Se viene un quinto gobierno de la Concertación, devenida hoy Nueva Mayoría. La empatía de Michelle Bachelet y una estrategia política orientada a sumar fuerzas de izquierda para renovarle la cara al boliche lograron vencer a la derecha en las urnas. ¿Qué se puede esperar del retorno de la presidenta de la sonrisa?
En sigilo y con cautela trabajan los equipos programáticos coordinados por Alberto Arenas que asumirán el gobierno en marzo próximo. Un apoyo en las urnas a Michelle Bachelet diametralmente opuesto al respaldo que exhiben los partidos políticos del conglomerado le dan una autonomía como nunca antes se vio en la transición para armar un rompecabezas que les asegure desde la venia de los movimientos sociales hasta los aplausos del empresariado.
El analista Álvaro Cuadra sopesa que “el próximo gobierno de Michelle Bachelet se va a instalar en un país que se encuentra sometido a la tensión entre dos tendencias, una hacia un fortalecimiento de la institucionalidad y otro hacia la movilización, una tensión que atraviesa a los distintos sectores políticos“.
La Nueva Mayoría sabe que la democracia de los acuerdos con la derecha que dominó el Chile de la postdictadura no da para una segunda versión y que el andamiaje institucional que contribuyeron a remozar se está resquebrajando. Si hasta el anterior gobierno de Bachelet las organizaciones sociales quedaban mordiéndose los dientes sin que a la elite concertacionista les importara, ahora el equilibrio apuesta a desarrollar políticas que dejen a todos contentos.
Gran dilema para una coalición política cuyos principales articuladores -el Partido Socialista y la Democracia Cristiana- aún no reconocen su adicción a las recetas neoliberales de apertura a la inversión extranjera y derechos convertidos en mercancía.
Para la Nueva Mayoría se trata de un nuevo ciclo. El Partido Comunista recalca que ya no estamos frente a la Concertación y que de Bachelet podemos esperar una educación pública fuera de las manos del mercado, el fin de la Constitución de Pinochet y un cambio en la ortodoxia neoliberal. Muchos a la izquierda del dial lo ven con escepticismo y acusan que de lo que se trata es remozar las instituciones para que todo siga igual. Iván Vitta, comenta que “los límites político-estructurales de la Nueva Mayoría son, por lo tanto, cambiar lo suficiente como para volver a reconstruir la legitimidad y la gobernabilidad del capitalismo neoliberal y a la vez no cambiar demasiado como para arriesgar las bases del patrón de acumulación capitalista primario-exportador. En esto reside la novedad de la Nueva Mayoría: en que, ante la deslegitimación social del modelo, se ve obligada a introducir modificaciones a aspectos cruciales del ordenamiento político económico y social, buscando a la vez conservar la esencia del capitalismo neoliberal”.
Una breve revisión al rol histórico de la Concertación da cuenta que la Nueva Mayoría tiene una difícil tarea para reinscribir su legado en la historia.
LA “OPERACIÓN LEGITIMADORA”
Edgardo Boeninger, uno de los cerebros de la llamada transición y que fuera ministro secretario general de la Presidencia en el gobierno de Aylwin, reconocía en su libro Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad, que a poco de que la Concertación llegara al gobierno, sus economistas convergían en que para Chile no existía “más opción de desarrollo que la de un crecimiento afirmado en el aumento y diversificación de las exportaciones como factor dinámico principal, en el marco de una política macroeconómica esencialmente liberal en cuanto asigna un rol central al mercado, la empresa privada y la apertura al exterior”.
Boeninger denominó a la tarea de la Concertación como una “operación legitimadora” para quitar el estigma dictatorial de la ‘economía social de mercado’. “Se trataba de dar legitimidad política y social a un modelo de crecimiento que acarreaba con el pecado original de haber sido implantado por la repudiada dictadura”- comentó.
Ese fue el afán de las décadas de gobierno de la postdictadura: Profundizar el modelo económico de Pinochet dándole un rostro humano. Para la operación contaron con el generoso apoyo de los medios masivos y del empresariado, uno de cuyos dirigentes se hizo famoso cuando reconoció que “los empresarios amamos a Ricardo Lagos”.
En su lado oscuro la operación exigía desarmar la articulación social que había llevado a la Concertación a derrotar a Pinochet en el plebiscito de 1988. Ya sea operando para acabar con la prensa independiente o desarticulando el tejido popular, la apuesta del conglomerado porfió en privilegiar al empresariado, obedecer a sus medios masivos y a reconocer como único interlocutor válido a la derecha a la hora de discutir las decisiones país.
