El alcalde que se enfrentó a los mercaderes de la basura

La semana pasada se confirmó la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, tras un edicto del procurador general de Colombia, un fanático religioso que quemó libros en su juventud. La decisión se amparó por la devuelta del servicio de basura de la ciudad a la gestión pública y porque el proyecto de Bogotá Humana de Petro concitaba amplio apoyo popular y amenazaba la hegemonía de la derecha colombiana ¿Qué pasa cuando un alcalde se enfrenta a las mafias de la basura de la ciudad neoliberal?

Luego de tres meses de incertidumbre y de amplias movilizaciones de apoyo al caer la tarde del miércoles pasado el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, salió al balcón del Palacio del Liévano para despedirse de sus partidarios que abarrotaban la Plaza de Bolívar. Pocas horas antes, pese a haberse comprometido a acatar las medidas cautelares que exigió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pedían suspender la destitución impuesta por la Procuraduría contra el alcalde,  el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ratificó la sentencia del procurador, Alejandro Ordóñez.

En diciembre de 2013 el procurador Ordóñez removió a Petro justificando “tres faltas gravísimas”  cuando el ex alcalde traspasó el servicio de aseo de Bogotá de empresas privadas a gestión pública. Según la Procuraduría se violó la Ley de Servicios Públicos y “se vulneraron los principios constitucionales de libre empresa y competencia”. El castigo del procurador además inhabilita al ex alcalde a ejercer cargos públicos durante 15 años.

EL BOICOT DE LOS ‘OPERADORES’

Petro llegó a la alcaldía con un programa de gobierno que proponía restituir a lo público amplias áreas de la gestión municipal que en las últimas décadas la moda neoliberal convirtió en lucrativos negocios privados. La gestión de residuos de la ciudad de Bogotá era una de ellas, proporcionando ganancias en los últimos años de 120.000 millones de pesos al año colombianos (US$67 millones). Informes de la Contraloría de Colombia daban cuenta que los operadores del aseo cobraron $500 mil millones de más en la última década.

Basura Cero se llamó el modelo propuesto a la comunidad. Sus pilares eran estimular la  separación de basura en los domicilios, la planificación de las rutas del aseo, la gestión por parte de una empresa pública y un amplio apoyo a los recicladores, estimados en cerca de 15 mil personas.

En diciembre de 2012 mientras el alcalde negociaba la fecha del fin de la concesión a privados, las empresas Lime, Aseo Capital, Atesa y Ciudad Limpia se coludieron y de un día para otro dejaron de recoger la basura de las calles de Bogotá. Aún faltaban tres meses para que venciera el contrato y de un día para otro retiraron 700 camiones del servicio argumentando la necesidad de enviarlos a mantenimiento. En un sólo día dejaron de recoger entre 2 mil y 3 mil toneladas de desechos y la ciudad se transformó en un basural.

El alcalde se vio obligado a implementar un plan B ante una catástrofe ambiental. Así el Distrito arrendó 70 camiones compactadores y se vio obligado a comprar camiones de obra para que recolectaran la basura dispersa en las calles a través de la empresa pública Aguas de Bogotá.

Un año después, desde las oficinas de la Procuraduría fuertemente custodiada por policías antidisturbios, Alejandro Ordóñez dictó la sentencia que destituía a Petro por “la evidente crisis que sufrió la ciudad de Bogotá los días 18, 19 y 20 de diciembre (de 2012) por la absoluta incapacidad del Distrito en la prestación del servicio público de aseo”. Argumentó que el alcalde les entregó el servicio de aseo “a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad”.

La acusación fue más allá y sostiene que el hasta entonces edil mayor de Bogotá, debía ser destituido por su presunta participación y conocimiento en los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato, concierto para delinquir y tentativa de peculado.

