Diputados no le creen al director administrativo de la Presidencia: vínculos con el caso Caval

Con incredulidad recibieron ayer los diputados de la Comisión Investigadora del caso Caval las declaraciones del director administrativo de la Presidencia de la República, Cristián Riquelme, respecto a su real vínculo con Juan Díaz (operador inmobiliario ligado a la UDI) y sobre el nivel de conocimiento que tenía del bullado proceso que involucraba a dicho operador y al hijo y nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.

En su testimonio, Riquelme sostuvo que conoció a Juan Díaz en un viaje y afirmó que no guarda ni amistad ni vínculos comerciales con él. Además, fue enfático y reiterativo en indicar que la entrevista sostenida en su oficina en La Moneda, en abril de este año, fue solicitada por el operador, sin especificar con anterioridad el objeto del encuentro.

«De verdad, soy súper sincero, no tenía conocimiento que el señor Díaz estaba vinculado al caso Caval, de haberlo sabido, no tengo dudas que no lo habría recibido. Yo creo que, desde ese punto de vista, cometí un error. Yo creo que cometí un error, cometí una imprudencia y no debí haberlo recibido», planteó.

Especificó que, en el encuentro, Juan Díaz le pidió que interviniera ante Natalia Compagnon con el objeto que le pagara una deuda de $340 millones (300 por trabajos relacionados con una empresa y $40 millones que le habría prestado personalmente a la nuera de la Presidenta). «Yo no tenía ninguna posibilidad de solucionar su problema que lo aquejaba, en cuanto no tengo ninguna atribución de ningún tipo para haber solucionado problemas que eran de dos empresas privadas. La verdad es que no me corresponde tampoco hacer ni de puente ni de nada porque mi rol en la Presidencia de la República no es ese», recalcó.

Las afirmaciones de Cristián Riquelme, reiteradas en variadas ocasiones, no convencieron a los legisladores, quienes de manera cruzada y, con distintos niveles de disgusto, hicieron ver su parecer durante la sesión.

Para el diputado Juan Luis Castro (PS), lo indicado por Riquelme «es inverosímil», ya que es fácil conseguir información sobre Juan Díaz en internet, dada la amplia cobertura periodística del caso Caval. «Aquí es imposible decir que no se supiera de este hecho, más aún con la connotación que tenía para la Presidenta y para La Moneda», afirmó. Además, agregó que “si es efectivo que no se informó de esa conversación a una autoridad superior, considero que no tiene ninguna explicación la permanencia de Cristián Riquelme en el Palacio de La Moneda”.

En la misma línea, la diputada Alejandra Sepúlveda (IND) dijo que no podría creer que la visita de Juan Díaz a La Moneda no tuviera consecuencias, especialmente considerando su cargo y experiencia. «Eso significa que estamos pésimos, que no había nadie que apretara un botón de alerta. Yo no creo que usted no haya avisado», puntualizó.

Arista Salud

La comisión investigadora también abordó la arista de salud del caso Caval, para lo cual asistieron ayer la Subsecretaria de Redes Asistenciales, Angélica Verdugo; y el director del Servicio de Salud Metropolitano Central, Jorge Martínez. Se excusaron de asistir al encuentro el ex director de dicho centro, Nibaldo Mora, y el ex Subsecretario de Redes, Luis Castillo.

La Subsecretaria Angélica Verdugo indicó que conocieron del caso Caval por la prensa e informó que el 20 de abril, la Ministra de Salud, Carmen Castillo, recibió una carta de Saydex (empresa que fue asesorada por la empresa de Compagnon) en la que se explicaba la situación en que se estaba viendo envuelta la empresa y que involucraba al ex director Nibaldo Mora, en lo que se ha signado como un eventual delito de cohecho. «Es el primer elemento formal que llega», indicó Angélica Verdugo.

Indicó que, conforme a lo señalado en la carta, se encomendó el 24 de abril una auditoría que involucró a todos los Servicios de Salud del país, la que arrojó resultados finales el pasado 23 de septiembre. Precisó que, en dicho informe, se dio cuenta que, de los 29 Servicios, 22 tienen contratos vigentes con Saydex, lo que estimó que no era necesariamente extraño dado el estrecho margen de postulantes en las licitaciones (tres empresas).

La Subsecretaria dijo que el informe de auditoría mostró que había algunas debilidades administrativas en los contratos con Saydex, que decían relación con derechos de autor del software y con la ausencia de boletas de garantía, por ejemplo, pero nada que constituyese delitos, salvo en el caso del Servicio de Salud Metropolitano Central.

«Hasta ahora, solo en el Servicio Metropolitano de Salud Central se encontraron circunstancias que desde el punto de vista de la opinión y de la autoridad que el director del Servicio ejerce determinó ponerlas a disposición de la Fiscalía y del CDE, todas situaciones que ocurrieron, quiero reiterar e insistir en esto, en el Gobierno pasado bajo la dirección del señor Nibaldo Mora, ex jefe de gabinete del Subsecretario Castillo», recalcó.

Explicó que, en este último caso, el actual titular del Servicio puso los antecedentes en manos de la Fiscalía y solicitó la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE), de modo de resguardar el patrimonio público.

«Nosotros como Ministerio hemos actuado en consecuencia, con la primera carta que recibimos, con el informe de auditoría, de manera de asegurarnos que, en cada uno de estos Servicios, donde existe algún contratos con la empresa en cuestión, la situación sea regular desde el punto administrativo que se cumpla con todas las disposiciones de la ley vigente y, de no ser así, que se tomen todas las medidas y se arbitren todas las medidas para poner los antecedentes ante la justicia, de manera de asegurar que el patrimonio público esté resguardado, que es la obligación que nosotros como autoridades tenemos», puntualizó.