«En Chile hoy no existe nadie que cumpla el rol de mediador entre el ciudadano y la garantía de un derecho»

En las últimas semanas nuevos ecos resonaron para presentar en abril de este año el proyecto de ley de creación de la figura del Defensor del Pueblo o Ombudsman, quien se ocupa de proteger los derechos fundamentales de las personas y de  que éstos queden recogidos en cada una de las legislaciones.

El impulso de esta institución, que Chile es de los pocos países que aún tiene pendiente, fue un compromiso adquirido por Michelle Bachelet en su primer mandato y reiterado en su segunda campaña, dentro de las especificidad de  la Agenda de Probidad y Transparencia.

El Ciudadano conversó con Danae Mlynarz, quien conoce de cerca las funciones de esta figura por haber ocupado, durante el primer mandato de Michelle Bachelet, el cargo de presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, que promueve la creación de este ente.

¿En qué punto se encuentra el proyecto para crear la figura del Defensor del Pueblo?

Cuando se dio a conocer la Agenda de Probidad y Transparencia, la presidenta consideró que era una prioridad para el Gobierno volver a establecer la figura del Defensor del Ciudadano, nombre que elegimos para la figura en nuestra propuesta. Desde este punto de vista, el Gobierno ha estado trabajando en un proyecto que ha informado que va a ser remitido en el Congreso nuevamente.

Esta propuesta estaba en el primer programa del Gobierno y ahora está también en el segundo. Además está en la agenda de Probidad y Transparencia, y se está trabajando para que sea despachado en el Congreso en la brevedad.

El proyecto se retoma y se plantea de nuevo. ¿En su opinión, cuál es la importancia de la existencia de este ente?

Explicar el por qué necesitamos un defensor en Chile cuando nunca ha existido es difícil porque no se puede comparar con ningún otro ente. De todas maneras, es muy necesario que exista esta institución, no solamente dentro de una agenda de probidad y transparencia, sino también para lograr un equilibrio de poder dentro de los poderes del Estado. Una institución que se haga cargo de la vulneración de derechos de las personas es una necesidad clara que tenemos como país para fortalecer la democracia, sobretodo cuando pensamos que queremos avanzar en un Estado que garantice derechos.

Creo además que los servicios públicos, o la prestación de servicios públicos –que no necesariamente son prestados por entidades gubernamentales porque también existen servicios públicos prestados por privados-, deberían de estar dentro del marco de competencia del Defensor de las Personas. El proyecto que se presentó durante el primer gobierno de Bachelet entorno a esta temática incluía a los servicios públicos de forma general, no sólo aquellos prestados por el Estado.

¿Qué fue lo que frenó la iniciativa en el primer mandato de la presidenta?

Durante el primer gobierno se incluyó este proyecto de ley, que además consistía en una Reforma Constitucional, y logramos aprobarlo en el primer trámite de la Cámara de Diputados pero no se pudo seguir avanzando en el Senado. Aún así, fue por primera vez un logro para el proyecto y para este deseo que muchos tenemos de que exista una instancia para defender a las personas.

¿Qué vacío ocuparía en este país el Defensor del Ciudadano?

Esa pregunta nosotros nos la tuvimos que repetir muchas veces, sobretodo durante el trámite legislativo en el que tratamos de explicar de qué se trata esta figura. El Defensor del Ciudadano no es un homólogo de la Contraloría, porque no ve el tema de la administración, ni cómo funciona la administración pública. Tampoco cumple las mismas funciones que el Sernac, que lo que hace es ver los derechos de los consumidores, no los derechos de forma más amplia.

Su función tiene que ver más con la defensa de derechos fundamentales, que son los que están en nuestra Constitución, y con la consagración de éstos en cada una de las legislaciones que existen. En Chile, hoy no existe nadie que haga este rol de mediador entre el ciudadano y la garantía de un derecho.

En todos los países, la figura del defensor media entre el Estado y la ciudadanía buscando soluciones. A partir de conflictos particulares, hace sugerencias de modificación y garantía de derecho para problemas mayores o para cambios legislativos que se requieren.

¿Cómo tendría que operar el Ombudsman en Chile?

Tiene que ser una figura que tenga legitimidad de los distintos sectores y que pueda abordar como institución, no como persona, grupos vulnerables, por ejemplo, a través de defensorías sectoriales enfocadas en los colectivos que tienen mayores posibilidades de que sus derechos sean vulnerados.

Por ejemplo, dentro de estas defensorías sectoriales, en algún momento se pensó que podría estar el Defensor de la Infancia, que hoy día se incluye en un proyecto de ley independiente del Defensor Ciudadano; o la Defensoría de los Pueblos Indígenas, como otro grupo específico que también sufre mayores posibilidades de ver sus derechos vulnerados, o el Defensor de la Mujer. La lógica es desde la mirada de avanzar en sugerencia y buscar la mediación.

¿Qué tipo de demandas podría abordar el Defensor del Pueblo?

Desde que se creó la Comisión Defensora Ciudadana, bajo el Gobierno de Lagos, hasta hoy día, se puede hacer un diagnóstico de los sectores más vulnerables y de cuáles podrían ser las demandas que se podrían abordar cuando exista esta instancia como un órgano independiente y autónomo del Gobierno de turno. No como funciona hoy día, que es una comisión asesora presidencial, que no tiene esa autonomía pero si la posibilidad de que los servicios la escuchen porque viene desde la presidencia de la República.

Cuando se analizan el tipo de reclamos que llegan a la Comisión, vemos que el tema de las pensiones y de la protección en la previsión social de los chilenos es uno de los temas más  significativos que emerge en la vulneración de derechos. Otro tema muy relevante también tiene que ver con el ámbito de la salud.

La tarea de la Comisión Defensora Ciudadana pasa por hacerse cargo de las denuncias de ciudadanos en relación a la vulneración de derechos que se dan desde la administración. Lo que se hace es lidiar con los servicios, pero antes los ciudadanos tienen que haber intentado ver su problema con el servicio y, si no le resulta, en segunda instancia acuden a la Defensoría. La Comisión pone el problema frente a la autoridad del servicio para intentar avanzar en una solución.

¿Hay algún modelo de referencia en algún otro país que considere que podría ser imitado o con características asimilables al modelo chileno de Ombudsman?

En mi opinión, y desconociendo como están preparando el proyecto hoy día, lo principal para un Ombudsman o Ombudswoman es que sea una entidad autónoma, que cuente con recursos propios, que exista a nivel nacional pero tenga oficinas a nivel regional porque Chile no es sólo Santiago, y también divisiones sectoriales para las áreas que son más sensibles.

¿Cómo tendría que elegirse esa figura para conseguir que la legitimidad sea la máxima posible?

En el proyecto que nosotros presentamos, sugerimos que el presidente hiciera una propuesta y que ésta fuera avalada por el Congreso. Los otros poderes del Estado tienen que participar de su definición. Desconozco cuál es la propuesta para el actual Gobierno.

¿Considera que la ciudadanía es suficientemente consciente de lo que puede representar tener un Defensor del Pueblo?

Existe mucho desconocimiento respecto al alcance que tiene la figura pero también muchas expectativas respecto a lo que puede hacer su existencia. Cuando se presente el proyecto, tiene que ir acompañado de una muy buena comunicación e información respecto a la importancia de esta figura. Pero, sin duda, con el nivel de desconfianza política que existe hoy día en Chile, es una institución que nos permitiría avanzar en el sentido de que se convierta en un ente a quien acudir cuando el resto de las puertas están cerradas.

Meritxell Freixas