Manifestación de apoyo a Gustavo Petro en plaza Bolívar

Según acusa el abogado Manuel Sánchez todo fue un boicot contra Petro, del que dice ser testigo.  Coincide con él abogado el contratista Emilio Tapia, quien también acusa que se trató de una estrategia para que desde el 18 de diciembre del 2012 la ciudad quedara sin recolección de basuras. Entrevistado por El Espectador, Tapia acusa que el complot fue organizado por contratistas, empresarios, concejales y órganos de control, como la  Contraloría.

Pese a que el mismo Petro llegó a acusar a Tapia como uno de los protagonistas del denominado carrusel de la contratación durante la gestión del ex alcalde Moreno, Tapia  comentó que “hubo un complot contra el alcalde de Bogotá. Por los intereses que tenían los operadores privados en su momento, éstos se juntaron para no aceptar del distrito la última prórroga que se les iba a hacer al contrato, con el fin de que se generara un caos en la recolección de basuras, caos que efectivamente se dio. Todo esto fue premeditado por los operadores privados”.

El objetivo era obligar al alcalde a seguir entregándoles el negocio de la basura por otros 7 años. “Como ellos eran conocedores de la normatividad ambiental, de la ciudad y del mercado que manejaban, sabían que no existía en Bogotá una capacidad de camiones con estas características para atender la necesidad de ese servicio. ¿Qué se pensó? Una estrategia: ‘la ciudad no aguanta tres días de basura. Con esto se tumba al alcalde’”- sostuvo el contratista a El Espectador.

Gustavo Petro

LA MAFIA DE LA BASURA

Detrás de las empresas de aseo de Bogotá están los empresarios William Vélez Sierra, del Grupo Ethuss, y Alberto Ríos, vinculado al Grupo Nule. El primero fue socio en 2008 del actual presidente Santos en el grupo empresarial ODINSA S.A, que recibió jugosos contratos durante la presidencia de Álvaro Uribe, de quien es amigo personal y financió su campaña. Según la revista Semana es “el más representativo de una nueva clase empresarial que se fortaleció en la era Uribe por cuenta de los grandes contratos con el Estado”.

El nicho de negocios del Grupo Ethuss es la tercerización de funciones que antes desarrollaban las empresas públicas. La basura entró al negocio cuando se privatizó el aseo público en Santa Marta. En pocos años se hizo con las concesiones del aseo en unos veinte municipios, como las ciudades de Barranquilla y Bogotá. También opera rellenos sanitarios y el alumbrado público en siete ciudades, como Cali, Popayán y Santa Marta. El negocio del grupo se ramificó en la era de Uribe con la privatización de servicios públicos, ganando varias concesiones de carreteras; parte del transporte público de Bogotá, el Transmilenio; el metro cable de Medellín y  la construcción y administración del aeropuerto capitalino de El Dorado. También se relaciona a William Vélez con los paramilitares, a quienes habría invitado a lavar dinero en sus negocios de rellenos sanitarios.

Otro es el Grupo Nule, reconocido por los colombianos por el escándalo denominado Carrusel de la Contratación, considerado uno de los más grandes de los últimos tiempos y que se adjudicó obras de la ciudad bajo el mandato del anterior alcalde de Bogotá, Samuel Moreno en 2010. A diferencia de la severidad con Petro, en este caso la sentencia del procurador Ordóñez fue inhabilitar a Moreno por sólo 12 meses.

EL CRUCIFIJO DEL PROCURADOR

Cuando el procurador Alejandro Ordóñez llegó en 2004 a ser presidente del Consejo de Estado su primera acción fue quitar el retrato de Francisco de Paula Santander, considerado el libertador de Colombia y forjador de las primeras leyes, para reemplazarlo por un crucifijo.

Ordóñez se tituló de abogado con la tesis titulada Presupuestos fundamentales del Estado Católico, en la que planteaba “la existencia de un derecho político católico y la necesidad de volver a él”.

