Este jueves 22 de junio terminó en Valparaíso el trámite legislativo del proyecto de ley sobre educación superior en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Con la casi total ausencia de la UDI -debido a la inasistencia de la diputada María José Hoffmann y Romilio Gutiérrez, sumado a la temprana partida de Rojo Edwards e Ignacio Urrutia- Jaime Bellolio tuvo que hacer frente a un extenso debate de cara a Roberto Poblete (PPD), Giorgio Jackson (RD), Camila Vallejo (PC), Cristina Girardi (PPD), Yasna Provoste (DC), Mario Venegas (DC) y Alberto Robles (PRSD).
A pesar de limitar el número de intervenciones, el trabajo legislativo se prolongó hasta casi las 9 de la mañana, pasando por momentos álgidos, donde innumerables veces se invocó la reserva constitucional -incluso hasta del Ejecutivo y la DC- respecto de una serie de puntos, con el objetivo de asegurar el despacho o, por el contrario, impugnar la decisión.
De esta forma, quedarán sujetos a ese escrutinio constitucional el asegurar la participación de las regiones en el proceso de evaluación de las instituciones de educación superior, el fin del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), los años de acreditación, la eliminación de acreditación para las carreras (excepto en Pedagogía y Ciencias de la Salud), la creación de una Superintendencia, la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE), la eliminación de una Agencia de Calidad, y la admisibilidad de las indicaciones o la creación del Administrador Provisional y de cierre.
“Siento una profunda decepción por cómo fue el trámite de este proyecto de ley porque es un engendro. Lo que hace es perjudicar a estudiantes e instituciones pues promete cosas falsas, jugando con las expectativas. Se establecen una serie de condiciones incumplibles para las instituciones. Este es el fracaso de la educación. Lo lamento de verdad», señaló el diputado Bellolio.
«Ornitorrinco con alas y plumas»
Muchas fueron las falencias durante el trámite, enmendando algunas votaciones, corrigiendo indicaciones y discutiendo por la precisión de muchos textos. A tanto llegó el descalabro que los artículos III y IV denotan graves inconsistencias, por lo que los diputados Poblete y Bellolio calificaron de imbunche u «ornitorrinco con alas y plumas» lo votado. Por su parte, el oficialismo se aprovechó de la mayoría en sala para que las continuidades de estudios en Pedagogía pudiesen desarrollarse sin mayores requisitos. Además, se pretendía que los doctorados y las especialidades médicas se acreditaran de forma voluntaria, pero no así los magíster. Y, en vez de arreglarlo, lo hicieron obligatorio para todos.
Además, las penas gravísimas para las instituciones que violen lo que la Superintendencia va a decretar no se aplicarán para las universidades estatales. Es decir, una entidad privada puede perder financiamiento, gratuidad y ser juzgada penalmente, sin embargo, la impunidad reinará en los planteles insignes por su tradición, pero siempre carentes de recursos debido a desfalcos y malas administraciones.
«Esperamos que se cumpla lo que se prometió»
Aún así , el diputado Giorgio Jackson afirmó que hubo avances. “La derogación del Crédito con Aval del Estado quedó a partir del 2019. El Gobierno tiene que ajustar el texto, pero se aprobó la indicación. Esperamos que se cumpla lo que se prometió”, afirmó el ex líder estudiantil.
Junto con ello reconoce que el orden en que se puso la votación dejó inconsistencias. Por ejemplo, se intentó mejorar la calidad, aumentando los años de acreditación, pero con ello quedan fuera los institutos profesionales y centros de formación técnica. “Cuando nos dimos cuenta, no se podía echar pie atrás porque se requería la unanimidad”, explicó Jackson.
Por su parte, la diputada comunista Camila Vallejo señaló que “hay que valorar en su mérito el paso que hemos dado. Era una reforma muy difícil porque estaban cruzados muchos intereses y son muchas las aristas que había que tocar. Fuimos capaces de sacar el proyecto en el plazo propuesto y, sin lugar a dudas, para los que venimos luchando para reformar la educación superior y el conjunto del sistema educacional, esto es clavar una bandera». La parlamentaria añadió que «es un paso significativo hacia la educación como un derecho, la gratuidad, a terminar con el lucro, contar con un nuevo sistema de acreditación que dé garantía de calidad a los jóvenes”.
Si bien hubo aspectos- como la revalidación de títulos- para los cuales no existió propuesta desde el Ejecutivo, manteniendo insatisfechas varias demandas y problemas que acarrea la ley Nº20.800, lo que viene ahora es que el proyecto pase a segundo trámite al Senado. Luego de eso, vuelve a la Cámara de Diputados.