Para incrementar la presión contra Venezuela y el gobierno legítimo de Nicolás Maduro, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones económicas contra seis altos mandos militares de la nación caribeña.

Los nuevos sancionados son el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Richard Jesús López Vargas; el general de brigada Jesús María Mantilla Oliveros; el coronel Cristian Abelardo Morales Zambrano; los generales de división, Alberto Bermúdez Valderrey y José Leonardo Noroño Torres; y el jefe de la Fuerza de Acciones Especiales del estado de Tachirá, José Miguel Domínguez Ramírez.

La Cartera del Tesoro estadounidense además amenazó con “seguir apuntando (las sanciones) contra más militares leales al presidente Nicolás Maduro.

Quebrar la unidad

Las nuevas sanciones de Washington intentan quebrar la unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), pante su posición de mantenerse fiel al gobierno de Nicolás Maduro y a la Constitución de Venezuela.

Tanto el autoproclamado «presidente interino», Juan Guaidó, como distintos voceros de la Administración Trump han llamado a los militares a sublevarse, pero  no han tenido éxito.

Recientemente,  Julio Borges, el ultraderechista promotor de las sanciones económicas y el embargo petrolero contra Venezuela, aseguró el pasado 26 de febrero en una entrevista al medio VPITV, que las próximas acciones contra su país, tras fracasar el ingreso por la fuerza de la supuesta ayuda humanitaria, sería el recrudecimiento de la presión contra Venezuela y la imposición de sanciones contra mandos militares.

Reconoció que el objetivo es provocar el colapso y la división dentro de la institución castrense.

Otros sancionados

El Tesoro estadounidense sancionó el lunes pasado a cuatro gobernadores afines al chavismo, bajo el pretexto de impedir la entrada de “ayuda humanitaria” a Venezuela. Y a mediados de febrero, a otros funcionarios, entre ellos el ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Manuel Quevedo.

Desde 2015, con la firma del Decreto emitido por Barack Obama que declara a la nación caribeña como una amenaza inusual y extraordinaria, Estados Unidos ha impuesto medidas coercitivas a cerca de cien altos cargos venezolanos y personas relacionadas con el Gobierno, entre los que se encuentran titulares de poderes públicos, altos mandos de la FANB, ministros, gobernadores y el propio presidente.

Washington adoptó estas medidas luego de que la guardia fronteriza venezolana impidiera el pasado 23 de febrero el ingreso de camiones presuntamente cargados con “ayuda humanitaria”, catalogada por el Gobierno de Maduro como un show para entregar armas a la oposición y promover una intervención en el país bolivariano.

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