En 2009 cuando fue elegido procurador, se llevó el crucifijo a su nueva oficina junto a otros varios, estampitas religiosas y ángeles de todos los colores y tamaños que abarrotaron su oficina y los pasillos contiguos. El procurador asiste cada domingo junto a su esposa a la iglesia de Los Sagrados Corazones de Jesús y de María, en el barrio La Soledad, donde se sigue la doctrina de Lefebvre y se celebra la misa en latín. En su casa tiene un cuarto especial para la oración, al que llama la ‘ermita’, también atiborrado de santos. Es tal su fanatismo religioso que cuando fue elegido procurador sus allegados sólo le regalaron santos y antes de cada reunión importante o una entrevista con la prensa dedica varios minutos a rezar y a encomendarse a San Benito o a San Juan de la Cruz.

Procurador Alejandro Ordóñez

El procurador milita en la secta católica ultraconservadora denominada la Orden de la Legitimidad Proscrita, comandada por Sixto Enrique de Borbón, primo exiliado del rey Juan Carlos de España y que reclama el trono de dicho país como descendiente de Felipe V de España. La Orden aún se refiere a Colombia como la Nueva Granada y el propio heredero reclamante del trono nombró a Ordóñez caballero junto al ex golpista uruguayo, Juan María Bordaberry, quien poco antes de morir fue a la cárcel por desapariciones forzadas y delitos de lesa humanidad. Enrique de Borbón ha dicho que “si existieran  cuatro hombres en el mundo como Alejandro sería otra cosa”.

El fanatismo religioso del procurador se incubó en el colegio San Pedro Claver de Bucaramanga donde estudió. Un día de la virgen junto a un grupo de compañeros quemaron revistas pornográficas y libros considerados ‘corruptores’ de la  Biblioteca Pública Gabriel Turbay. Entre los autores que fueron a la hoguera están Diego Hurtado de Mendoza, Gustave Flaubert, Víctor Hugo, Thomas Mann, Jean-Jacques Rousseau, Marcel Proust e, incluso, ‘Cien Años de Soledad’ de Gabriel García Márquez. Cuando fue consultado por su participación en la quema de libros, respondió que al igual que como muchos jóvenes tiran piedras y quiebran vidrios, junto a su grupo de amigos decidieron protestar a su manera.

Siendo joven fue presidente de las juventudes departamentales del Partido Conservador en Santander. Luego fue nombrado magistrado del Tribunal Administrativo del departamento e hizo carrera hasta posicionarse como consejero de Estado en 2000, donde llegó a ser presidente. Cuando el parlamento colombiano votó su candidatura al cargo de procurador, en un país asolado por la corrupción se vio con buenos ojos el temple de Ordóñez y resultó electo por 81 votos contra 1.

La carrera de Ordóñez está salpicada de cruzadas en las que ha sido protagonista: Demandó al director de la revista SoHo cuando publicaron una imagen en que políticos, artistas y periodistas representaban a los apóstoles de la última cena y la modelo Alejandra Azcárate a Jesús. También es un férreo opositor al aborto y hasta firmó con su mano y letra un comunicado de prensa de la Procuraduría para pedir anular un fallo de la Corte Constitucional que mandata al gobierno a educar a las adolescentes sobre sus derechos en temas sexuales. Según Ordóñez, el fallo de la corte ordenaba «diseñar campañas masivas de promoción del aborto».

El procurador ha usado su cargo para dejar en interregno otras decisiones de la Corte Constitucional, como la de 2006, que permitía el aborto en casos excepcionales, como la malformación del feto, embarazos producto de una violación o cuando peligra la vida o salud mental de la madre. Incluso ha desplegado su influencia para una reforma constitucional que prohíba el aborto sin excepciones.

Siguiendo su doctrina, combate desde la Procuraduría el matrimonio de personas del mismo sexo y la adopción de hijos por parte de personas de la diversidad sexual, pese a que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado ya determinaron que las parejas del mismo sexo también pueden constituir una familia.

Ordóñez además usa su cargo para oponerse a la tramitación de la ley que reglamentaría el derecho de los enfermos terminales a decidir sobre el final de sus vidas y a la despenalización de las drogas.

