Este sábado, por primera vez en la historia del Festival de Viña del Mar, se canceló el esperado piscinazo de la coronada reina del evento, Kika Silva.
Eran casi las 1 de la tarde, los reporteros estaban agolpados a los costados de la piscina, ansiosos de ver el tradicional espectáculo de la reina, cuando un grupo de manifestantes irrumpió el esquema programado.
Los protestantes eran del Campamento Felipe Camiroaga y pedían hablar con la alcaldesa Virgina Reginato por no tener conexión de luz ni de agua, a pesar de los acuerdos que dicen haber firmado.
Jessica Ortega, presidenta del comité «Nueva Esperanza», conversó con El Ciudadano sobre la situación que los llevó a desarmar uno de los espectáculos más aparatosos de la televisión chilena.
«La problemática de la luz y agua comunitaria se viene trabajando desde el 16 de abril de 2015. Desde esa fecha no se han cumplido los acuerdos que se han firmado», dice Ortega.
Después de la manifestación en el Hotel O’Higgins «no hemos tenido respuesta de la alcaldesa ni de ningún tipo de autoridad. Pero nosotros no vamos a parar hasta que logremos nuestros objetivos».
Terrenos divididos
La presidenta del comité «Nueva Esperanza» relata que uno de los principales problemas que han tenido es que el terreno donde está ubicado el campamento es 70% privado y 30% municipal. Lo que ha sido utilizado como argumento por parte de la alcaldía para no intervenir respecto a la implementación de los servicios básicos de la comunidad.
«Desde la municipalidad plantean que parte del campamento es privado, por lo que no pueden aceptar ningún trabajo en terrenos de particulares. Pero nosotros firmamos un acuerdo hace dos años, en donde en ningún momento se habla de instalar los transformadores o tableros eléctricos en terrenos privados», explica la presidenta del comité.
Y agrega que «el acuerdo era que la instalación sería en superficie municipal y que se instalarían tres transformadores, según lo que también acordamos con Conafe, cuando se pagó el derecho a la luz, el día 5 de diciembre de 2016. Pero tampoco han respetado eso. De todos modos, tenemos documentos que validan esta información».
«Antes de que llegáramos solo había basura»
El campamento se inició el año 2011 y alberga alrededor de 4000 personas, constituidas en 900 familias en las que principalmente hay menores de edad y jefas de hogar. Actualmente se abastecen de luz y agua «a la mala», porque según dice Ortega, no les queda otra alternativa ante la ausencia de las autoridades.
A raíz del acuerdo que firmaron con la Municipalidad, la Intendencia y Conafe, la implementación de conexiones de luz y agua serían de manera paulatina, sin embargo, a pesar de que las personas del campamento -como aseguran- han desembolsado millones de pesos en construir las bases para los suministros, las autoridades todavía no se pronuncian de manera definitiva.
«Algunos comités han gastado más de 27 millones de pesos para terminar su instalación de luz y agua que consiste en postes, conexiones, cables, medidores, etcétera. Solo falta que les instalen la conexión de luz, pero el proyecto de instalación ya lo tienen terminado», explica Ortega.
«Mientras que habemos otros comités que ya gastamos sobre 17 millones de pesos y aún no tenemos el proyecto completamente realizado, pero no nos dieron montos específicos, nosotros contratamos electricistas privados para sacar adelante las instalaciones», agrega.
La dirigenta pone énfasis en que el terreno antes de ser habitado por el campamento, solo era un basural. «Antes de que llegáramos solo había basura, no estaba cercado, la gente venía a botar escombros y muebles. Nosotros limpiamos, creamos los caminos y pasajes, y hasta el día de hoy lo seguimos manteniendo», explica.
Entre quienes habitan en el campamento, hay trabajadores independientes, de oficina, municipales y de todo tipo, según cuenta Ortega, y acusa que los funcionarios municipales han sido duramente recriminados en sus trabajos por participar activamente en las protestas.
«Dentro de la misma Municipalidad han tratado de cerrarles la boca, amenazándolos con que si apoyan este movimiento van a perder sus trabajos», acusa la dirigenta.
El piscinazo frustrado
Ortega también se refirió a la polémica que causó la intervención durante el piscinazo y sus razones para manifestarse.
«Nosotros con las manifestaciones que hemos realizado queremos dar a conocer que Viña del Mar no es solamente el centro, sino que también existen cerros y sus alrededores, nosotros también somos parte de Viña del Mar y somos ciudadanos», afirmó.
«La alcaldesa nos representa como la escoria de Viña, nos tratan de tapar con el dedo. Pero todos los millones que invierten en el Festival podrían invertirlo en mejorar los campamentos en los cerros de la ciudad, dar algún tipo de solución y hacerse cargo de lo que también es parte de Viña», finaliza.
El Campamento Felipe Camiroaga no ha sufrido intentos de desalojo, solo hay una querella interpuesta contra quienes individualmente hayan incitado a la toma del terreno. Mientras que con miras a futuro, la dirigenta sostiene que aspiran a poder tener el título de dominio del lugar para establecerse formalmente.