Diputado Robles (PRSD) “La profesión mejor pagada del Estado debiera ser la de Educadora de Párvulos”

En la previa del ingreso de la reforma a la educación superior que el Ejecutivo tramitará en el Parlamento durante los próximos meses, el pasado 1 de junio, 170 estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile presentaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, conminando al gobierno de la Presidenta Bachelet a dar cumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU), mediante el cual el Estado se comprometió en 1989 a implementar de manera gradual y progresiva la gratuidad de la educación superior estatal, compromiso que ningún gobierno ha cumplido.

Lo insólito de estos días, no es que haya sido el mismísimo Pinochet quien, un año antes del término de la dictadura, ratificara dicho Pacto –reconociendo de paso el carácter de derecho humano de la educación–, sino que la mayor parte de los parlamentarios en ejercicio, hoy ignora la existencia de ese documento, mientras que algunos le restan validez u omiten su estatus jurídico, sosteniendo que “los Pactos no son lo mismo que los Tratados”, como sostuvo un destacado senador y abogado PPD, para quien “los Pactos tienen un rango inferior a los Tratados”, y en consecuencia, “da lo mismo lo que digan”.

Una verdadera paradoja, toda vez que un violador de los derechos humanos, como Augusto Pinochet, acaba reconociendo en 1989 el derecho humano a la educación, mientras que la misma democracia que lo sacó del poder, durante los últimos 26 años ha violado ese derecho, planteando el acceso a la educación superior desde el paradigma del beneficio discrecional, mediante la instauración de un sistema de becas y créditos, que poco y nada tiene que ver con la obligación del Estado de cautelar el acceso universal a la educación superior, independiente de la condición socioeconómica del estudiante.

Diputado, ¿qué opina de la presentación realizada por los estudiantes a la CIDH?

Es bien importante el tema que usted plantea porque efectivamente una de las cosas que a mí me parecen absolutamente necesarias, desde el punto de vista de una mirada constitucional, es dejar claramente establecido dos cuestiones básicas: la salud y la educación son derechos sociales. Y al decir que son derechos sociales uno incorpora en esto el deber del Estado, pues, desde el punto de vista de lo social, es el Estado el responsable. Si uno revisa la Constitución que dejó Pinochet, estos dos derechos están muy mediatizados en términos de las frases y las palabras que se utiliza para lograr lo que los pensadores de la Constitución del 80 pensaron, esto es, incorporar el mercado en todas las actividades de la Nación, incluyendo la salud y la educación. Por tanto, es evidente que una de las cosas que hay que resolver es el tema de la educación y la salud como derechos sociales.

¿Qué validez tiene hoy el Pacto al que alude la petición de los estudiantes ante la CIDH?

Efectivamente Chile firmó este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966, suscrito por Chile el 16 de septiembre de 1969, y lo promulgó el 28 de abril de 1989; dentro de ese Pacto se plantea algunos elementos que el gobierno de la Presidenta Bachelet los ha tomado como parte de avanzar en términos de esta situación (implementar la gratuidad de la educación superior).

El diputado Robles da lectura a varios párrafos del mencionado Pacto, en relación a la obligatoriedad de la enseñanza básica, y recuerda que desde hace muchos años el Estado ha cumplido ese compromiso; lo mismo respecto a la obligación de completar la enseñanza secundaria, medida adoptada durante la administración de Ricardo Lagos.

“En ese sentido también Chile ha cumplido con estos compromisos y ha avanzado. El Estado tiene por deber entregar educación gratuita a todos los chilenos, tanto es así, que este gobierno, haciéndose cargo de lo que usted plantea, pese a que algunos tenemos diferencias, como yo, que creo que debiéramos haber partido por la educación pública a nivel de enseñanza básica y media, particularmente por la enseñanza pública, implementó la ley de fin al copago, fin al lucro y a la selección en los colegios particulares subvencionados donde los chilenos tenían que hacer un copago. A partir que esa ley esté en régimen, la educación va ser gratuita a este nivel, dado que el cien por ciento de los recursos va a ser entregados por el Estado”, explica el presidente de la comisión de Educación.

Es decir, ¿el paso siguiente sería la gratuidad total para la enseñanza superior?

