El diputado DC y presidente de la Comisión de Trabajo, Patricio Vallespín, valoró la aprobación en la Cámara de Diputados, por 98 votos a favor y 1 abstención, del proyecto que modifica el Código del Trabajo en materia de plazo para la audiencia única del procedimiento monitorio en el caso que el juez estime que no existen antecedentes suficientes para pronunciarse de inmediato sobre las pretensiones del demandante.
Lo anterior, se traduce en el establecimiento de un plazo de 20 días para el procedimiento monitorio, vale decir, juicios laborales abreviados para tratar temas de cuantía menor, como aquellos que implican poco dinero, y despidos de trabajadoras con fuero maternal, en el caso que el juez determine citar a la audiencia única por antecedentes insuficientes de las pretensiones del demandante, debiendo existir entre la notificación y la celebración de la audiencia, a lo menos, 5 días.
A juicio del diputado Vallespín, «este es un importante avance en materia de justicia laboral, pues en la ley actual el juez frente a este tipo de procedimientos judiciales que debían ser cortos, no contaba con plazos definidos para resolver por lo que solían extenderse demasiado siendo un problema para el trabajador, principal cambio que introduce este proyecto; y por otro lado, no siempre tenía la obligación de citar a las partes, pudiendo solo recolectar los antecedentes y fallar, a lo que ahora se agrega que en caso de no existir antecedentes suficientes para el pronunciamiento del Juez, puede citar a las partes a una audiencia única dentro de los 20 días siguientes a la fecha de la resolución».
En este sentido, agregó el parlamentario, «quedan establecidos claramente los plazos para este tipo de juicios, acotando los tiempos para que el trabajador o la trabajadora demandante pueda tener una pronta respuesta a la razón de sus demandas contra su empleador».
Asimismo, el diputado DC destacó la indicación de su autoría y que fue aprobada en la Comisión de Trabajo, «que tiene que ver con el tema de las represalias que muchas veces son ejercidas en contra de los trabajadores por el ejercicio de acciones judiciales o por su participación en ellas como testigos o incluso como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo».
«Y en este sentido, aprobamos extender la denominada acción de indemnidad, que es una facultad que tiene el trabajador para estar protegido de futuras represalias por parte del empleador en caso, por ejemplo, de testificar a favor del colega demandante, acción que proponemos exista tanto en el procedimiento general como en el monitorio, que hoy no lo posee».