El ascenso del imperio de la plutocracia: nuevas investigaciones muestran el increíble dominio de las grandes élites internacionales

Por Sean McElwee

Ya sabemos que el gobierno norteamericano tan solo cumple los deseos de unos pocos, pero, ¿qué pasa con otros países?

Desde los inicios de la democracia, existe un áspero debate sobre el grado de atención que los políticos prestan a las necesidades de sus votantes. Aunque este debate se remonta a siglos atrás, no ha sido hasta hace poco que los académicos han podido servirse de datos reales para analizar si los legisladores representan adecuadamente a las personas a las que aparentemente sirven. Hasta el momento, la evidencia muestra que la realidad no es tal y dos respetados académicos sostienen que »las prioridades del americano medio parecen tener un impacto minúsculo, casi nulo, en las políticas públicas».

Así es cómo se dice, en lenguaje académico, que la democracia americana es una broma.

Gran parte de los estudios y casi la totalidad de la cobertura informativa relacionadas con este tema se centran en el caso de los Estados Unidos. En un nuevo documento de trabajo, un politólogo destacado en este campo, Larry Bartels, ha ampliado su investigación con el objetivo de explorar la relación entre las prioridades del pueblo y las de sus políticos en la escena internacional. En primer lugar, Bartels ha descubierto que, en diferentes países sobre los cuales existen datos que se remontan a más de dos décadas, incluidos los Estados Unidos, la sociedad reclama cada vez más un sistema de protección mejor. De hecho, en los Estados Unidos, el apoyo a un gasto social mayor ha sido el que más ha aumentado.

Para alcanzar esta conclusión, Bartels ha realizado una encuesta en la que pide a los ciudadanos que indiquen en qué ámbito desearían que hubiese una mayor inversión pública, teniendo en cuenta que para aumentar los gastos del gobierno quizás sea necesaria una subida de impuestos. A pesar de que el Programa Internacional de Encuestas Sociales (ISSP, por sus siglas en inglés) establece ocho sectores de gasto, Bartels se centra en cuatro: pensiones, sanidad, subsidios por desempleo y educación.

Aunque, a primera vista, parece que los políticos se ajustan a los cambios en las preferencias de los ciudadanos, Bartels ha mostrado que en la realidad, estos cambios son endógenos.

Cuando Bartels examina los datos relacionados con el crecimiento económico y el desempleo, la relación aparente entre la opinión pública y el gasto del gobierno deja de existir. (Véase la línea de puntos en el gráfico que se muestra a continuación).

Bartels ha encontrado enormes diferencias en las prioridades de gasto social, recortes presupuestarios y »valores del Estado del bienestar», entre personas ricas y pobres. Para determinar el apoyo social a las reducciones de gasto público, Bartels empleó una pregunta en la que presentaba los recortes presupuestarios como »algo que el gobierno debe hacer por la economía». A lo que Bartels se refiere con »valores del Estado del bienestar» es lo siguiente: »En general, ¿cree usted que debería recaer sobre el gobierno la responsabilidad de proporcionar un empleo a cada persona que lo desee?» y »En general, ¿cree que es responsabilidad del gobierno reducir los desequilibrios de renta entre ricos y pobres?»

Tal como muestra el cuadro, los ricos se muestran más reacios al gasto público, apoyan los recortes presupuestarios y se oponen a que el gobierno garantice un empleo y reduzca la desigualdad (»valores del Estado de bienestar»).

Los Estados Unidos son un país líder en lucha de clases, ya que en él se observa el mayor nivel de desequilibrio entre las preferencias de ricos y pobres sobre gasto social, el segundo mayor nivel con respecto a los recortes presupuestarios (solo en Finlandia se experimenta una diferencia mayor) y el cuarto mayor nivel de desequilibrio en lo referente a los valores del Estado del bienestar (tras los Países Bajos, Suecia y Nueva Zelanda). Los datos de los países nórdicos también revelaron grandes divergencias de opiniones, lo cual sugiere que muchas de las personas más pudientes creen que sus gobiernos han ido demasiado lejos en la reducción de la desigualdad y en la prestación de servicios públicos.

Tan solo en un país, Corea del Sur, los ricos, en mayor medida que los pobres, abogan por un gasto social más alto. En todos los países, la parte de la población más adinerada muestra un menor apoyo a los »valores del Estado del bienestar» que la parte más pobre.

