¿En qué está la «banda» de Piñera?: El prontuario de sus parlamentarios y ex ministros encausados por la Justicia

Una de las máximas más repetidas de Sebastián Piñera durante su gobierno fue que era «el de los mejores», que se trataba de profesionales alejados de las malas prácticas que por esos años comenzaban a conocerse y que la gestión llegaría a estándares jamás conocidos en estas latitudes.

Bajo esa lógica transcurrió su mandato entre marzo de 2010 y de 2014. Ya fuera del poder, comenzaron a darse a conocer los casos de corrupción en el que estaban involucrados no sólo parlamentarios de la entonces Alianza por Chile, sino que también algunos de sus ministros de Gobierno.

Así se inició un largo paseo de involucrados por los tribunales de Justicia, para explicar su actuación en cada una de las acusaciones por vínculos con grupos empresariales que aportaron con grandes sumas de dinero a cambio de boletas ideológicamente falsas, eufemismo usado para referirse al pago por trabajos no realizados. Consecuencia de ello es que algunas ex autoridades de Gobierno y parlamentarios se encuentran imputados por presuntos delitos relacionados con los nexos entre los principales grupos económicos del país.

A pesar de esto, el candidato de Chile Vamos no ha cejado en sus críticas al actuar del Gobierno, acusando a la administración de la Presidenta Bachelet de corrupta y, a la vez, de sostener una red de funcionarios vinculados con los partidos de la coalición oficialista o con familiares de los principales dirigentes de la Nueva Mayoría.

Eso, mientras los juicios siguen y comienzan a confirmarse, en algunos casos, las condenas. Por ahora, la «banda» de Piñera no le causa problemas al ex mandatario.

Las joyas del gabinete

El llamado «gobierno de excelencia» se componía en su mayoría de gente que provenía del sector privado y las empresas. Esto, por supuesto, no fue garantía de no resultar involucrados en casos de resonancia nacional.

A continuación realizamos un ejercicio de ayudamemoria y revisamos el prontuario de los principales parlamentarios y ex ministros de Sebastián Piñera encausados por la Justicia.

Pablo Longueira Montes: el ex militante de la UDI, ex senador y ex ministro de Economía se encuentra imputado por cohecho y soborno en la arista «royalty» del caso SQM, donde la minera no metálica habría influido en el proyecto presentado por el gobierno de Piñera para esa área estratégica de nuestra economía. Pasa lo mismo, para el caso de la Ley de Pesca y la modificación del Código de Aguas.

La fiscal que investiga el caso, Paola Castiglione, señala que han constatado que existen «correos electrónicos que dan cuenta de gestiones realizadas por don Patricio Contesse (gerente general de SQM) para que el señor Longueira pudiera promover la incorporación de modificaciones al Código de Agua”.

Gabriel Ruiz-Tagle: el empresario papelero, ex máximo accionista de Blanco y Negro y ex ministro del Deporte, está vinculado a la investigación que la Fiscalía Nacional Económica lleva adelante para establecer responsabilidades en la llamada «Colusión del Confort», donde la CMPC (del grupo Matte) y SCA (ex Pisa) habrían acordado los precios de venta del papel higiénico entre los años 2000 y 2015.

Según la investigación de la Fiscalía, «Ruiz-Tagle se reúne en el Club de Golf Las Brisas de Chicureo con Jorge Morel Bulicic, en ese entonces gerente general de CMPC Tissue, para acordar subir los precios de sus productos y mantener inalterables las cuotas de ambas empresas en el mercado y así hacer frente a la arremetida de Lider en el sector».

Ena von Baer: la actual senadora por La Araucanía y ex vocera del gobierno de Sebastián Piñera, se encuentra investigada por los aportes realizados por el grupo Penta para su campaña parlamentaria, a través de boletas facilitadas por Jovino Novoa.

El fiscal Pablo Norambuena señala en su investigación que “el cheque respectivo por la suma de $5 millones fue retirado por Raúl Fuentes, empleado de Novoa Vásquez, con fecha 28 de mayo de 2013, y la boleta respectiva fue incorporara en los registros de contabilidad y al dorso de la misma el coimputado Hugo Bravo manuscribió las iniciales EVB que daban buena que el aporte era para la campaña de la entonces candidata Ena von Baer”.

