Las recientes elecciones de medio término, a través de las cuales los republicanos arrebataron el control del Senado a los demócratas y ampliaron su mayoría en la Cámara de Representantes, se convirtieron en los comicios más caros de la historia con un costo aproximado de 4 mil millones de dólares, según el Center for Responsive Politics -organización no partidaria que se dedica al tema del dinero en las elecciones-, una cifra que representa más del doble de lo gastado hace 10 años.
A su vez, se acrecentó el dinero de las campañas que proviene de fuentes multimillonarias vía organizaciones privadas que supuestamente operan de manera independiente de los partidos, pero que influyen cada vez más en las contiendas electorales, en esta ocasión “donaron” al menos 900 millones de dólares.
Se trata de una situación permitida a partir de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos del pasado abril que habilita a eliminar el límite total de financiamiento que particulares pueden destinar a campañas políticas, medida que continúa un proceso iniciado en 2010 que habilita a empresas a financiar elecciones bajo el argumento de la “libre expresión”.
Entre los mayores contribuyentes de esta campaña legislativa figuran Thomas Steyer, el dueño de uno de los mayores fondos de inversión de alto riesgo de Estados Unidos; Michael Bloomberg, el empresario y ex alcalde de Nueva York; y Paul Singer, el recaudador republicano dueño del fondo buitre que llevó al Estado argentino ante los tribunales estadounidenses.
Las elecciones en Estados Unidos se convirtieron en campañas de relaciones públicas corporativas, con las grandes empresas repartiendo dinero por igual a republicanos y demócratas, donde el 1 por ciento más rico se garantiza el programa económico que más lo beneficia.
En este contexto debe analizarse la baja participación electoral de los comicios, hundidos en un 38 por ciento, un nuevo mínimo histórico. La mayoría del pueblo estadounidense asocia la política de Estados Unidos a la corrupción legalizada. De acuerdo a las principales encuestas la popularidad del mandato deBarack Obama apenas alcanza el 40 por ciento, mientras que la aceptación del Congreso se sitúa en torno al 14 por ciento.
No existe una opción real entre republicanos y demócratas, durante los debates “acalorados” de las elecciones de medio término, prácticamente no hubo discusión sobre la economía, en la que están en total acuerdo en beneficiar a las grandes corporaciones, al igual que la política exterior y los 700 millones de dólares anuales gastados en el Ejército.
En este sentido, se espera que la Casa Blanca y el nuevo liderazgo del Congreso logren un rápido consenso en la continuación y expansión de las guerras en el Medio Oriente, con el objetivo final de derrocar a los gobiernos de Siria e Irán; al igual que el envío de fuerzas para combatir el Ébola, en el marco de la solapada recolonización de África.
Restricciones al empadronamiento
Otro factor en la acotada democracia estadounidense es la aplicación de numerosas restricciones de sufragio en la mayoría de los estados, una medida que frena la votación de los grupos minoritarios.
Con el pretexto de combatir el fraude, desde 2010 se multiplicaron los esfuerzos de los republicanos para imponer obstáculos al sufragio efectivo de sectores que generalmente no votan a favor de ellos -inmigrantes, pobres, adultos mayores y estudiantes-.
En 2011 y 2012 por lo menos 180 nuevas restricciones al ejercicio del voto fueron promovidas en 41 de los 50 estados, y de éstas 27 medidas fueron aprobadas en 19 estados, precisa la revista The Nation.
En este sentido, un fallo de la Corte Suprema anuló algunas cláusulas de la Ley de Derechos del Voto -promovida a partir de la lucha por los derechos civiles- permitiendo por primera vez desde la década del ’60 que gran parte de los estados sureños no tuvieran que pedir autorización al gobierno federal para promover e implementar cambios a sus reglas sobre procesos electorales.
A partir de entonces, los estados de Texas y Carolina del Norte aplicaron normas consideradas con anterioridad como discriminatorias; Ohio y Wisconsin, impusieron nuevos límites sobre sus periodos para el voto.
En las recientes elecciones, al menos en 15 estados se enfrentaron con nuevas restricciones, que imponen requisitos como documentos de identificación que muchos no tienen o la reducción de los períodos ampliados para votar.
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