Diputados proponen fijar ‘límite ético’ a dieta parlamentaria

Los diputados independientes Gabriel Boric, Sergio Aguiló, Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic, Roberto Poblete y Alejandra Sepúlveda, junto a sus pares del Partido Socialista Luis Rocafull y Maya Fernández y las diputadas del PPD Loreto Carvajal y Cristina Girardi presentaron una moción que propone la fijación de un «límite ético» a las dietas parlamentarias.

El proyecto propone que la dieta no exceda el equivalente a veinte ingresos mínimos mensuales y que se divida por el total de días hábiles de cada mes para descontar cada inasistencia injustificada a las sesiones de Comisión y de Sala.

«Se entenderá que una ausencia es justificada cuando el parlamentario esté con licencia médica, con impedimento grave, se encuentre realizando alguna gestión encomendada por la Corporación o alguna de las actividades propias de la función parlamentaria, entendida ésta en los términos que la define el inciso segundo del artículo 66 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, debiendo avisar oportunamente», indica el texto.

El proyecto -derivado a la Comisión Régimen Interno- considera también ausente al legislador que no concurra a formar el quórum, o que habiendo estado en la discusión de un asunto, se retire en el momento de su votación.

Según la iniciativa, el monto específico de la dieta parlamentaria se determinará por una ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y sólo regirá desde el periodo parlamentario siguiente al de publicación de la presente norma, informó la Cámara Baja en su sitio web.

Los promotores del proyecto precisan que su objetivo es disminuir la dieta y no las asignaciones parlamentarias, que están «destinadas a garantizar el óptimo desempeño de los representantes populares».

También defienden la necesidad de mantener la existencia de la dieta parlamentaria, ya que «genera las condiciones mínimas para que cualquier ciudadano, incluso aquéllos sin recursos económicos, puedan acceder a la labor parlamentaria, y libera a los parlamentarios de la necesidad de desempeñar labores anexas para subsistir, asegurando la completa dedicación de los representantes a la tarea legislativa, y reduciendo al mismo tiempo, los conflictos de interés que generan las relaciones laborales de dependencia».

Fundamentos

Los autores de la iniciativa argumentaron que el éxito de una democracia representativa no requiere sólo de instituciones que generen un vínculo formal entre representantes y representados, sino también una «cercanía» de éstos.

Actualmente la dieta parlamentaria equivale a 40,5 veces el salario mínimo, lo cual «evidencia una alta disparidad entre los sueldos con que vive la mayoría de los chilenos y chilenas y la remuneración que corresponde a un parlamentario por la realización de su trabajo».

Al respecto, recuerdan que en Chile el 1 por ciento más rico de la población concentra el 31 por ciento de los ingresos totales, «siendo uno de los países más desiguales del continente. Pero si se excluye al 10 por ciento más rico, la desigualdad chilena se reduce transformándose en el país más igualitario de Latinoamérica».

Finalmente, sostienen que es indispensable que el Poder Legislativo dé una señal y sea partícipe del cambio de las condiciones de desigualdad en el país; ya que «junto con discutir una reforma tributaria que efectivamente cumpla fines redistributivos, contribuir a instaurar una reforma educacional progresiva, aumentar considerablemente el salario mínimo y otras medidas que se deberán implementar para combatir la desigualdad, es pertinente que diputados y senadores revisemos nuestros ingresos y los ajustemos a la realidad del país».