Ecuador: Con la excusa de la Ley de Herencias, preparan un nuevo 30-S

A pocos días de presentar en carácter de urgente en materia económica la Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza o impuesto a la herencia, y la Ley de Plusvalía, o impuesto a las ganancias extraordinarias en la venta de casas y terrenos urbanos, en una alocución en cadena nacional el presidente Correa retiró temporalmente el proyecto. En el medio, sectores de oposición desestabilizadora, de derecha e izquierda, tomando la Ley de Herencias como una excusa, activaron una campaña política para erosionar y desestabilizar al gobierno: lucha de calles, el perfilado de candidatos presidenciables de cara al 2016, y una campaña mediática intensa donde se ha logrando instalar que las leyes propuestas son un ataque contra la sagrada propiedad privada, que son un “atentado económico contra las familias ecuatorianas”. Nuestra América está expectante y buscando involucrarse.

Luego de presentar el mencionado proyecto en medio de grandes presiones, Correa viajó a la cumbre CELAC-Unión Europea donde permaneció durante varios días, lo que algunos consideran, en este preciso marco, un error político (como se dice en Argentina, es muy fácil decirlo “con el diario del lunes”). Aunque es difícil de negar que su ausencia prolongada permitió a los sectores de oposición libertad de acción, o mas bien, los envalentonó.

La oposición tuvo a disposición durante una semana, toda la escena política en sus múltiples dimensiones. Libertad de acción para dar discursos incendiarios, lanzar operaciones mediáticas, tomar la calle e instalar escenarios de violencia y zozobra. Recibieron sin pedirlo, una valioso tiempo para tomar la iniciativa. Y no la desaprovecharon.

El pasado 24 de mayo, en su Informe a la Nación, Correa propuso dos leyes para su debate y eventual aprobación. La primera, la Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza, que propone gravar de forma progresiva el patrimonio heredado, evitando las formas de evasión de grandes contribuyentes. El segundo proyecto, la Ley de Plusvalía, grava las ganancias extraordinarias, fruto básicamente de la especulación inmobiliaria. Estos proyectos sólo afectan a los herederos más ricos, que representan menos del 2% de la población ecuatoriana, y sólo el 0,1% de la población se verá afectad de manera significativa.

Pero Guerra de Cuarta Generación mediante, esta realidad ha sido tergiversada, haciendo del problema de los sectores más concentrados de la economía, los problemas y desafíos del poder económico, los problemas y desafíos de amplias capas de la población.

El retiro de los proyectos no parece tener el efecto buscado de manera inmediata, principalmente porque las fuerzas políticas han entendido que desde que se lanzaron los proyectos de ley se ha abierto una coyuntura propicia para ellos en cuanto al acumulado de fuerzas, y fundamentalmente, para erosionar la gobernabilidad y el apoyo popular con el que cuenta el primer mandatario y la Revolución Ciudadana, en lo que ya se ha transformado en una campaña pre-electoral (habrá elecciones presidenciales a fines del 2016).

En su alocución por cadena nacional del lunes pasado, Correa insistió en que estos sectores de oposición “han utilizado estrategias comunicacionales de terror para desinformar sobre el contenido de los proyectos y sus efectos y, de este modo, infundir pánico en ciudadanos honestos y trabajadores”, convocándolos, si es que no quieren que siga gobernando, a pedir “el referéndum revocatorio de acuerdo al Artículo 105 de la Constitución, y nos veremos en las urnas, para derrotarlos nuevamente”.

Por esa razón, Correa declaró con firmeza que “Claramente buscan otro 30S, cuando pese a su violencia y abusos no lograron que cediéramos en absolutamente nada”, en referencia al intento de derrocamiento y magnicidio del 30 de septiembre de 2010, frustrado por la movilización popular, la integridad del gobierno y el apoyo regional, articulado principalmente por la Unasur.

La oposición desestabilizadora (es evidente en sus métodos y en sus discursos), continúa movilizada en los principales centros urbanos. Se van incorporando otras fracciones a la lucha. Algunas organizaciones de trabajadores, indígenas y estudiantiles de oposición pautaron movilizaciones para el 18 y 25 de junio, y 2 de julio, como preparación de un paro nacional. Las organizaciones empresariales, a pesar de festejar la suspensión del proyecto de ley, están a la ofensiva.