Hay consenso en la sociedad colombiana en el celo inquisitivo de Ordóñez como procurador, lo que afecta a políticos de todo el espectro. En su primer período destituyó a 828 alcaldes, 49 gobernadores y 23 congresistas. El cálculo, hecho por la revista Semana, concluye que descabezó un promedio de cuatro alcaldes a la semana y un gobernador al mes.

Así lo hizo con la ex senadora Piedad Córdoba, a quien prohibió ejercer cargos públicos por 18 años. Al igual que el caso de Petro se trata de un asesinato político. La acusación es haber “colaborado” con la guerrilla de las FARC cuando la ex parlamentaria negociaba la entrega de rehenes. Los defensores del procurador dicen que aplica las sanciones por igual, destacando que paralelo a la defenestración de Córdoba, hizo lo mismo con el secretario de la Presidencia de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno, por el escándalo de las escuchas ilegales del DAS, especie de policía secreta.

Pero cuando se trató de parapolíticos, como se llama en Colombia a los parlamentarios vinculados a los paramilitares, como las temibles Autodefensas Unidas de Colombia, Ordóñez pidió varias veces anular los procesos tras ser condenados por la Corte Suprema. Hizo la misma defensa con militares acusados de violaciones a los derechos humanos y guardó silencio frente al escándalo de los falsos positivos. Para amedrentar a los magistrados que investigaban la parapolítica les exigió que fueran junto a un representante de la Procuraduría a sus entrevistas con los jefes paramilitares extraditados en Estados Unidos. Cuando los fiscales y jueces rechazaron la exigencia, los amenazó con investigaciones disciplinarias.

La mano derecha del procurador es Juan Carlos Novoa Buendía, quien estuvo a cargo de la preparación de la destitución de Petro. Novoa es presidente de la asociación de juristas católicos y ha escrito textos jurídicos en lo que sostiene que los Derechos Humanos no son derechos jurídicos sino ideología.

En las manifestaciones de apoyo a Petro se vieron carteles que decían «Cría Ordóñez y te sacarán los ojos». Cuando Gustavo Petro era senador le dio el voto a Ordóñez en su candidatura a la Procuraduría.

CUANDO LA IZQUIERDA SE ACERCA AL PODER

Tras la destitución de Petro en las redes sociales no pocos compararon lo sucedido al alcalde de los Progresistas con la destitución del alcalde de Bogotá Jorge Eliecer Gaitán en 1937 y quien más tarde, como candidato a la presidencia fue asesinado. El mismo Petro sostuvo que “cuando de la izquierda se trata, el voto en Colombia no parece tener validez”.

Una de las imágenes que circuló en twitter

Un comunicado reciente de las FARC acusa de que la decisión del procurador es un golpe grave contra el proceso de paz llevado en La Habana. «De un solo plumazo, Ordóñez nos dio a los alzados en armas una lección sobre lo que para la oligarquía significa la democracia en Colombia, y sobre las nulas garantías para ejercer un ejercicio político independiente»- fue la declaración del grupo guerrillero.

La memoria retrotrae a los colombianos a principios de los ’90, cuando el movimiento armado M-19, al que perteneció el mismo Petro, dejó las armas y se convirtió en partido político. En pocos meses su más lúcidos y prometedores dirigentes cayeron asesinados por las balas del paramilitarismo de extrema derecha.

Las mismas balas son las que hoy siguen acabando con varios dirigentes sindicales o campesinos. En un hecho reciente, Gerson Jair Martínez, joven artista graffitero, músico hip hop y simpatizante de la Bogotá Humana de Petro en la localidad de San Cristóbal, fue asesinado con dos balazos.

EL RESPALDO A BOGOTÁ HUMANA

Petro llegó a la alcaldía con el 32 por ciento de los votos. Las encuestas recientes decían que el 62 por ciento de la población bogotana le daba su respaldo. Efectivamente el proyecto Bogotá Humana del ex miembro del M-19, caló hondo en la sociedad colombiana y prometía ser un potente candidato presidencial en un país desde hace décadas gobernado por gobiernos de derecha y neoliberales.

