Editorial: Que sea el pueblo quien decida

En abril pasado la presidenta Michelle Bachelet, a través de una cadena nacional, anunció que en septiembre de este año se iniciaría lo que denominó un “proceso constituyente”, expresión por cierto ambigua que sin embargo abrió expectativas respecto a un cambio de la constitución de Pinochet. Desde entonces, y fiel a esta inicial opacidad en su lenguaje, ha vuelto en escasas ocasiones a referirse a la materia, siendo la última vez el pasado 3 de agosto durante el cónclave de la Nueva Mayoría.

Durante el cónclave, la presidenta Bachelet confirmó, aunque con muchos matices, la continuidad del proceso de reformas, frenadas desde marzo del año pasado por la derecha económica y su fuerte presencia tanto en la Alianza como en sectores de la Nueva Mayoría. Si seguimos en esta lógica, la presidenta debiera seguir su programa bajo esta misma impronta. De allí, bajo este sello, que había denominado “realismo sin renuncias”, tendríamos el inicio del proceso constituyente.

La presidenta ha apuntado a la educación cívica como el punto de partida para el proceso. Sin duda un paso necesario, aunque deja numerosos aspectos en la más completa ambigüedad. Como inicio, lo cierto es que la información cívica es absolutamente necesaria. Es fundamental dar a conocer el peso que mantiene  la Carta Magna de la dictadura en la política actual y en la vida diaria de las personas. La constitución de 1980 es necesario cambiarla no sólo porque es antidemocrática, en cuanto se elaboró y sancionó bajo la feroz dictadura cívico militar, sino porque sus contenidos fueron diseñados para la instalación y protección del modelo neoliberal. El sistema político y económico actual, con todas sus exclusiones y concentraciones, tiene como base la constitución de 1980.

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Dentro de la Nueva Mayoría hay consenso en la necesidad de cambiar la Carta Magna. Sin embargo, no lo hay respecto a quiénes participarían en la elaboración de la nueva constitución. Un sector conservador, en estos momentos liderado y expresado a través del ministro del Interior, Jorge Burgos, ha rechazado la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente para su eventual elaboración, lo que apuntaría, tal como lo ha sido con las anteriores constituciones en Chile,  a las elites como las únicas capaces de diseñar los grandes rumbos que seguirá el país.

Frente a esta postura conservadora, menor pero de gran peso político, económico y mediático, está un creciente grupo que apoya la creación de una asamblea constituyente para el diseño de la constitución. Entre ellos está un grupo de 32 parlamentarios y parlamentarias más movimientos políticos y cientos de organizaciones sociales. Los destinos de la nación han de gestarse desde las bases ciudadanas.

Pero quien tiene la palanca para empujar el proceso constituyente es el gobierno. Si bien Burgos ha sido explícito con su postura, Michelle Bachelet también ha descartado la posibilidad de convocar a un plebiscito para definir el mecanismo. Según los tiempos, este mes ella debiera dar inicio a este nuevo debate nacional y aclarar sus voluntades.

Hay, sin embargo, ciertas complejidades que surgen de la misma estructura fragmentaria de la Nueva Mayoría, como también del actual momento político. Michelle Bachelet ha descendido sensiblemente en el apoyo ciudadano, para ubicarse en los niveles más bajos de sus dos periodos. Si consideramos el alto nivel de abstención en las elecciones presidenciales, veremos que estas cifras dejan fuera a gran parte de la población.

Sobre este acotado espacio, con una presidenta disminuida en su liderazgo, con tensiones internas cruzadas y ante una ciudadanía escéptica respecto a la viabilidad y profundidad de las reformas, ingresar en un proceso constituyente sin capacidad política podría conducir el debate a un terreno similar al que han sufrido las reformas. Esto es, un desmontaje por las fuerzas más conservadoras acompañada de campañas de desinformación.

Varias naciones hermanas, despercudidas del neoliberalismo y de las oligarquías decadentes, lograron impulsar procesos constitucionales sobre la base de convocar a asambleas constituyentes. En todos estos casos, como Bolivia, Venezuela y Ecuador, la estructura y los momentos políticos fueron muy distintos al chileno. Hubo no sólo liderazgos reconocidos sino también una amplia apertura para la participación ciudadana en el proceso constituyente. De esta sinergia salieron constituciones que recogieron las demandas actuales que cruzan a la sociedad civil latinoamericana.

Este no es el caso chileno. Existe, sin duda, una sociedad civil cada día más sólida y organizada en torno a sus demandas y derechos, pero no hay un referente político con el liderazgo necesario para empujar y encauzar este proceso. Las tensiones permanentes al interior de la Nueva Mayoría y los constantes titubeos de la primera mandataria entre los partidos, la derecha económica  y lo que queda del programa, no garantizan un proceso constituyente capaz de recoger el verdadero momento histórico así como las reales demandas del pueblo.

Hay otro aspecto que será necesario despejar antes del inicio del proceso. Si el mecanismo excluye la asamblea constituyente  y deja como instancia deliberativa al actual parlamento binominal  y corrupto, toda eventual discusión en cabildos y asambleas de base será un mero ejercicio.

La presidenta ha usado y abusado de las comisiones asesoras como herramienta que entregue insumos para resolver diversos problemas. Tenemos el triste caso de aquella comisión en la década pasada para resolver las demandas de los estudiantes secundarios, y hoy ha habido comisiones para zanjar los problemas de las pensiones, la salud y la corrupción. En todos estos casos, y en algunos con demasiada evidencia, el poder del lobby, los medios y otros intereses han terminado con desvirtuar y manipular las propuestas de los miembros de las comisiones. Si el caso de la educación fue una vergüenza, el de las AFPs parece apuntar hacia otro fiasco. Mencionamos estos mecanismos como llamado de advertencia ante un uso similar para una nueva constitución. Cualquier mecanismo que no pase por la decisión soberana del pueblo tiene el riesgo, como lo hemos observado, del sesgo y la manipulación de los poderes económicos, políticos, sociales y culturales.

Ante este panorama confuso que mezcla la carencia de liderazgo con una crisis política de grandes proporciones, el único camino legítimo para avanzar en una nueva constitución es el llamado a una asamblea constituyente. Que sea el pueblo quien decida.