Todos ellos entienden que hay mucho en juego, más allá de estas leyes disputadas. Y en primer lugar, si se habilita o no la posibilidad de un nuevo mandato para Correa, que lleva 8 años gobernando. Para que esto ocurra, se debería aprobar una enmienda que lo permita, vía Asamblea Nacional, cuestión que es factible para el actual gobierno. Como respuesta, para llevar la resolución a otro campo, la oposición de izquierda y de derecha plantean que dicha posibilidad debe decidirse mediante una consulta popular.

Al tiempo que rechazan el llamado a diálogo nacional lanzado por Correa, van perfilando sus candidatos. Desde la oposición derechista, una figura que se va mostrando como presidenciable, es el banquero Guillermo Lasso, uno de los destacados articuladores de las protestas y la agitación contra Correa. También existe otra fracción oligárquica que trata de armar su candidatura en base a una alianza entre los Alcaldes de Guayaquil, Jaime Nebot, de altísimo perfil; de Quito, Mauricio Rodas, una figura de la derecha empresaria; y de Cuenca, Paul Carrasco. Nuevamente, la magnitud de los resultados de las elecciones de febrero de 2014 toman cuerpo y se hacen sentir para el partido de gobierno.

La izquierda opositora, que por propia voluntad o de forma inconsciente -no importa ya- emerge como funcional a las estrategias desestabilizadoras, también está armando su propio bloque.

Más allá de lo ínfimo del efecto recaudatorio que pueden significar la Ley de Herencia y la Ley de Plusvalía (por ejemplo, la primera, implicaría un ingreso redistributivo de aproximadamente unos 50 millones dólares en el marco de un presupuesto 2015 que alcanza un total de 34.897 millones de dólares); las leyes impulsadas por Correa, y hoy en suspensión, significan un gran avance popular en la construcción de un proyecto que comience a superar algunas lógicas estructurantes del capitalismo.

Por eso se puede sostener que el problema no es solamente económico si se tiene en cuenta que para los sectores que se verían afectados, el impuesto no implica un gran problema desde lo financiero. Se trata mas bien de una cuestión política. Como venimos diciendo, por un lado, estas propuestas de leyes se han convertido en una excusa para articular la lucha política y desestabilizar a Correa (o re-articular); y por otro, se trata de una resistencia contra unas acciones certeras que asomaban como golpes al espíritu del capitalismo criollo, que tendían a exacerbar las tensiones sociales entre el núcleo más concentrado de la economía y las grandes masas ecuatorianas, y a erigirse como alternativa para empezar a sembrar la equidad en la sociedad ecuatoriana. Más todavía si se tiene en cuenta que varias de las multimillorias herencias han sido producto del saqueo a los pueblos ancestrales y de la explotación laboral y depredación capitalista.

La dimensión de la respuesta de la oposición desestabilizadora a la Ley de Herencias parece estar confirmándolo.

Cabe preguntarse si la falta de respuesta (o la respuesta insuficiente hasta el momento) de parte de las fracciones dominantes dentro de Alianza País ante la iniciativa y la toma de control de la calle por parte de una oposición desestabilizadora no vienen a exponer que desde allí se busca evitar alimentar el enfrentamiento con la fracción oligárquica opositora. No pensando en el enfrentamiento por vocación, sino porque la superación de la etapa quizás implica pasar por ese proceso, por el agudizamiento de las contradicciones, necesariamente.

Más allá del avance y retroceso de los proyectos de Ley de Herencias y de Plusvalía, consideramos que la situación viene a ratificar que el tiempo nuestroamericano no está en retirada. Y vienen a exponer con claridad lo que debería ser una prioridad a la hora de pensar y de accionar en el presente de Nuestra América: transitamos una etapa de disputa, con fragilidades, un momento de definición de los modelos postneoliberales, donde afloran las limitaciones de los procesos populares que derrotaron al neoliberalismo, desde Chávez y Venezuela para acá.

Quizás, el propio Correa, que cuenta con un apoyo inmenso en todo el país y la región, con la decisión anunciada el pasado 16 de junio, esté buscando remendar algún error político, manteniendo el camino de la construcción de la nueva sociedad, tan necesaria para el Ecuador, pero también para Nuestra América que observa y está pendiente de lo que allí ocurre.

Por Facundo Escobar / Noticias PIA

Facundo Escobar es editor de PIA Noticias, integrante del CIIE-Centro Internacional de Información Estratégica, docente de la cátedra de Relaciones Internacionales y Comunicaciones, Facultad de Periodismo y Comunicación Social-UNLP, integrante de la Dirección Nacional del MPR Quebracho, Argentina.

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