El exterminio de la diversidad

Tras 20 años de gobiernos democráticos, existen menos medios de comunicación y menos diversos de los que existían al final de la dictadura de Pinochet. Es casi increíble que a casi 20 años de ejercicio de las libertades públicas, la prensa escrita esté dominada casi exclusivamente por las dos únicas empresas periodísticas que Pinochet no clausuró al instaurar la dictadura militar.

Es difícil hacer un balance “objetivo” sobre la evolución de la prensa y la libertad de expresión en 20 años de gobiernos de la Concertación porque, inevitablemente, la memoria pone en primer lugar los recuerdos más frescos.

En este caso, la cobertura de los medios de comunicación al terremoto que acaba de ocurrir. La televisión, el medio preferido por los chilenos para informarse, transformó el cubrimiento de un hecho de enormes consecuencias sociales, políticas, económicas y sicológicas, en un espectáculo sensacionalista.

Tal vez motivados por la búsqueda del rating, tal vez porque están encadenados a prácticas de las que no han podido desprenderse a tiempo, los departamentos de prensa entregaron información que parece haber aumentado la sensación de pánico en la población ya suficientemente atemorizada.

Parece ser uno de los resultados de la dirección que han tomado los medios de comunicación en los últimos 20 años.

LO BUENO

La progresiva, aunque lenta, eliminación de las barreras legales para el ejercicio de la libertad de prensa y de información, y las aún más recientes leyes para garantizar la transparencia de los actos públicos, ha sido el mayor aporte de los cuatro gobiernos concertacionistas.

Cuando asumió Patricio Aylwin existía una nutrida batería de leyes y artimañas para perseguir periodistas y limitar la difusión de información, que se usaron muchas veces.

El Libro Negro de la Justicia Chilena fue publicado y confiscado en 1999, aludiendo a una provisión de la Ley de Seguridad del Estado. Para entonces, más de treinta personas, principalmente periodistas, habían sido acusados de violar esa norma y cuatro libros ya habían sido prohibidos y confiscados.

A partir de la derogación de gran parte de esas normas en el Gobierno de Ricardo Lagos, el uso de leyes para impedir la circulación de información y opinión en torno a las figuras públicas se ha reducido drásticamente. Desde que asumió Michelle Bachelet no volvieron a usarse y, por el contrario, se dictaron leyes para garantizar la transparencia de los actos y documentos públicos.

Al amparo de mayores márgenes de libertad –aunque, por cierto, no exclusivamente gracias a ellos- se han fortalecido experimentos periodísticos impensados al comienzo de la transición, como The Clinic. La barrera de lo que puede decirse y de hasta dónde se puede investigar a las autoridades públicas se ha corrido en favor de los ciudadanos.

LO MALO

La ampliación de la libertad jurídica para el ejercicio de la libertad de prensa y expresión ha ido de la mano de una paradójica reducción de la diversidad en los medios de comunicación.

Es casi increíble que a casi 20 años de ejercicio de las libertades públicas, la prensa escrita esté dominada casi exclusivamente por las dos únicas empresas periodísticas que Pinochet no clausuró al instaurar la dictadura militar.

Como dice mi buen amigo Roberto Garretón, los diarios del Bando Número 5 (el que los autorizó a seguir circulando) son los que hoy en día, más saludables que nunca, siguen definiendo lo que nos debe o no importar a los chilenos.

Sin necesidad de abundar en ello, es bastante evidente que esa peculiaridad no se debe sólo a las leyes del mercado. La Tercera y El Mercurio –hoy a la cabeza de conglomerados comunicacionales- fueron beneficiados por el perdonazo de la deuda que tenían con el entonces Banco del Estado, justo cuando terminaba la dictadura.

Pero, además, los cuatro gobiernos de la Concertación publicaron la publicidad del Estado casi exclusivamente en sus páginas. Eso, más que subsidiar a los grandes medios –que probablemente estarían bien con la publicidad privada- ha perjudicado a los medios que han intentado erigirse en el mismo mercado.

Los medios alternativos, algunos de los cuales han alcanzado importantes niveles de circulación, no fueron escuchados en su demanda de recibir publicidad estatal al menos en proporción a la audiencia que han servido y así han ido quedando en el camino los diarios La Época y Fortín Mapocho, y numerosas revistas, como Plan B y Siete Más Siete.

Los medios escritos que han nacido y sobrevivido –como The Clinic o El Ciudadano– lo hacen, en gran parte, a costa de las precarias condiciones laborales de sus trabajadores.

La publicidad privada, en este caso, se comporta en contra de las leyes del mercado y se ha resistido monolítica y sistemáticamente a publicar sus avisos en medios que no son del gusto político o estético de sus propietarios, indiferentes a la salud de la circulación de algunos de los medios alternativos.

Para decirlo en chileno: prefieren poner sus avisos en la revista Qué Pasa, cuya circulación es paupérrima, antes que en The Clinic, aunque éste la supera con largueza.

Resultado: Tras 20 años de gobiernos democráticos, existen menos medios de comunicación y menos diversos de los que existían al final de la dictadura de Pinochet.

En el ámbito televisivo, el panorama no es mucho mejor. Nuestro canal estatal está obligado a regirse por las leyes del mercado y del rating, y ha abandonado cualquier pretensión de intentar difundir en sus pantallas contenido con un sentido público.

En radio hay mayor diversidad –desde Agricultura a radio Bío-Bío-, pero las presiones de fusión han ido eliminando en forma progresiva las estaciones regionales. Además, existe un infranqueable boicot de las grandes radios hacia las radios comunitarias, que les impide aceptar avisaje y, por lo tanto, prosperar.

LO PENDIENTE

Afortunadamente la revolución digital amenaza con poner de cabeza este sistema y con romper los monopolios informativos. Hoy el costo de producir y difundir información está a la mano de cualquiera con un computador y una conexión a Internet. La proliferación de voces y puntos de vista es inevitable.

Y una muestra es lo que ha ocurrido con el terremoto del 27 de febrero. Las redes sociales han sido mucho más efectivas para organizar la ayuda, para buscar y encontrar personas desaparecidas, para hacer denuncias, que cualquiera de los medios formales actualmente en circulación.

Lo pendiente es el diseño de una política de comunicaciones democráticas que permita el acceso equitativo a las nuevas tecnologías y a las posibilidades de comunicación que ofrecen.

Está pendiente una política estatal –que no es lo mismo que “gubernamental”-, de promoción de las libertades de expresión y de prensa, reconociendo que el Estado debe garantizar el ejercicio de estos derechos a todos los chilenos y chilenas.

Por Alejandra Matus Acuña

La autora es periodista, ha escrito El Libro Negro de la Justicia Chilena, censurado y por el cual debió exiliarse dos años; Crimen con Castigo, sobre el asesinato de Orlando Letelier, e Injusticia Duradera, sobre el estado de la libertad de expresión en Chile.

Fotografía: Conferencia de prensa gripe porcina, Minsal 2007. Por Álvaro Hoppe