Eduardo de la Barrera, presidente del Sindicato n°1 de Enami: «La administración anterior quiso exterminar Enami»

El cambio de gabinete ministerial realizado por el presidente Gabriel Boric el pasado 16 de agosto estuvo marcado por la salida del ministro Giorgio Jackson en el marco del caso Convenios. Un poco en segundo plano quedó la reestructuración completa del equipo que se había estado haciendo cargo de la agenda de minería durante el primer período de la administración. La ministra de Minería, Marcela Hernando, el subsecretario de Minería, Willy Kracht, y el vicepresidente de Enami, Jaime Pérez de Arce, fueron todos removidos de sus cargos debido a las rencillas internas que existían en torno a la concreción de un megaproyecto ubicado en la región de Atacama: la renovación de la fundición Hernán Videla Lira, también conocida como fundición Paipote.

La planta, ubicada a ocho kilómetros de la ciudad de Copiapó, está compuesta de siete fundiciones y tres refinerías que tienen por objetivo procesar el cobre que pequeños y medianos mineros extraen en la zona. Sin embargo, los 71 años de existencia que tiene la fundición ya se hacen notar: hoy la planta presenta una baja productividad, altos costos de operación y niveles de contaminación que han superado los registrados en zonas como Puchuncaví.

Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se ideó un proyecto de renovación de la fundición Paipote que tenía por objetivo empujar a la planta a estándares modernos, mejorar la captación de dióxido de azufre y aumentar su capacidad de procesamiento a 800.000 toneladas al año. El proyecto implica una inyección de más de 1.100 millones de dólares, una cifra gigantesca que el entonces subsecretario de Minería Willy Kracht no estuvo dispuesto a desembolsar argumentando la baja rentabilidad asociada a la fundición.

En entrevista con El Ciudadano, el presidente del Sindicato n°1 de Enami, Eduardo de la Barrera, se refiere a la necesidad de concretar la renovación de la fundición Paipote, los intentos de la administración de Sebastián Piñera de cerrar la empresa estatal, y la importancia que tiene para la pequeña minería de la zona la histórica planta.

Se ha hablado mucho de la crisis financiera que atraviesa Enami: el 2022, la empresa cerró con una deuda de 581 millones de dólares y hoy todos los actores involucrados se apuntan con el dedo buscando culpables. ¿Dónde ven los trabajadores las causas de esta crisis?

Acá hay varios factores, pero el principal responsable de esta situación es el Estado, que no ha puesto un solo peso para la modernización de Enami. Hubo una administración anterior que desechó la modernización y llevó a cabo políticas y operaciones que complicaron aún más nuestra situación financiera.

¿Cuáles fueron esas políticas?

Durante la administración anterior se perjudicaron los tarros, que le llamamos nosotros. Se dañaron los equipos, los convertidores y las plantas de ácido. Se les hizo una mantención que duró casi 45 días, en los cuales estuvimos parados. Con ese daño que se le hizo a las instalaciones es imposible tener una operación efectiva, porque para tener un proceso certero la función tiene que ser constante, y acá todos los días o varias veces en el turno hay que bajar a ver los equipos. Los equipos ya no dan abasto para seguir operando. Imagina que nosotros tenemos una planta de ácido que fue comprada en el año 1996 y ya en ese entonces era de segunda mano.

¿Los errores que se cometieron en la administración anterior fueron por negligencia o con la intención de empujar una agenda en particular?

La administración anterior quiso exterminar Enami, tenían una política de deshacerse de activos prescindibles, como lo ha reconocido el exvicepresidente Enrique Valdivieso (designado por Sebastián Piñera). Él decía que Enami no necesitaba fundiciones. Es decir que teníamos al enemigo dentro. Y reitero, el principal responsable de la crisis es el Estado. El Estado no nos ha puesto un peso para la modernización. Nos ponen exigencias medioambientales, exigencias productivas, pero no nos dan los recursos para poder potenciarnos. Ahora, Enami tiene un rol estratégico en su ley orgánica que es fomentar la pequeña y mediana minería. Enami no está hecho para generar utilidades, para eso el Estado tiene otras empresas como Codelco. Acá nos dicen que no somos rentables, pero Enami cancela a los productores de la zona alrededor de 4 mil millones de dólares anuales que circulan en la región, que dan vida a las localidades mineras del norte. ¿Y después nos dicen que no somos rentables? Hay dos tipos de rentabilidad: la rentabilidad financiera y la rentabilidad social. Este último es el rol que tiene que cumplir Enami.

¿Qué sucedería si no se aprueba el proyecto de renovación de la fundición Paipote?

Nosotros tenemos que cumplir un decreto que va a salir que eleva a 98% o 99% la captación de de azufre. Con las instalaciones que tenemos no podemos cumplir el decreto. Alcanzamos a captar 94% o 95%, pero a 98% no vamos a llegar nunca. Esta es una fundición del año 1952 con muy poca inversión. Las exigencias han ido aumentando pero las inversiones del Estado se han mantenido iguales.

