En lo que algunos denominan un cambio histórico en política, el Departamento de Justicia de EE.UU. afirma que eliminará gradualmente el uso de las cárceles del fuero federal administradas por empresas privadas.
En un memorándum que describe el cambio de política, la fiscal general adjunta Sally Yates dijo que las investigaciones mostraban que las cárceles privadas “sencillamente no proporcionan el mismo nivel de servicios, programas ni recursos correccionales” y tampoco “representan un ahorro sustancial de los costos”.
Yates agregó que los programas del gobierno para la educación y capacitación de los presos “resultaron difíciles de replicar y tercerizar” en el sector privado. En el memorándum, dijo que que los contratos de trece establecimientos del fuero federal administrados por empresas privadas vencen en los próximos cinco años.
La medida impactará a unos 22 mil de los 193 mil presos federales. La mayoría son inmigrantes condenados por cruzar la frontera sin permiso, cargos que actualmente representan el cincuenta por ciento de todas las acusaciones realizadas por el fuero federal. Esto se produce después de una serie de informes realizados por periodistas de investigación.
En un informe de Democracy Now! se conversó con el periodista Seth Freed Wessler, cuya investigación de un año para las revistas The Nation y Reveal News dieron a conocer decenas de muertes dudosas y años de advertencias desesperadas de los monitores internos en las cárceles privadas que ahora perderán los contratos.
La medida supone un golpe al gran negocio de la privatización carcelaria en el país con más reos del mundo.
Los contratos en Chile y EE.UU. obligan a los Estados a tener un mínimo de población penal en dichos espacios.
Entre 1999 y 2010, el número de reclusos en prisiones privadas aumentó un 80%, muy por encima del 18% que registró el conjunto de la población carcelaria en EE.UU.
En Chile las cárceles privadas fueron iniciativa de Ricardo Lagos, quien concesionó 10 recintos penales en Chile a lo largo de su mandato a consorcios integrados por Sodexho, Wackenhut y Besalco.
En marzo de 2009 El Ciudadano denunció que el fisco chilenos se vio obligado a pagar 353 millones de pesos al grupo Vinci, dueños de la cárcel Santiago Uno.
El costo de mantener una persona en dichas cárceles ha alcanzado la cifra de más de 400 mil pesos al mes. Y no es que los presos vivan en buenas condiciones. En Santiago I tras la privatización de las cárceles, aumentaron los índices de suicidio de la población penal.
Al igual que los productos de un supermercado o las raciones de comida infantil, los presos chilenos son una variable para un buen negocio. No por nada el Estado pagó el 2008 medio millón de pesos mensuales por mantener a alguien preso en Puerto Montt. Los clientes aumentan y, como en la salud o la educación, la infraestructura del Estado es mínima. Todo un éxito de la Concertación en crear un nuevo nicho de negocios: La población penal en Chile pasó de 23 mil internos a inicios de los ’90 a más de 50.386 personas el 2008. Con la Reforma Procesal el negocio se ve promisorio.
O sea, en Chile el Estado gasta más teniendo a alguien preso en cárceles privadas que en becas educativas en todos los niveles de enseñanza.
El Ciudadano– Democracy Now!
LEA EL REPORTAJE DE EL CIUDADANO SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DE LAS CÁRCELES EN CHILE
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