El mensaje directo del Gobierno: Se necesitan siete votos, ¿conversemos?

Jorge Abbott

Luego que la Presidenta Michelle Bachelet revelara desde Quito que su elegido como Fiscal Nacional era el abogado Jorge Abbott Charme, no solo comenzó a correr el plazo legal de 10 días para verificar la respectiva votación en el Senado, también ese día se abrió la ‘temporada de caza’ de votos opositores.

En rigor, de un espectro de 21 votos posibles, el Gobierno solo tiene 18 preferencias aseguradas, tras la decisión de los senadores Fulvio Rossi, Jorge Pizarro y Carlos Montes de restarse, por diversas razones, de la sesión que deberá ratificar o rechazar al ungido de la Mandataria. La ratificación del abogado que ejercerá el cargo de Fiscal Nacional por los próximos ocho años, requiere el acuerdo de dos tercios de los senadores en ejercicio, esto es, de los 37 parlamentarios –descontado el senador Carlos Bianchi, quien se encuentra desaforado para responder una querella del CDE– se necesitan 25 votos. De los 37 senadores habilitados para sufragar, ya se han marginado cuatro: Fulvio Rossi (por su vinculación con el caso SQM), Iván Moreira (por su participación en el caso Penta), Jorge Pizarro (debido a la investigación de la que son objeto sus hijos, en el marco del caso SQM), y Carlos Montes (quien se restó por ser padre de un fiscal regional).

Así las cosas, la Nueva Mayoría –más los independientes Pedro Araya y Alejandro Guillier– podría aportar un máximo de 18 sufragios en la votación por el nuevo Fiscal. Ello hace necesario salir a buscar siete voluntades en la oposición. ¿De dónde pensará el Ejecutivo sacar esos siete votos para asegurar al sucesor de Sabas Chahuán? La pregunta tiene sentido considerando que la opción de Bachelet no representa a los honorables de ambos bloques, los cuales coincidían en el fiscal José Morales.

Sin duda, la decisión comunicada desde Ecuador por la Presidenta desordenó el tablero de los consensos entre oficialismo y oposición. De hecho, el elegido por La Moneda no coincide con las preferencias expresadas en los días previos por los senadores, tanto de la Nueva Mayoría como de la Alianza. Tras el bochorno que significó para el Gobierno el rechazo de Enrique Rajevic como Contralor, el Ejecutivo evaluó la sensibilidad que producía en uno y otro lado cada uno de los cinco candidatos a Fiscal Nacional propuestos por la Corte Suprema a Bachelet, sin que ello implicara la completa adhesión de la Jefa de Estado, asunto que con el correr de las horas los parlamentarios entendieron de otra forma.

Pocos días antes que la Mandataria diera a conocer a su elegido, ya circulaba entre pasillos el nombre  de otro integrante de la quina: José Morales, jefe de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, cuestión que, incluso, reconocieron los senadores (RN) Alberto Espina y (UDI) Juan Antonio Coloma. Del mismo modo, tanto la DC, el PPD y el PS también pusieron sus fichas en Morales.

Tamaño consenso habría incomodado a Michelle Bachelet y activado sus sospechas de que el mundo político busca una especie de ‘punto final’ a las investigaciones por financiamiento irregular de la política, lo que la llevó a inclinarse por Abbott –quien como ex fiscal de Valparaíso investigó a varios parlamentarios por uso indebido de sus asignaciones–, decisión que, no obstante, podría costarle muy cara a la hora de conseguir los siete votos que requiere para ponerlo al frente del Ministerio Público, toda vez que la mesa ya estaba puesta para el fiscal Morales: el candidato de todos.

‘En las conversaciones informales que lideraron Coloma en la UDI y Espina en RN hubo coincidencia en que Morales daba más garantías en el manejo de las investigaciones sobre políticos, partiendo por el tema de las filtraciones (…) los senadores de oposición descartaron rápidamente a Abbott como carta de respaldo, sobre todo porque representa la continuidad de la conducción de Sabas Chahuán, con quien han tenido públicos desencuentros’, asegura La Tercera.

