El perfil antimapuche del nuevo ministro de Justicia: «El Estado debe persuadirlos de sus vanos intentos»

Durante el pasado miércoles, la presidenta Bachelet concretó el segundo cambio de gabinete de su actual mandato, modificando a los líderes de tres carteras de Estado: Hacienda, Energía y Justicia. Precisamente fue la modificación en este último ministerio el que más llamó la atención de los medios, tras la renuncia de la polémica ministra Javiera Blanco que dio paso a la llegada del abogado y militante del PRSD, Jaime Campos.

De perfil político, conservador y masón, el nuevo ministro de Justicia ya se había desempeñado como secretario de Estado durante el gobierno de Ricardo Lagos, en Agricultura. En dicho momento, fue avalado para dicho cargo por su conocimiento del sector, ya que en su trabajo como abogado asesoró a sociedades y organismos vinculados a la actividad forestal y naviera.

Durante las últimas horas, el recién nombrado ministro ha sido objeto de cuestionamientos, luego de que se denunciara que el estudio de abogados de Campos representa a la empresa que proporcionó el software apuntado como responsable del error en el padrón electoral.

Sin embargo, el propio ministro salió a responder aquellas acusaciones esta mañana, asegurando que «todo ello es absolutamente falso (…) sobre el colega que menciona, Francisco Zúñiga, no tengo ninguna sociedad profesional con él. Lo que sí tengo es una comunidad de techo, en la que junto con otros colegas somos los dueños del inmueble donde está la oficina profesional de él y el despacho profesional mio, pero cada cual atiende sus propios cliente. Yo tengo mis clientes y el colega Zúñiga tiene sus clientes».

No obstante, hay otros antecedentes del nuevo ministro Campos que ponen en cuestión su nombramiento. En 2013, publicó en El Mercurio un artículo titulado «Las verdades incómodas del conflicto mapuche«, donde señala, entre otras cosas, que “nunca ha existido una nación Mapuche y conformar una, atentaría contra la soberanía nacional”. En su artículo, Campos esboza una polémica visión del conflicto que ya ha sido contrastada duramente por integrantes del pueblo e historiadores.

UN DETRACTOR DE LA AUTONOMÍA DEL PUEBLO MAPUCHE EN JUSTICIA

Motivado por dar a conocer su preocupación ante conceptos como «deuda histórica» «autodeterminación» y «Estado mapuche», el actual ministro dio a conocer hace algunos años su visión del conflicto que el Estado chileno mantiene con el pueblo mapuche.

En su artículo, Campos señala que «fluye con evidencia que nunca ha existido un Estado Mapuche, de suerte que es altamente improbable que pueda constituirse en el futuro. Todo el territorio nacional corresponde desde su creación a la República de Chile, la cual ejerce plena y exclusiva soberanía política sobre el mismo y no conozco casos en que un Estado se desprenda unilateralmente de parte de su territorio para dar origen a otro», posicionando como detractor de una de las demandas históricas del pueblo indígena.

Desde su visión, «propiciar la creación de un estado mapuche o animar bajo esa inspiración la autodeterminación de una zona determinada carece de realismo político y de sustento jurídico, resultado que jamás será aceptado por el Estado de Chile y menos por la población no mapuche de esos lugares, la que hoy constituye la mayoría de sus habitantes».

Desconociendo el carácter fundador de la Nación Mapuche, Campos aseguró que «el cimiento de nuestra nación (la ‘Raza Chilena’) se constituyó con el mestizaje, puesto que siendo escasas las mujeres que llegaron de Europa, los conquistadores se mezclaron con las nativas y tuvieron en ellas su descendencia (…). Se autodenominaron criollos, aunque desde un ángulo cultural predominaron las costumbres europeas, ya que objetivamente tenían un grado de desarrollo mucho más avanzado que las autóctonas«.

En otros pasajes del mismo artículo, Campos afirma que esta disputa «no involucra a todos los pueblos originarios e, incluso, dentro de los propios Mapuches sólo comprende a una porción minoritaria. Aún más, no se advierte claridad y precisión en las pretensiones de los reclamantes, siendo notorias las diferencias entres las aspiraciones de unos y otros»

El actual ministro de Justicia cuestionó, en otros aspectos, el despojo de las tierras por parte del Estado al pueblo mapuche, asegurando que al hablar de derechos ancestrales o de una pretendida autonomía política, «lamentablemente el Estado de Chile no tiene otra alternativa que persuadirlos de sus vanos intentos y, si ello no se alcanza, debe terminar de raíz el conflicto mediante la plena aplicación del imperio de la Ley a todos los que quebrantan con violencia el ordenamiento jurídico establecido«.

Campos también aseguró que el pueblo mapuche apoyó la causa del Rey de España en la lucha por la independencia, lo que despertó «una natural desconfianza y antipatía de los patriotas hacia el pueblo mapuche».

