¿El dinero lo puede todo?: Los casos de Jordhy Thompson y Eduardo Macaya

El día miércoles 20 de diciembre, se dio a conocer una decisión del Juzgado de Garantía, en la que se le permitía a Jordhy Thompson hacer abandono del país, dejando de lado el arraigo nacional que se le había impuesto, cumpliendo con el pago de una fianza que ascendía a los 100 millones de pesos.

Tras esta medida, salió al paso la integrante de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputadas y Diputados, Marisela Santibáñez, quién mediante una publicación en su cuenta de “X”, dijo: “¿Parece premio? Jordhy Thompson parte a Rusia y logra suspender su arraigo a cambio de un millonario pago. Arraigo que es debido a un femicidio frustrado. Hoy, la seguridad de las mujeres es mi prioridad, no podemos seguir aguantando”.

Otra de las figuras políticas que no se pudo quedar al margen de esta polémica, fue la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, quien señaló que “aquí no estamos hablando de una carrera futbolística, sino que estamos hablando de la vida de una mujer y, por lo tanto, debiera ser esa la medida central en la que se evalúen las decisiones”.

Este polémico caso, en el que se suspenden medidas cautelares con el pago de una millonaria suma de dinero, hace recordar un episodio que contiene una cercana similitud con lo ocurrido con Eduardo Macaya, uno de los mayores empresarios de la sexta región y padre del presidente de la UDI, Javier Macaya. El cual se encontraba en prisión preventiva a mediados de este año, acusado como autor de una serie de delitos de abuso sexual impropio y que luego de pagar $150 millones en el Juzgado de Garantía de San Fernando, quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario.

Situación que criticó el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, apuntando a la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua por revocar la prisión preventiva en este tipo de delitos graves. Recordando que en cinco oportunidades se le negó modificar la medida cautelar de prisión preventiva al imputado.

Aunque en el caso del futbolista de 19 años, aún no se hace efectivo el pago de los 100 millones de pesos, los cuestionamientos sobre estas millonarias fianzas ofrecidas a figuras públicas de nuestro país, que, en la mayoría de los casos, cuentan con los recursos para pasar por alto medidas cautelares que se les imponen desde un principio, siempre son un tema en la discusión pública debido a que generan un sentimiento de desigualdad ante la justicia ante las oportunidades con las que cuentan estos.