En el ojo del huracán: Ernesto Silva

Hace rato ya que el nombre de Ernesto Silva pololea con el caso Penta, sin embargo, a eso de las 10 de la mañana, en La Tercera, se ha dado a conocer una pieza clave que podría implicar a Silva más allá de un roce con el caso, pues han señalado que existe un correo entre Iván Álvarez (ex fiscalizador del SII) y Marcos Castro (Ex gerente de Penta), dos de los imputados del caso que se encuentran en prisión preventiva, y en dicho correo aparece una lista de 22 personas (y empresas) a las que Álvarez les dio una “ayudita”, revisado sus declaraciones rectificatorias de impuestos de manera fraudulenta. Entre los nombres, aparece el de Silva y el de su padre.

Ya, el senador Navarro ha señalado la corrupción de Silva, señalando que el presidente de la UDI, “siendo presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados durante el año 2012, y teniendo más de 12.000 acciones en la isapre Banmédica perteneciente al grupo Penta, rechazó la indicación que terminaba con la discriminación por sexo y edad en las isapres, favoreciendo este millonario negocio. Esa jugada revela uno de los modus operandi entre Penta y la UDI”.

Y ahora podemos comprender mayormente la magnitud del compromiso de Silva con Penta y su forma de operar en el congreso.

Lamentablemente, es un escándalo el que este sujeto siga siendo presidente de una institución como lo es un partido político en Chile y es una ofensa a nuestra institucionalidad el que, como tal, tenga que asistir al evento de esta tarde en el que la presidenta  dará a conocer los nombres de los participantes de la comisión asesora presidencial que serán responsables de proponer un marco que regulatorio para los vínculos entre el dinero y la política.

En este marco cabe destacar que el senador Víctor Pérez, uno de los principales detractores de la mesa liderada por Silva en el gremialismo, declaró a La Tercera que la directiva está “más preocupada del proceso judicial que de las respuestas políticas que les tenemos que dar a nuestro electorado y a la ciudadanía”. Y que, si estas críticas vienen del mismo partido, entonces es tremendamente válido que todos nos cuestionemos qué es lo que tiene que hacer Silva en la reunión que ya está próxima a comenzar.

En palabras del propio Navarro,  «la presencia de Ernesto Silva, presidente de la UDI, en la creación del Comité Asesor Presidencial para regular la relación dinero-política, es improcedente y provocadora”… “La UDI está inhabilitada ética y moralmente para pronunciarse sobre financiamiento electoral mientras Ernesto Silva siga en la presidencia. Además dos de sus senadores, Iván Moreira y Ena Von Baer, están citados a declarar en el marco de la investigación del caso Penta por imputaciones en su contra”.

Afortunadamente, nuestros jóvenes están marcando pauta en cuanto al avance de la deslegitimación de los políticos involucrados en Penta.

Es necesario que la ciudadanía se manifieste y ellos lo están haciendo -como ya lo hicieron en 2006 y en 2011- por todos nosotros.

Mientras tanto, queda esperar a que Silva se enfrente a la comisión de ética de la Cámara, por sus vínculos con Penta, que esta semana estudiará los antecedentes de la petición de sanción contra el presidente de la UDI.

El poder judicial está dictando pauta y siendo señero en cuanto a lo que la ciudadanía espera para volver a confiar en sus autoridades. Es de esperarse que el congreso haga lo suyo y dicte sanciones a la altura del daño que este señor le ha hecho a Chile.

Por su parte, el jefe de bancada del Partido Comunista de Chile y la Izquierda Ciudadana, diputado Daniel Núñez, fue quien realizó la solicitud de sanción, y afirmó que en las normas de la Cámara de Diputados está claramente establecido que cuando un parlamentario se ve en la situación de votar un proyecto de ley que trae directos beneficios, debe inhabilitarse.

Esto es lo que señaló Núñez en Radio Universidad de Chile: “En Chile los delitos de cuello y corbata tienen penas muy bajas y tenemos que elevarlas significativamente, lo que implica considerar un conjunto de leyes y las normas que rigen para los funcionarios públicos en casos de falta a la probidad, corrupción o tráfico de influencias, pero también los delitos que se cometen cuando hay faltas al Código Tributario o a la Ley de Valores. Por lo tanto, vamos a hacer una propuesta integral en las próximas semanas, (para que) un funcionario que incumple sus deberes también tenga penas como corresponden y se pague de acuerdo a la gravedad de estos delitos”.

En Twitter: @AngelaBarraza