“El centralismo y la concentración económica han tocado fondo en el país”

“Hemos estado tratando de que se realice el Plan de Zonas Extremas, que se cumplan los compromisos que asumimos en conjunto con la presidenta de la República y sacar adelante algunas iniciativas de ley, como generar una planificación del territorio y el mar participativa y vinculante”, señala el senador independiente Antonio Horvath Kiss al abrir la conversación sostenida con nuestro medio en su oficina parlamentaria de Santiago.

-¿Qué evaluación hace de los resultados obtenidos por la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización respecto del cumplimiento de la agenda por parte del gobierno?

-“Concuerdo que las conclusiones de la Comisión Asesora Presidencial se han ido como desvirtuando, entre comillas, en las propuestas legislativas y modificaciones que se le han hecho, y eso es por una mentalidad centralista que está inculcada en el ADN del país. Sin embargo, se puede mejorar desde el punto de vista del quehacer parlamentario. Hay dos iniciativas, una en la Cámara de Diputados y que tiene que ver con las facultades que se les entregan a los gobiernos regionales, y otra en el Senado, como es la elección directa de los intendentes. Lo que más ruido ha provocado es la figura del Gobernador Provincial como representante del presidente de la República. Hay que acotarle sus facultades y empoderar más a los gobiernos regionales, ahí está la clave, que los parlamentarios también representen a sus regiones, porque a veces no necesariamente responden a los anhelos regionalistas. Yo creo que el centralismo y la concentración económica han tocado fondo en el país, y si esto sigue las regiones se van a ir convirtiendo cada vez más en zonas de sacrificio, echando a perder la calidad de vida de las personas”.

-¿Qué le parece la resolución del Tribunal Ambiental confirmando que el proyecto de río Cuervo cumple con el marco regulatorio?

-“Creo que el proyecto, pese a que ha avanzado en el Sistema de Evaluación Ambiental, tiene que ser modificado por estar situado en un área de riesgo como es la falla geológica más grande de Chile, la Liquiñe-Ofqui, en una zona volcánicamente activa. Por otro lado, la empresa ha anunciado que va a cambiar el tendido por un cable submarino, lo está estudiando y si es así me parece un avance”.

-¿Y respecto de la situación derivada de posibles concesiones salmoneras respecto de su impacto ambiental?

-“Como presidente de la Comisión de Pesca logramos la zonificación del borde costero por ley, estableciendo barreras sanitarias y una serie de normas biológicas para sacar a las salmoneras de lugares que no corresponden. La salmonicultura debe constreñirse a lo que la zonificación establece y no seguirse expandiendo, deben hacerse cargo de los pasivos ambientales que han ido generando y reforzarse la fiscalización y las sanciones. Pero la salmonicultura zonificada y con normas sanitarias como corresponde es perfectamente posible. Sin embargo, creo que es muy importante distinguir entre acuicultura y salmonicultura. En el caso de Tortel, me parece que es una gran oportunidad para hacer acuicultura de especies propias. La acuicultura de especies nativas va a ser el nuevo cobre de Chile”.

-En el contexto de los impactos socio-ambientales generados por este tipo intervenciones, además de aquellos generados por la minería, ¿qué opinión tiene acerca de la eventual situación que podrían enfrentar los glaciares Calluqueo y Cerro Castillo?

-“Yo soy autor de una ley del año ‘96, que está aprobada por el Senado y permanece trancada desde hace dos gobiernos atrás por presiones del sector minero. Hoy en día esta avanzando una ley paralela en la Cámara de Diputados, en la que se firmó un acuerdo con el gobierno para impulsar este proyecto, y en la cual logramos incluir la protección de glaciares para hacer obligatorio los estudios de impacto ambiental correspondientes. Los glaciares no se pueden remover, por lo tanto al menos los más connotados tienen que quedar como áreas protegidas. En el caso de que la minería entre en alguna interrelación con ellos, debe hacerlo de una manera que no los afecte. En el caso de Aysén, se debe cumplir con mayor razón esto por la condición que tiene la región como patrimonio de la humanidad”.

-Senador, como entonces presidente de la Comisión de Pesca del Senado, ¿cómo recibe los cuestionamientos a partir de la publicación hecha por Navarro en la que Ud. aparece con aportes superiores a $ 58 millones?

-“Navarro mezcló peras con manzanas. Él liga la Ley de Pesca promulgada en 2012-2013 con los aportes reservados percibidos por las campañas en 2009. Nadie podría relacionar con 4 años de anticipación el pronóstico de una nueva ley. Ese es el error. Creo que se equivocó. Nosotros no podemos saber quién hizo estos aportes, los partidos corren el platillo por distintos sectores. Logramos muchas cosas en esa Ley de Pesca, sacamos la mejor ley posible. Pero decir que como comisión estábamos comprados por la industria pesquera me parece no solo falso, sino grave. Ahora, si se demuestra que algún parlamentario votó influenciado por alguna empresa, yo estoy de acuerdo que esos artículos deben ser cambiados, pero para una derogación completa de la ley habría que demostrar que todo el Congreso estaba comprado”.

-¿Tiene legitimidad social el Parlamento para liderar un proceso constituyente ante este tipo de episodios, más otros como la propuesta para mejorar las paupérrimas pensiones de los jubilados hipotecando sus casas, el rechazo transversal a la baja de la dieta dentro de un contexto de enormes inequidades, etc.?

-“Más que tener o no legitimidad, soy partidario de una Asamblea Constituyente porque estimo que el aporte de la ciudadanía en este sentido es muy importante. Nosotros tenemos instancias de participación ciudadana que son muy formales, pero después las decisiones no son vinculantes y eso genera frustración ciudadana. Deben ser no sólo para elegir representantes, sino también para incluirlos en la gestión de su entorno. Yo creo que es relevante que cada región de Chile elija a constituyentes de trayectoria, de distinta naturaleza, sobre cuyos aportes y propuestas tenga una opinión el Legislativo, el Ejecutivo, y que eso sea sometido a plebiscito. Ese es el camino y la presidenta no se cierra a esa posibilidad”.