En relación a la educación superior hay una salvedad muy importante que hacer. Al revés de la enseñanza primaria y secundaria, la ley no establece la obligatoriedad para que todos los chilenos tengan educación superior, sino que es opcional, cualquiera sea su grado: técnico-superior o universitario. El Pacto dice que la ‘enseñanza superior debe hacerse igualmente asequible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno’ (Artículo 13, Nº 2, letra c); al colocar esta frase, ‘sobre la base de la capacidad de cada uno’, es ahí donde tenemos una diferencia muy notable con la derecha (sigue leyendo el artículo) ‘por cuantos medios sean apropiados, y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita’, al referirse a eso produce un fenómeno de discrecionalidad en términos de, primero, tiene que haber un sistema de selección en relación a quiénes acceden a la universidad, sobre todo la universidad que entrega el Estado, por sus capacidades educativas; y por otro lado, cuando plantea la implantación progresiva de la enseñanza gratuita, yo comparto el criterio que la educación debe ser gratuita para el cien por ciento de los chilenos del nivel superior, en base a los méritos académicos. Por cierto, el Estado tiene el deber de cautelar que los recursos disponibles sean para dar esta formación gratuita, en función de las capacidades que tiene el país.

El diputado Alberto Robles es hijo de la educación pública. Estudió en el Instituto Nacional (1973) y en la Universidad de Chile (1980), aspecto que explica su vocación por la enseñanza gratuita. “Pienso que la educación es un derecho social, por cierto, hasta un nivel obligatoria para todos los chilenos, donde a mi juicio, el Estado en ese sentido ha pecado, dado que, al ser obligatoria como dice la ley, en el contexto de una mirada societaria, debiera perseguir a aquellos que no concurren a su propia educación, como se hace en otros países con los padres que no mandan a sus hijos al colegio. La educación es la base de la construcción societaria”, sostiene.

Respecto al financiamiento de la educación superior, el parlamentario reafirma su creencia en la gratuidad. “Efectivamente la educación debe ser gratuita, cien por ciento, tanto para los pobres como para los ricos, no hago distinción porque entiendo que la educación, desde un punto de vista de derecho social, debe ser entregada a todos por parte de la sociedad, y por supuesto, para que la sociedad pueda pagarla, es el Estado el que paga a través de impuestos generales de la Nación. Eso no significa que aquellos que hemos sido privilegiados con la educación, y que gracias a ella tenemos recursos mayores que otros de la propia sociedad, no tengamos que pagar un impuesto adicional por la formación que hemos recibido, para colaborar con la formación de nuevos miembros de la sociedad”.

“La Presidenta Bachelet ha sido tremendamente progresista e innovadora respecto a estos principios –agrega–; ella entendió y lo dijo en su campaña, que íbamos a la gratuidad universal en forma gradual, tal como se plantea aquí (en el Pacto) porque efectivamente el país no tiene todos los recursos; se requiere que los ministros de Hacienda entiendan e incorporen que esta variable debe ir avanzando en el tiempo”.

“Las universidades del Estado deben ser las primeras en la gratuidad, así lo dije el año pasado cuando discutimos la glosa presupuestaría; yo decía que la gratuidad sólo debía estar en las universidades públicas, primero que nada, pagando el cien por ciento del arancel necesario para la educación. Cuando hablo de las públicas estoy incorporando a ellas a una cantidad muy importante de gente con muchos recursos, la Universidad de Chile recibe una cantidad muy importante de alumnos que provienen de los quintiles más altos; el quintil de mayores ingresos prácticamente se educa en la Católica y en la Chile”.

Pero no es la impronta de estas tradicionales instituciones de educación sobre las nuevas generaciones la que preocupa al legislador de la región de Atacama, sino el rol que viene desempañando las universidades privadas. “La elite intelectual chilena de los últimos 20 años se está formando principalmente en instituciones privadas y con una clara connotación dogmática en términos religiosos, no es una formación pluralista; las instituciones que formaban a la elite intelectual chilena en el pasado, eran entidades laicas, el Instituto Nacional, así como todos los liceos a lo largo del país.

¿Qué piensa usted de la obligación que se autoimpone el Estado de concurrir al financiamiento de instituciones privadas de educación, siendo que su único deber es financiar la educación estatal?

