La decisión del Gobierno se produce tras la resolución del Tribunal Constitucional (TC) en contra de dos aspectos centrales de la reforma laboral, como son la titularidad sindical y la extensión de beneficios vía afiliación. Según lo informado por el Gobierno, se decidió enfrentar los efectos del dictamen del tribunal, tramitar a la brevedad el veto que había enviado al Congreso el pasado 7 de mayo, eliminado los pactos de adaptabilidad en materia de jornadas, de horas extraordinarias y de jornadas pasivas, además de los quórums para negociar.
Según el diputado DC y presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Patricio Vallespín, “el gobierno ha tomado una decisión sana; dese que supimos el fallo del TC, propuse una reforma constitucional para garantizar la titularidad sindical en la negociación colectiva y así revertir el fallo del tribunal, pero la derecha no estuvo dispuesta a esa opción. Había que dar una solución pronta y desechado el camino constitucional, quedaba el veto y la promulgación de la ley. Así como están las cosas, es lo más saludable para la Nueva Mayoría.”
Vallespín agregó que “la titularidad sindical era clave en la reforma, casi el corazón, y de ahí iríamos a una negociación colectiva equilibrada que abría espacio a los pactos de adaptabilidad. Entonces, había que explorar todo y ver cuánto se hipotecaba o no el espíritu inicial de la reforma, análisis que implicaba tiempo. Si se descuidaba un aspecto se podía terminar desequilibrando aún más la relación trabajador-empleador.”
El diputado Matías Walker, en tanto, agregó que “a la Presidenta no le quedaba otra alternativa que optar por el veto, porque cuando no hay disposición a conversar, no tenemos otra opción que defender los derechos permanentes de las organizaciones sindicales”, agregando que “es lamentable la nula disposición de la oposición para llegar a acuerdos para establecer en una reforma constitucional el rol que tienen los sindicatos en la negociación colectiva, que debe ser un rol de preeminencia sobre los grupos negociadores de acuerdo al Convenio 135 suscrito por Chile ante la OIT; es preocupante que , a raíz del fallo del TC, quedemos en una desregulación absoluta de la negociación colectiva por parte de grupos negociadores que no son estables en el tiempo”.