La gestión de Petro se caracterizó por restituir el valor de lo público bajo el principio de una eficiente gestión. Los grandes conglomerados que en las últimas décadas han hecho negocios con los servicios públicos tercerizados se volvieron sus principales enemigos.

Bogotá Humana era un peligro real para los sectores conservadores por su capacidad de articular políticas públicas desde diferentes sensibilidades. La izquierda colombiana, animalistas, la diversidad sexual (Petro designó transexuales en importantes cargos de su gestión), los colectivos por otra política de drogas y, sobre todo, los pobres, se vieron identificados con sus políticas.

Tras la gestión de Petro, Bogotá hoy registra la tasa de homicidios más baja de los últimos 30 años (16,7 homicidios por cada 100 mil habitantes). También inauguró los  Camad (Centros de Atención Médica para Drogadictos) para adictos al crack que proponían una política de reducción de daños. Uno de sus enemigos declarados fue el procurador Ordóñez, quien aseguró que el alcalde “se la fumó verde”.

También el procurador como fanático de las corridas de toro resintió el cierre de la plaza de toros La Santamaría. La alcaldía suspendió el festín de sangre de la tauromaquia argumentando que se trataba de maltrato animal en junio de 2012. Desde entonces se destinó la plaza para espectáculos artísticos.

Petro contemplaba una completa remodelación del centro de la ciudad, abrió ciclovías, estableció un sistema de préstamo de bicicletas en el centro y cerró calles al uso de automóviles. También tenía en mente edificar en el sector sur de la ciudad, uno de los más populares, una universidad para ampliar la matrícula para esos sectores; completar la formación de policías en las universidades y triplicó el sueldo de los funcionarios de la salud pública.

Otra gran polémica de Petro fue su propuesta Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que contemplaba construir 70 mil viviendas de interés prioritario (30 mil para personas vulnerables y 40 mil para víctimas de la violencia), la mitad de ellas ubicadas en el centro de la ciudad. Su plan exigía que todo nuevo proyecto habitacional contemplara al menos un 30 por ciento para viviendas populares: Una afrenta para la especulación inmobiliaria. El POT lo llevó a enfrentarse con el concejo municipal e incluso ser el blanco de una junta de firmas para un referéndum revocatorio.

LA REARTICULACIÓN EN ASAMBLEAS PARA UNA CONSTITUYENTE

Tras años de miedo, represión, guerra, desplazamientos forzados y planificación neoliberal, la sociedad colombiana está despertando. Las manifestaciones campesinas de agosto de 2013 que sacudieron el país y las estudiantiles en contra de la reforma de la Ley 30 de educación son fenómenos que no se veían en décadas en Colombia.

Antes del Paro Nacional Agrario, salir a marchar por derechos sociales significaba se  estigmatizado hasta como guerrillero tras los largos años del gobierno de Uribe.

La salida formulada por Petro a su asesinato político es convocar a los pueblos de Colombia a una Asamblea Nacional Constituyente. En el camino presentarán candidatos a las elecciones para la alcaldía de Bogotá a realizarse en junio próximo. “El Alcalde va a salir de esa oficina y se va a instalar en los barrios populares en el sur de la ciudad, quien usurpa se va a sentar en mi escritorio y va a sentir la soledad del pueblo”- sostuvo Petro en su discurso de despedida.

Llamó a declararse en asamblea permanente y no cansarse de la movilización popular a las 60 mil personas que la noche del miércoles fueron a despedirlo. Y parece que convoca, porque después del 13 de diciembre, día de la destitución, decenas de miles de bogotanos protagonizaron cinco días de movilizaciones masivas sin ningún hecho de violencia.

Mauricio Becerra R.

@kalidoscop

El Ciudadano