En pleno «Caso Audios» ha reflotado la idea de levantar el secreto bancario, idea promocionada por el diputado Luis Malla, quien fue uno de los primeros en poner en la palestra este tema, a través de un proyecto de resolución que tiene por objetivo, detectar de la manera más eficaz posibles conflictos de interés, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, cohecho o cualquier otro tipo de conducta irregular que afecte negativamente la confianza en las instituciones.
A raíz del «Caso Audios«, que dejó al descubierto las poderosas redes de influencia que el abogado Luis Hermosilla mantenía con importantes actores del mundo político, judicial y empresarial de nuestro país, el parlamentario, quien se ha sumado a la presentación de una acusación constitucional, desde el oficialismo, en contra de la jueza de la Corte Suprema Ángela Vivanco y evaluando una acción judicial en contra del ministro Jean Pierre Matus, afirma que esta herramienta permitiría tener mayor transparencia y control de los nexos entre política y platas ilícitas.
“Hoy más que nunca es extremadamente relevante entregar un mensaje claro a la sociedad en su conjunto de que las autoridades están comprometidas con la justicia y el cumplimiento de la ley, sin importar el estatus o la posición en la sociedad que se ostente. El daño que le ha hecho este caso a la institucionalidad en general y a la confianza de las personas es desorbitante”, explicó Malla.
En concreto, el proyecto propuesto por el diputado propone que las entidades fiscalizadoras, como la Unidad de Análisis Financiero y el Servicio de Impuesto Internos tengan la facultad de supervigilar las transacciones de las autoridades de modo permanente y que en caso de algún tipo de transparencia extraña, se pueda investigar inmediatamente sin esperar un proceso de judicialización.
Esto incluye a todas las autoridades del país, civiles y militares, sin excepción. Desde las locales hasta el Presidente de la República. Lo que abarca diputados, senadores, jueces, ministros, alcaldes, gobernadores y altos mando de las Fuerzas Armadas, entre otros.
El secreto bancario es una práctica común en muchos países del mundo, incluyendo Chile. Consiste en la obligación de los bancos de mantener la confidencialidad de la información financiera de sus clientes, incluyendo detalles de sus cuentas bancarias y transacciones.
El secreto bancario, si bien ha sido una herramienta útil para garantizar la privacidad financiera de los individuos, también ha sido herramienta para el abuso en ciertos casos. La prohibición de acceso irrestricto a información financiera puede ser utilizado para fines ilícitos y servir como un escudo para aquellos que desean ocultar actividades fraudulentas o evadir responsabilidades legales.
Por tanto, el mencionado proyecto propone modificar la legislación vigente con el objetivo de permitir el levantamiento del secreto bancario de todas las autoridades electas y designadas, tales como legisladores, jueces, ministros, alcaldes, gobernadores y altos cargos del Estado en general, sean civiles, policiales o militares.
La aplicación de esta medida sería un paso significativo hacia la transparencia y la rendición de cuentas, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en sus representantes y en las instituciones que nos gobiernan.
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