Primero, yo creo en la gratuidad para todos; segundo, en la educación superior no podríamos y no debemos replicar lo que se hace en la educación básica y media en términos de las instituciones privadas, pues los colegios privados reúnen a la gente tiene recursos para pagarlas, por tanto, seleccionan y segregan; me parece que esa segregación es mala, por eso que hay países que no tiene educación privada, permitiendo que los hijo de pobres y rico se mezclen. En la educación superior el Estado debe ser capaz de financiar a todas las instituciones de educación superior exigiendo calidad, no lucro, integración, inclusión, con lo cual se cumple la obligación del Estado de poner sus recursos solo en sus universidades. Hay algunas privadas que tienen controladores que buscan lucro, y yo creo que a esos controladores hay que sacarlos de las universidades. Hay controladores que tienen dueños ajenos al Estado de Chile, me refiero a la Universidad Católica, donde su dueño es el Estado de El Vaticano, un estado aparte del nuestro. Yo no tendría problemas que la Universidad Católica perteneciera al Arzobispado de Chile, pero me parece un contrasentido que en pleno siglo XXI El Vaticano tenga una propiedad educacional en Chile.

“Ahí tenemos un debate pendiente”, asegura en relación al rol del Estado Pontificio en la educación chilena. “Si en el futuro lográramos que en el contexto de su autonomía las universidades recibieran recursos públicos para la gratuidad de todos, bajo las exigencias que menciono, es muy probable que muchas universidades debieran dejar de existir, pues, tienen otros intereses. También los CFT debieran avanzar en la misma línea, porque nuestros técnicos tampoco se merecen que haya segregación entre aquellos que pueden pagar al Inacap, o al Duoc, y aquellos que no pueden pagarlos”.

Educación inicial: el punto de inflexión

Diputado Robles: “El Estado debiera asegurar que cada niño que nace en Chile pueda desarrollar tempranamente todas sus potencialidades».

No obstante, afirma que la etapa más importante no es la enseñanza básica, la secundaria o la superior, sino la inicial. “La más importante es la educación preescolar”. Por ello, Robles piensa que es ahí donde “el Estado debiera asegurar que cada niño que nace en Chile pueda desarrollar tempranamente todas sus potencialidades, dotándolo desde la partida de cada uno de los elementos que permitan su estimulación”, asegura. Y añade: “La neurociencia avala esa necesidad al sostener que los seres humanos nos formamos cognitiva y emocionalmente entre los cero y los cinco años”.

“Más que gratuidad, quisiera hacer hincapié en una idea que me parece de la mayor importancia: yo no le daría ni un peso a la gratuidad universitaria, si a cambio le diéramos a cada niño que nace en Chile la posibilidad desde el minuto que nace y los cinco años de tener la estimulación que requiere para poder desarrollar todo su potencial. El spot de la tv lo dice: ‘en una familia pobre un niño va a escuchar 3 mil palabras, en una familia rica un niño va a escuchar 30 mil palabras’. Eso hace una enorme diferencia”, recalca,

“Mi pelea con el ministerio de Educación durante toda la discusión de  la ley de educación pública, fue que en ella el Mineduc mantiene los Jardines VTF (los que fueron traspasados a los municipios) en estos Servicios Locales de Educación, y mi pelea es que la institución que tiene los estándares más altos en Chile, es la Junji”.

No obstante, el congresista no se explica por qué razón no es la Junji la entidad encargada de asumir la formación de los niños, entre los 0 y 5 años. “Esa institución ya está, sabe cómo hacerlo. Es más, yo pienso que debiéramos tener una sola institucionalidad, no (Fundación) Integra, no VTF (Jardines Infantiles vía transferencia de fondos), solo Junji; ahí hay que poner los recursos públicos. Hay que formar muy bien a nuestras Educadoras de Párvulos, pagarles muy bien, más que a los profesores; lo mismo con los técnicos. Para mí la profesión mejor pagada del Estado debiera ser la de Educadora de Párvulos, es en esa etapa etaria donde se hace la diferencia en la sociedad; todo niño que hoy tiene siete años o más, está perdido si no recibió en esa etapa este cambio. Lo que se haga en esa etapa de la vida es crucial para el desarrollo del futuro; no hay otra etapa de la vida donde podamos hacer el cambio de switch”.