Bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos se ha convertido en el símbolo de las sanciones unilaterales. Los adversarios y hasta sus propios amigos, como en el caso de Canadá, enfrentan una obsesiva aplicación de políticas unilaterales por parte de Washington. Esta vez le tocó a Nicaragua.
Hoy, en Managua, el diario El Nuevo Día informó que el Gobierno de Estados Unidos decidió revocar la visa de 21 funcionarios del Ejecutivo nicaragüense, por supuestas violaciones a los derechos humanos y presuntos actos de corrupción. El medio citó declaraciones del subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kenneth Merten.
«Hemos revocado 21 visados a funcionarios gubernamentales o a funcionarios que han sido responsables de este tipo de acciones», dijo Merten, quien no descartó que el presidente Trump continúe aplicando ese tipo de medidas.
Antes le tocó a otros 4 funcionarios
La semana pasada, Washington aplicó la llamada Ley Magnitsky a cuatro altos funcionarios: Roberto Rivas (entonces presidente del Poder Electoral), Francisco López (ahora expresidente de Petronic), Francisco Díaz (subdirector de la Policía Nacional) y Fidel Moreno (secretario general de la Alcaldía de Managua). Esa legislación la utiliza para congelar bienes y denegar visas a las personas a las que se les aplique.
El sancionado pasa, además, a integrar la lista de nacionales designados especialmente de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU.
Uno de estos cuatro funcionarios sancionados era el presidente de las juntas directivas de la Empresa Nicaragüense de Petróleo y la Empresa Nicaragüense de Minas, Francisco López, quien el miércoles renunció a ambos cargos, informó El Nuevo Diario.
Protestas en Nicaragua han tenido el signo de la violencia en muchas oportunidades. Foto: Agencias
La violencia en Nicaragua comenzó el 18 de abril pasado, cuando las autoridades reprimieron manifestaciones contra la modificación en el régimen de jubilaciones y pensiones. Días después, el Gobierno retrocedió en sus decisiones, pero la violencia por parte de grupos opositores se agravó.
El gobierno de Daniel Ortega asegura que la violencia es promovida por sectores opositores y denuncia la práctica de bloqueos de vías y rutas, que atenta contra la economía, el abastecimiento de bienes esenciales y el derecho al trabajo.
El diálogo nacional entre representantes del Gobierno y de la Alianza Cívica, opositores a la administración de Ortega, comenzó el 16 de mayo pasado, pero fue suspendido poco después por la Comisión de Mediación y Testigo de la Conferencia Episcopal, mediadora en esta instancia, por falta de consenso entre las partes.
Sin embargo, el diálogo fue retomado el 15 de junio pasado, luego de que la Conferencia Episcopal recibiera una respuesta del Gobierno a la propuesta de democratización que le había hecho.
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