ex comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, goza de una pensión de más de 3 millones de pesos, siendo que su sueldo base, el que percibía mientras estaba en el Ejército, no superaba los 100 mil pesos. En la investigación tenemos que ver cómo el sistema lo permite o qué influencias pudo haber para que esa pensión que tenía ella se transformara en una jubilación vitalicia por más de 3 millones de pesos.

Otro caso es el de la señora Patricia Ewing Pinochet, que es familiar de un general vinculado incluso a violaciones de los derechos humanos, quien tiene una pensión absolutamente desproporcionada y que no guarda ninguna relación con las pensiones que se pagan en el sistema de AFP e incluso en el mismos sistema del Ejército. Es una pensión de casi 5 millones de pesos para una civil, abogada, que administraba el sistema previsional y que es más alta que la de un comandante en Jefe.

En consecuencia, hay varios indicios que nos indican claramente que hay muchos abusos y adulteraciones de pensiones en las Fuerzas Armadas y que amerita una investigación completa para determinar sus responsabilidades y aplicarles el máximo de la sanción de la ley.

¿Por qué cree que la oposición pedía centrar esta investigación sólo en Gendarmería y no en el Ejército?

Así lo quería la derecha. Ellos hicieron una petición de formar una comisión que abordara específicamente las pensiones de Gendarmería, pero solo en los últimos dos años, o sea, durante el gobierno de Bachelet. Nosotros creemos que debemos investigarlo, pero con una mirada más amplia, por eso propusimos investigar a Gendarmería desde el año 98 en adelante. Son más de 10 años. También extendimos al resto de las Fuerzas Armadas y los espacios complementarios del Ejército donde también existen los mismos abusos que en Gendarmería. Hubo un intento de limitar y ocultar información, pero los hechos han develado que es necesario hacer una investigación profunda.

¿Qué opina de los cuestionamientos que se suman en un contexto de conocimiento previo de otros casos de corrupción en el Ejército? Por ejemplo, lo que ocurre con los recursos de la Ley Reservada del Cobre, donde ya existe investigación curso. ¿Abre esto una nueva arista de investigación en el mismo plano?

En buena hora que sea así. En democracia ninguna institución puede sentirse al margen de la ley y de la transparencia que todas las instituciones deben tener. Por años el Ejército logró mantener ocultas numerosas transacciones que se daban, como la contratación de funcionarios vinculados a violación de derechos humanos, pero ya es bueno que la transparencia, que es un principio de toda sociedad democrática, llegue a todas partes. Espero que en la comisión podamos hacer un trabajo profundo que saque a la luz todos los abusos que pueden existir en el sistema previsional que ellos tienen. No hay nada más dañino para un sistema que los abusos que se cometen cuando hay opacidad y en las Fuerzas Armadas existió mucho de ello.