El nuevo proyecto vendría, en primer lugar, a solucionar el eterno problema medioambiental que hemos tenido con las comunas aledañas como Tierra Amarilla. En segundo lugar tendríamos capacidad de fundir todos los concentrados que se generan en la región. Serían 800.000 toneladas que evitaríamos que se vayan como materia prima hacia el extranjero. Tercero: esta nueva fundición recuperaría 13 metales de la tabla periódica que hoy no se recuperan, esto generaría mayores ingresos y una rentabilidad positiva.

Este proyecto se origina en la segunda administración de Michelle Bachelet. ¿Por qué ha tardado tanto en concretarse?

Desde el año 2012 se viene trabajando el proyecto de la nueva fundición, pero cuando el proyecto empezó a vestirse de pantalones largos hubo una administración que lo desechó. Piñera 2 lo desechó argumentando que nosotros podíamos cumplir con la fundición que ya teníamos, y no lo logramos, por el contrario, se cometieron errores garrafales que nos tuvieron a punto de cerrar por no cumplir con las normativas medioambientales.

¿Qué errores?

Se elevaron los niveles de contaminación y se adulteraron resultados. Los resultados tenían que dar tanto y si no llegaban al tanto, se adulteraban los datos para que en el papel si llegáramos. Nosotros sabemos quién puede ser el responsable, pero hay una investigación en curso sobre el tema. Se creó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que debería retomarse. Hay una investigación de Coldenco que dice que se perdieron alrededor de 100 millones de dólares producto de esta alteración de los balances metalúrgicos.

¿Cómo evaluaron la decisión del presidente Boric de remover a Willy Kracht de la Subsecretaría de Minería durante el último cambio de gabinete? 

Nuestra opinión sobre Willy Kracht es la peor, es una persona que siempre se opuso a que se construyera la nueva fundición. Nosotros estuvimos dos veces con el exsubsecretario y en privado nos decía que él apoyaba el proyecto, pero al otro día aparecía en la prensa diciendo lo contrario. Él estaba sentado en el directorio porque era representante del ejecutivo, pero de fundición y de pequeña y mediana minería no sabía nada. Lo que a él le interesaba eran los números, no la rentabilidad social. Nunca habíamos visto que un subsecretario pidiera voto de censura para el vicepresidente de Enami.

¿Les molestó la salida de Jaime Pérez de Arce de la vicepresidencia de Enami?

El vicepresidente anterior, don Jaime Pérez de Arce, fue el padre del proyecto de la nueva fundición, él no debería haber salido. Acá la manzana podrida era el subsecretario. El vicepresidente se vio involucrado en una pelea que no buscó. Yo en lo personal más que molesto estoy preocupado, porque no podemos improvisar a mitad de camino. Los períodos gubernamentales duran 1460 días y ya nos van quedando menos de 900. Esos 900 días van a pasar volando y nos vamos a encontrar que va a llegar una nueva administración y las fundiciones tenemos una crónica de muerte anunciada si no se lleva a cabo el proyecto.

¿Cómo están viendo el nombramiento de Iván Mlynarz en la vicepresidencia de Enami?

Yo en lo personal no lo conocía, pero si él fue la opción del gobierno cuenta con todo nuestro apoyo. Tenemos que darle nuestro apoyo porque tenemos que sacar adelante la empresa y demostrar que somos rentables. Pero recordemos que fue el mismo Estado el que retiró 174 millones de dólares de futuras utilidades, el que privatizó los principales yacimientos y cerró Ventanas. A Enami se le empezó a provocar un estrangulamiento financiero que hoy nos tiene complicados.

Ha dicho en varias ocasiones que el proyecto de renovación de la fundición Paipote no generaría tanta utilidad financiera pero sí rentabilidad social, ¿a qué se refiere exactamente con la rentabilidad social?

Un estudio de impacto social que se hizo el año 2015 establece que más de 44.000 personas viven directamente de Paipote. Esto es una cadena, porque por cierto que están los trabajadores propios de Enami, pero también están los mineros que abastecen, los mineros tienen a sus propios trabajadores, también hay transporte involucrado, comercio y también proveedores. Por lo tanto, la cadena va mucho más allá de la gente que trabaja en Enami. Reitero, acá nosotros somos 500 trabajadores y hay alrededor de 400 colaboradores que hacen tareas en nuestra empresa. Pero la cadena de impacto social que existe va mucho más allá. La nueva fundición mantendría por años la actividad de la región. En Atacama es la pequeña y mediana minería la base de la economía. Esa es la rentabilidad social que tiene Enami.

La renovación de la fundición Paipote fue un compromiso de campaña del presidente Boric, ¿qué llamado le haría usted al mandatario?

Nosotros el 8 de marzo entregamos una carta en La Moneda pidiendo al presidente una audiencia para explicarle lo que significa el proyecto de la nueva fundición para la región. Hasta el momento no nos ha recibido. Le hemos hecho llegar mensajes a través de parlamentarios de la región e incluso de otras regiones: el senador Daniel Núñez de Coquimbo, donde Enami también tiene presencia, señaló que es urgente el proyecto de nueva fundición. También la senadora Paulina Vodanovic, que representa al Maule, dijo que el proyecto era la solución para la pequeña y mediana minería. Nosotros tenemos un compromiso firmado por el presidente Boric cuando era candidato. El documento lo hicimos público en la campaña y esperamos que lo cumpla. Queremos concreción.

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