«Independientemente de lo simpático y seudo moderno que resulta hablar de derechos ancestrales de los pueblos originarios y de admitir una supuesta deuda histórica del Estado de Chile para con ellos, lo cierto es que cualquier referente histórico que se adopte es injusto y caprichoso, a no ser que derechamente se plantee la completa o parcial disolución de nuestra Nación», cerró.

DESCONOCIMIENTO DE LA REALIDAD Y FALTA DE RESPETO

Las visiones del ministro Campos sobre el conflicto mapuche han sido contrastadas desde el trabajo historiográfico de diversos autores. El investigador Martín Correa, especialista en la historia del pueblo indígena, es enfático en refutar las afirmaciones del secretario de Estado al respecto.

«El pueblo mapuche sostuvo con la corona española -desde el Levantamiento de Curalaba, en 1598, hasta la irrupción de la República de Chile, durante más de 300 años- alrededor de 30 parlamentos en los que se trataban los derechos y deberes políticos, religiosos y económicos de ambas partes, en una relación de nación a nación, de Estado a Estado. Dicha tradición continuó con la República de Chile, y prueba de ello es el Parlamento de Tapihue, en 1825«, enfatizó.

Sin embargo, la ruptura en esta política se produce con Diego Portales y la invención del Estado unitario, donde se establece que en este territorio sólo existe un pueblo -el chileno-, un idioma, una religión y una autoridad, negando la existencia de la multiplicidad de pueblos preeexistentes a la llegada de los españoles y a la construcción de la República.

Así lo sentencia Correa: «La invasión militar llamada eufemísticamente Pacificación de la Araucanía solo vino a poner en la práctica un ideario político que desconocía a los pueblos que ya vivían este territorio, y del cual el Estado chileno se hizo a la fuerza, derramando sangre mapuche, ideario político que se mantiene hasta la actualidad».

En su opinión, las palabras del otrora ministro de Agricultura desconocen «las demandas sociales, políticas y territoriales mapuche». Sin embargo, llama la atención, señala, que aquella ‘minoría vociferante’ a la que se refiere Campos «haya sido capaz de mantener la demanda territorial y política desde el año 1990 a la fecha, que sus representantes sean escuchados en todos los organismos internacionales, organismos de los cuales el Estado chileno forma y que a su vez lo sancionan y acusan de un actuar racista con el pueblo mapuche, denegando el acceso a la justicia y el reconocimiento a los derechos que le asiste como pueblo».

Lo anterior, sobre todo, considerando el grado de militarización del territorio mapuche y el aumento de presupuesto para las Fuerzas Especiales de Carabineros que se movilizan en la Araucanía. «Llamar así a un pueblo organizado y que lucha por los derechos y el territorio del que fue despojado demuestra un absoluto desconocimiento de la realidad y una falta de respeto al pueblo mapuche», enfatizó.

LA CONTINUIDAD DE UNA POLÍTICA DE DESPOJO Y PERSECUCIÓN

Desde 1997 a la fecha, explica el historiador Martín Correa, los distintos estamentos del Estado han creado una infinidad de mesas de diálogo infructuosas, ya que no se enfrenta el problema de fondo: esto es, el hecho de que hubo un territorio invadido militarmente y su población fue despojada de sus espacios al 5% de lo efectivamente ocupado.

«De ese proceso, del despojo, de la usurpación –legal pero no legítima- existe una memoria comunitaria compartida, el mapa mental de las tierras antiguas, y ahí está la base de las demandas territoriales actuales», explicó.

Desde la visión del investigador, los dichos y el nombramiento del ministro Jaime Campos marcan una continuidad en la política de desconocimiento de los derechos territoriales y políticos del pueblo mapuche. 

«En términos judiciales no ha habido cambio alguno desde que comenzó a aplicar la ley antiterrorista, con Ricardo Lagos como presidente, los ‘testigos secretos’, las denuncias de fiscales respecto de la actuación parcial de sus colegas cuando se trata de mapuches, el mantener privados de libertad a los dirigentes mapuche durante más de un año –mientras se desarrollan los juicios- hasta que son declarados inocentes y nadie responde por el tiempo en reclusión, son prácticas que se vienen aplicando hace un buen tiempo en el territorio mapuche«, argumentó.

A la vez, rechazó las advertencias del ministro, que apuntan a rechazar cualquier discusión en Chile sobre un Estado plurinacional que reconozca a sus diversos pueblos y naciones.

«Lo que está en peligro es el reconocimiento y respeto internacional al Estado chileno, Estado que no reconoce la diferencia en su interior, que no reconoce a los pueblos que habitan este territorio antes de su llegada, como si lo hacen el resto de los países de Latinoamérica. La soberanía está en peligro cuando las decisiones son tomadas por las grandes transnacionales que se han instalado en los diversos espacios territoriales de ancestral ocupación indígena, instalando Centrales Hidroeléctricas y Eólicas inconsultas bajo los parámetros de los propios convenios que el Estado chileno ha firmado, e incluso de la propia legalidad que el estado se ha dado», cerró el historiador.