Al comparar las preferencias políticas de ricos y pobres con los resultados políticos reales (con controles), Bartels llegó a una conclusión alarmante: las prioridades de las personas de menor renta no tienen prácticamente efecto sobre los resultados políticos.

En ese momento, Bartels, mediante una contribución profundamente insólita y trascendental a los estudios académicos, calculó cuál sería el efecto de una representación igualitaria sobre el gasto social. Empleó estos cálculos para inferir que, en contraposición, la representatividad tendenciosa reduce el gasto social real per cápita en un 28 % de media. En el caso de los Estados Unidos, reveló que esta diferencia rondaría el 40 %.

Dicho de otro modo, el gasto social en los Estados Unidos es un 40 % menor de lo que sería si los responsables políticos no atendiesen de manera desproporcionada a los intereses de los ricos.

Un estudio realizado por el investigador Derek A Epp, que actualmente está siendo revisado, sugiere una posible causa del problema: »Durante los periodos de grandes desigualdades, el gobierno lleva a cabo menos actividades políticas y sobre un conjunto de temas más reducido». Además, muestra que la redistribución es uno de los primeros asuntos en desaparecer de la agenda. Esto concuerda en gran medida con los estudios de un grupo de politólogos que demostraron que el anquilosamiento de la política ha reducido la capacidad de los gobiernos para atajar la creciente desigualdad.

Además, tal como he indicado, las agendas de los ricos y las de los pobres son diferentes. Los ciudadanos pobres o de clase media tienden a preocuparse más por asuntos relacionados con la redistribución, como son la pobreza y el salario mínimo. Los órganos legislativos sufren cada vez más presión y confían en leyes precocinadas por organizaciones como la ALEC (ONG norteamericana compuesta por políticos conservadores y representantes del sector privado cuyo objetivo es proponer textos legislativos a los gobiernos de los Estados norteamericanos) y buscan ayuda en los grupos de interés y en los lobistas para el análisis y la redacción del Derecho.

Lee Drutman ha defendido este argumento de manera frecuente y rotunda, destacando »que el gasto en personal de las dos cámaras legislativas de los Estados Unidos juntas (2.000 millones USD al año) es menor que el gasto que las grandes empresas dedican a hacer presión sobre los políticos (2.600 millones USD al año). El resultado de esto es obvio: la desigualdad económica tan solo fortalece (aún más) el poder de los que ya son ricos y por consiguiente se crea este ciclo retroalimentario. Según señala Drutman, la solución es igualmente obvia: reforzar la capacidad legislativa mediante el aumento de personal y salario. A nivel de los Estados norteamericanos, se necesitan legisladores profesionalizados. Aunque la posibilidad de que ciudadanos puedan convertirse en legisladores a tiempo parcial suene bien, los estudios sugieren que no consiguen representar a sus electores.

Los trabajos de investigación sobre la desigualdad y la democracia continúan multiplicándose, así como otros estudios que tratan temas raciales, de género y de las interacciones entre raza y género. Asimismo, los estudios, cada vez más, apuntan a las élites que financian a los partidos, a la participación diferencial y a la creciente desigualdad económica como explicaciones a esta representación desigual.

La solución es fácil de imaginar, pero más difícil de llevar a la práctica. Los sindicatos promueven la igualdad tanto económica como política, y estas fomentan el aumento de los salarios de los trabajadores y movilizan políticamente a la clase media en favor de sus intereses. En los Estados Unidos, la puesta en marcha de registro automático de votantes junto con campañas imparciales de fomento de la participación supondría el camino más viable para hacer que los ciudadanos que no suelen acudir a las urnas ejerzan su derecho a voto.

La divulgación de las donaciones de campaña a partidos políticos, una fuente de financiación pública de las elecciones y límites a la capacidad de las grandes empresas e individuos ricos de influir en las elecciones podrían aliviar la influencia generalizada del dinero sobre la política.

Porque en realidad, la opinión pública apoya las políticas de reducción del poder y de la influencia de las élites sobre los poderes públicos. (Los gráficos de arriba muestran el apoyo neto extraído de la proporción de personas en contra de estas políticas en contraposición al porcentaje de apoyos). Este problema, por supuesto, está provocando que los políticos caigan demasiado hondo en la influencia de intereses poderosos, como para que se aprueben leyes que limiten la influencia estos sobre la política.

Sean McElwee es un investigador de Demos.

visto en Bitácora.com