A la par, las políticas sociales fueron reducidas a bonos asistenciales, forma de contacto social marcadamente neoliberal. La focalización del gasto fue la tónica, argumentada como política pública destinada a los más pobres, pero que en la práctica se sustenta en la negación de derechos sociales. No en vano, la cosecha de votos de la derecha en 2009 fue en las clases medias, a quienes no les llegan bonos y recienten de una sociedad de derechos. Patricia Matte, socióloga conservadora, resume la preocupación de su sector frente al cuestionamiento de este tipo de políticas: “La focalización fue una idea de Chile que tomó el Banco Mundial y la transformó en la doctrina para que los países subdesarrollados salieran de la pobreza. Hoy veo con preocupación que la discusión se ha ido a lo que había antes: a los Derechos Universales; versus la focalización en los más pobres”.
El gran vicio concertacionista fue su fe ciega en la tecnocracia para resolver los asuntos públicos. Las decisiones eran reducidas a los llamados ‘técnicos’ y la participación de los involucrados difuminada a través de encuestas. El niño símbolo de la generación de tecnócratas es Andrés Velasco, quien tuvo una influencia preponderante en el anterior mandato de Bachelet. Negó devolver el 7 por ciento de cotización a los jubilados para mantener los ‘equilibrios fiscales’, fue el principal impulsor de imponer un brutal Transantiago y garante de una mezquindad absoluta frente a los trabajadores.
El fracaso del Transantiago demostró la incapacidad de la tecnocracia en diseñar políticas públicas y su aritmética adicta a las condiciones del gran capital: La decisión del número de buses para Santiago no fue en base a lo que decían los estudios, sino que en función de que resultara rentable a las empresas participar de licitación. Así se redujo el estándar de los buses a asientos de plástico y de un día para otro de 8 mil buses que transportaban a los santiaguinos, se pasó a 5.500. Sólo con esas condiciones los actuales operadores calcularon un margen de ganancias.
Junto a Velasco, otros rostros del gobierno de Bachelet fueron Edmundo Pérez Yoma (el que se apropió de las aguas de Petorca) en Interior y Mónica Jiménez en Educación (la del jarrazo).
Otra tónica de las gestiones concertacionistas fue el juego de la silla musical desde altos cargos públicos a los directorios de las grandes empresas. Todo político ‘sensato’ que asumía un cargo ministerial sabía que su próximo empleo era en el directorio de alguna empresa con alguna relación con la cartera o un abultado contrato de ‘comunicación estratégica’. Pregúntenle a Enrique Correa, Jaime Estévez, Nicolás Eyzaguirre o a Ximena Rincón.
EL SEXTO GOBIERNO POSTDICTADURA
La Concertación no tiene la voluntad y, mucho menos, la creatividad para presentar una gestión de gobierno que vaya más allá de su compromiso con la gobernabilidad (impuesta por los teóricos de Washington), la institucionalidad (pinochetista) y las recetas neoliberales del FMI o del Banco Mundial. Desde la Concertación miran con distancia las experiencias de los gobiernos de izquierda del continente o cualquier política pública fuera de los marcos del libre mercado y el estímulo a la inversión privada.
En política exterior no hay muchos indicios de que Chile deje de ser el satélite de EE.UU. en un continente con importantes avances en integración. Las decisiones sobre el TPP o el apoyar la Alianza del Pacífico en vez de Mercosur o Celac, hasta hoy han sido resueltas obedeciendo a EE.UU.
Del anterior gobierno de Bachelet es el escándalo, conocido a través de Wikileaks, que mostró como a través de una llamada de la embajada norteamericana al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, se cuadraron tres ministros solícitos para cambiar un ordenamiento territorial para que AES Gener pudiera instalar una central termoeléctrica en Campiche, zona saturada de contaminación. La escuela del pueblo, La Greda, es el triste símbolo de las zonas destinadas al sacrificio en el plan del modelo de desarrollo chileno.
La presencia del Partido Comunista en el gobierno no asegura que la repetida política vaya a ser modificada. Algo que hasta reconoció su anterior candidato presidencial, Jorge Arrate, recientemente, para quien la Nueva Mayoría “acarrea con el lastre de hacer política de la Concertación, de las mentalidades de la elite concertacionista”. El ex ministro de Educación agregó que “las fuerzas que operan al interior de la Concertación son fuerzas que lo que van a tratar de hacer es de limar las uñas y desgastar el programa que ha planteado la candidatura de Bachelet”.
