La jornada de este viernes desde el Congreso Nacional la y los diputados Daniela Serrano, Boris Barrera y Luis Cuello del Partido Comunista se pronunciaron para exigir la renuncia de Andrés Tagle, presidente del Servel.
Los parlamentarios denuncian que se han producido graves errores al interior de la entidad. Entre ellos, destacan que el año pasado se filtraron datos confidenciales de millones de electores, además de problemas por la georreferenciación de locales de la ciudadanía.
Sin embargo, se suma que en los últimos días previos a las elecciones se conoció el caso de Karla Añes, una candidata por Arica del PDG que había cumplido una sentencia en la cárcel por tráfico de drogas y que anteriormente fue inhabilitada para ejercer cargos públicos.
Luego de conocerse este caso fue Andrés Tagle quien salió a dar explicaciones diciendo que ella luego de haber completado su pena recuperaba la calidad de ciudadana por lo que, podría ser electa.
Esto le trajo cuestionamientos debido a que, de acuerdo a lo refutado por expertos, solo el Senado podría rehabilitar a Añes para ejercer cargos públicos.
Sobre este tema se pronunció Boris Barrera, quien dijo que además de reflejar la incoherencia del PDG, también se muestra «un error severo del Servel, que se agrava con las declaraciones de su presidente, cuando insiste en la equivocación desconociendo abiertamente el texto constitucional».
En esa línea manifestó la gravedad de que la condenada esté en la papeleta de votación el domingo y culpó a Tagle por el error, diciendo que «daña la democracia y un proceso tan importante para Chile, como es dejar atrás la Constitución de la Dictadura».
La querella
Un nuevo problema se suma al líder del servicio electoral, así lo mostró El Desconcierto luego que el abogado Windried Hempel presentara una querella en su contra.
El jurista argumenta que Tagle «estando en conocimiento o no menos que debiendo saber la situación procesal de la señora Añez Gajardo y no obstante el flagrante quebrantamiento de condena, no procedió a denunciar el delito previsto y sancionado en el numeral 5 artículo 90 del Código Penal, debiendo hacerlo, en su calidad de funcionario público”.
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