Encabezadas por la diputada Maya Fernández, las tratativas apuntaban a resolver una carencia que, argumentan algunos legisladores, se encuentra en la propuesta del Ejecutivo: la ausencia de definiciones concretas para asegurar la presencia de mujeres al interior de las colectividades.
En este sentido, los parlamentarios socialistas concordaron con integrantes de otros partidos del oficialismo y la oposición ingresar estos cambios durante la primera semana de septiembre.
Las indicaciones apuntan a precisar las cuotas de género en todos los órganos de las colectividades. Esto, ya que en el proyecto del gobierno no se fija ningún criterio, sino que solamente se manifiesta la intención de generar mayor inclusión para las mujeres.
Así, los parlamentarios proponen una correlación 60/40. Es decir, que en cada estructura de un partido -directiva nacional y regional, consejo general, tribunal supremo- ningún sexo pueda exceder el 60%.
“En la integración de los órganos colegiados mínimos, como asimismo en cualquier otro órgano de carácter resolutivo que los partidos definan, se observarán mecanismos especialmente previstos en los estatutos que aseguren que ninguno de los sexos supere el sesenta por ciento de sus miembros. En caso de ser tres miembros, se entenderá cumplida la regla cuando al menos uno de ellos sea de sexo diferente. Este porcentaje será obligatorio”, se lee en una de las indicaciones que impulsarán los diputados.
Otra de las enmiendas contempla la imposiblidad de acceder al financiamiento público que contempla el proyecto de fortalecimiento y transparencia de la democracia para aquellos partidos que infrinjan la norma sobre cuotas de género.
Las indicaciones cuentan con la firma, además de Fernández, de los diputados socialistas Daniel Melo, Manuel Monsalve, Denise Pascal, Clemira Pacheco y Daniela Ciccardini; Yasna Provoste (DC); Cristina Girardi (PPD); Camila Vallejo (PC); y de la oposición, Marisol Turres (UDI) y Karla Rubilar (independiente, ex RN).
“Es necesario fortalecer la democracia interna de los partidos políticos, ajustándose a la sociedad inclusiva que estamos construyendo”, dice la diputada Fernández. “El proyecto fija una sugerencia que no tiene ninguna capacidad normativa. En estas materias, la buena voluntad no puede presumirse”, agrega el diputado Soto (PS), presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, instancia que debe comenzar la revisión de los detalles del proyecto la primera semana de septiembre.
En la misma línea, Turres explica que “la idea es que la participación de mujeres se vea reflejada en los partidos, y si no es por ley, no va a pasar nada”.
De aprobarse, la exigencia se sumaría a una serie de controles que establece el proyecto en áreas como las inversiones que pueden realizar las colectividades, el uso de sus inmuebles y el funcionamiento de los órganos internos, lo que ha generado un fuerte rechazo en las directivas de la Nueva Mayoría.