‘En el Congreso admiten –según el matutino– que Morales fue uno de los fiscales que desplegaron uno de los lobbys más intensos. Aun antes de ser incluido en la quina, Morales había asistido a una cena en casa del senador PPD Guido Girardi, en la que dio a conocer su visión de lo que debería ser el papel del Ministerio Público, misma que ya había expuesto también en reservados encuentros con parlamentarios y dirigentes de casi todos los otros partidos’.

‘En esos encuentros, coordinados por abogados y otros cercanos a Morales, éste aseguró que tenía una visión crítica del trabajo realizado por el Ministerio Público en algunos casos de financiamiento irregular de la política que han conmocionado a la opinión pública. El propio fiscal de Alta Complejidad había sincerado que sus desencuentros con Carlos Gajardo y Mauricio Norambuena eran ampliamente conocidos y que él no descartaba que su eventual nominación pudiera llevarlos a renunciar al organismo (…) Bajo esa premisa –que no pocos en el Congreso interpretaban como una ventana para empezar a encauzar las investigaciones por el financiamiento irregular de campañas– empezó a tomar fuerza la idea de que Morales era el candidato que más garantías brindaba para un correcto manejo del Ministerio Público’.

Complicada votación

De los ocho senadores en ejercicio que tiene la UDI, y mientras Jaime Orpis no se inhabilite (debido a su vinculación con el caso Corpesca), hasta el momento solo habría que restar a Iván Moreira; por tanto, cabe preguntarse quién de los restantes estaría dispuesto a levantar la mano por Jorge Abbott, a sabiendas que el jurista no estaba dentro de las alternativas para el partido opositor. De manera que contar con uno o más votos del gremialismo, no solo es de una ingenuidad inexcusable del Gobierno, sino, al menos, sospechoso. ¿Cuánto estará dispuesto a pagar el Ejecutivo por algún voto UDI?, ¿acaso llegó la hora de la impunidad pactada?

Si el apoyo que se requiere no está en el partido de Jaime Guzmán, las miradas de los ministros de Justicia y de Interior –encargados de la negociación– se volcarán hacia Renovación Nacional, donde, de los seis senadores, solo aparecen tres aptos para levantar el dedo por Abbott (Espina, Chahuán y Prokurica). Allamand, Ossandón y García Ruminot son más duros, pero no irracionales.

Hasta el momento, de los siete votos que se requieren para tener nuevo Fiscal, al parecer, RN solo podría ponerse con tres. Aún faltan cuatro. ¿Qué pasa con los independientes Lily Pérez y Antonio Horvath? La primera ya votó en contra de Rajevic para Contralor, por lo que no tendría ningún problema en descartar al favorito de La Moneda para la Fiscalía. Por su parte, el senador por Aysén ya demostró que se puede abstener, como hizo el miércoles en la votación del Contralor.

¿De dónde van a salir los siete votos que se necesitan para alcanzar los dos tercios del Senado (25 sufragios)? Si la respuesta es que ellos saldrán de una tenebrosa negociación entre Gobierno y honorables, a espaldas de la ciudadanía, en la cocina de Zaldívar, o en la casa de Girardi, al final del día podría tener un efecto boomerang contra la propia Presidenta, pues, si lo que ella pretende al proponer a Abbott es dar una señal de transparencia, y de enmendar errores, es bueno que los ciudadanos sepan que el mismísimo Jorge Abbott –según consigna Reportajes– ‘ya se habría comunicado con varios senadores para apuntalar su ratificación’.

Si el candidato a Fiscal Nacional, máximo persecutor de la nueva justicia penal, tras ser seleccionado por el pleno de la Corte Suprema y designado por la Presidenta de la República, no obstante tiene que hacer lobby entre quienes podrían ser investigados por él, es decir, mostrarse amable y garante para ser ratificado en el cargo, habría que reevaluar la facultad sancionatoria que le otorga la Constitución al Senado, la que ha devenido en una suerte de poder comprador, para lo que dispone de recursos ilimitados.