Pablo Wagner: el ex subsecretario de Minería y ex alto funcionario del grupo Penta está formalizado por lavado de activos, delitos tributarios y cohecho, junto con ser acusado de recibir de Penta $42 millones mientras era parte del gobierno de Sebastián Piñera.

Según detalla la formalización de la Fiscalía, «los beneficios económicos que él recibió son sobre la base de la corrupción», y agrega que para ocultar las utilidades se busca «utilizar a un tercero, que en este caso es María Carolina de la Cerda, su cuñada, para que emitiera boletas a nombre de las distintas empresas Penta».

Los parlamentarios enjuiciados

Para el caso de los parlamentarios pertenecientes a la coalición de derecha durante el gobierno de Piñera involucrados en los casos de platas políticas, las investigaciones se encuentran en proceso y los posibles juicios se llevarían a cabo durante el siguiente período, en medio de un posible segundo gobierno piñerista.

Hasta ahora, los casos que se han podido develar mantienen la misma lógica de apoyo mutuo entre los grupos económicos y los políticos.

Iván Moreira: senador por la región de Los Lagos, acaba de ser desaforado por la investigación que se realiza sobre los aportes realizados por el grupo Penta a su campaña. Memorable es el correo electrónico donde solicita «hacer un raspado de olla» para recibir algún aporte.

Según da cuenta la investigación de la Fiscalía, se  emitieron boletas falsas por más de $38 millones al grupo. Con el desafuero, el senador puede ser formalizado y, si corresponde, acusado.

Marta Isasi: la ex parlamentaria por Iquique entre 2010 y 2014, está involucrada en la investigación por cohecho y fraude al Fisco -al igual que el desaforado senador Jaime Orpis- a partir de su relación y «trabajo en conjunto» con Corpesca en el marco de la cuestionada Ley de Pesca.

La Fiscalía sostiene su investigación en una serie de correos entre Isasi y la empresa, además del posible pago de cerca de $40 millones. De los mails pesquisados, destaca el siguiente: «¿Te sirve una boleta de honorarios? ¿O prefieres una por facturas de servicios? En la comisión estaré una vez más dando la gran pelea por la pesca. Dios mediante nos guiará, estoy segura. Él jamás nos abandona”.

Felipe de Mussy: La investigación del diputado UDI por la región de Los Lagos apunta a clarificar el destino de los dineros correspondientes a una boleta por $7 millones que fue emitida por el entrenador de fútbol José Tomás Garcés.

La investigación se encuentra en suspenso tras la decisión de la Corte de Apelaciones de negar el desafuero solicitado por la Fiscalía, argumentando que no es posible concretarlo por no existir querella por parte del Servicio de Impuestos Internos.

Claudio Eguiluz: Ex vicepresidente de RN y actual candidato a diputado por la región del Bío Bío, ha sido condenado a 800 días de presidio remitido, por la prestación de boletas ideológicamente falsas por un total de $465 millones.

El fiscal que investigó la causa, Rodrigo Yáñez, señaló que “la condena abarca un delito reiterado, casi 30 documentos distintos y la condena los abarca a todos ellos. Por tanto, desde punto de vista de lo que fue la investigación y el resultado, esto claramente es satisfactorio”.

Novoa, el niño símbolo

Ex señor todopoderoso de la UDI, Jovino Novoa, representante de acción de los civiles en la dictadura de Pinochet -fue subsecretario del Interior a finales de los ’70 y principios de los ’80- fue el primer condenado (tres años de presidio remitido y una multa de $10 millones) por las investigaciones de los aportes de Penta, donde oficiaba como recaudador y distribuidor de los recursos.

Los cargos por los que Novoa fue sentenciado son por haber facilitado a Empresas Penta S.A., a Inversiones Penta III y a Inversiones Penta II, tres boletas y seis facturas ideológicamente falsas, por un total de $33.611.111. A ello se suma el haber incorporado entre 2008 y 2013 un total de 17 boletas por trabajos no realizados a la contabilidad de su sociedad Inversiones y Mandatos, por un total de $42.241.853.