Melissa Sepúlveda, presidenta de la Fech, aclara que “la vieja Concertación, que consolidó el modelo neoliberal en Chile, sigue siendo la que hegemoniza la Nueva Mayoría”.
Entre los legados de la Concertación se recuerda la privatización de las aguas, de las sanitarias y de los puertos; el financiamiento universitario a través de los bancos con intereses usureros con aval del Estado; el fortalecimiento de las AFPs; la privatización de facto de la minería y de la energía. Julián Alcayaga, del Comité de Defensa del Cobre, grafica el legado de la coalición tras Bachelet en el ámbito minero: “Al irse Pinochet, 90% de la producción del cobre estaba en manos del Estado. Hoy Codelco produce menos de un tercio. Este descalabro lo cometió la Concertación sin que la Constitución tuviese algo que ver en esta desnacionalización. (…) Al irse Pinochet, un tercio de la generación eléctrica estaba en manos del Estado, con empresas como Colbún, Edelnor, Edelaysen, Termoeléctrica Tocopilla, Termoeléctrica Cachapoal. Todas fueron privatizadas por La Concertación”.
SUPERAR EL GRAN DÉFICIT
Hoy hasta en la Nueva Mayoría se acepta que el gran déficit de los 20 años de Concertación fue la desigualdad. Un legado más profundo de la coalición del arcoíris es también la mercantilización de la existencia.
La senadora Isabel Allende reconoció hace poco que “con el tiempo, parece ser que fue un exceso buscar permanentemente la política de consenso, pero con los quórums altos hubo proyectos que no eran posibles. Otros sí lo eran, y quizás nos faltó la voluntad necesaria, que hoy sí está”.
Mas la fuerza de voluntad no fue por una conversión iluminadora de la Concertación, sino empujada por el movimiento estudiantil que vino a mostrar que el rey estaba desnudo. Luego de 2011 algo cambio en Chile. Si en 2006 la gran movilización social de los secundarios fue entrampada en una mesa de diálogo cuyas conclusiones ni fueron tomadas en cuenta por la presidenta sonriente, ahora el rayado de la cancha ya no está definido por los acuerdos por arriba. El movimiento social no obedece hoy a los partidos del conglomerado y tampoco se va a dejar convencer con el argumento de ‘en la medida de lo posible’.
Tampoco el movimiento social va a aceptar que las decisiones sean tomadas por arriba, práctica habitual de la Concertación. Y todo indica que el gobierno de Bachelet porfiará en la vieja costumbre. El anuncio sobre como superar la constitución de Pinochet ya da señales de ello. En el programa de gobierno de Bachelet se aseguraba que el procedimiento para una nueva Carta Magna sería “institucional, participativo y democrático”. A una semana de resultar electa, el jefe de la comisión Nueva Constitución, Francisco Zúñiga, marcó que la fórmula va a ser no por la vía de una Asamblea Constituyente, demanda de la ciudadanía, sino que a través del parlamento. “Se va a remitir un proyecto de reforma total de la Constitución al Congreso Nacional”, fueron sus palabras.
La fórmula repite la usanza de toda la postdictadura: una discusión reducida al Parlamento con consulta al resto de la sociedad. Es el viejo ritual de la política de los acuerdos que se sustenta en el ninguneo de los actores sociales.
Pero la liturgia de la transición ya no se sustentará en el desinterés de la sociedad civil en materias políticas. En vez de una derecha en retirada y falta de ideas, una ciudadanía movilizada será la real contraparte del gobierno de Bachelet. El sociólogo Alberto Mayol vislumbra que “la interacción principal en el próximo mandato no será entre el gobierno y la oposición de derecha, sino que entre La Moneda y las demandas de la ciudadanía”.
Mayol agregó que “la voluntad de Bachelet y su conglomerado es completamente distinta a lo que va a ocurrir. Ellos pretenden negociar con la derecha y volver a la democracia de los acuerdos pero, en la práctica, la presidenta tendrá que dialogar con el malestar ciudadano que es más profundo que sus propuestas de campaña”
La apuesta del empresariado es el rol desmovilizador de la Concertación. La apuesta de la Concertación es la mala memoria de los chilenos. La presidenta de la Fech, advirtió en una entrevista a El Clarín, que el escenario es complejo “porque las consignas del movimiento estudiantil han sido apropiadas por ella (Bachelet) pero vaciadas de contenido programático”.
A la Concertación, la experiencia lo demuestra, no se le puede dejar gobernar sola.
Mauricio Becerra R.
@kalidoscop
El Ciudadano
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