Una variación de 22 puntos porcentuales habría experimentado la presidencia de Michelle Bachelet solo este 2017, según la voluntariosa encuestadora encabezada por Roberto Izikson, Plaza Pública Cadem.
Sería el número más alto alcanzado por la Presidenta desde que estallara el caso que involucrara a su hijo y nuera, de un eventual tráfico de influencias para adquirir un crédito bancario, el llamado «caso Caval».
Sin embargo son las propias encuestadoras las que atraviesan una crisis de credibilidad ante la ciudadanía, al haber realizado proyecciones electorales que no se verificaron en los resultados de las últimas votaciones.
La misma encuesta arroja un 48% de desaprobación de la gestión de Michelle Bachelet.
A través de un comunicado, la encuestadora recordó que, conforme la Ley 18.700, sobre votaciones populares y escrutinios, sólo pueden «divulgar resultados de encuestas de opinión referidas a preferencias electorales hasta el décimo quinto día anterior al de la elección».
La última medición difundida, el 1 de diciembre, establecía que, «desde un punto de vista estadístico», la elección «se mantiene empatada».
Roberto Izikson, gerente de Asuntos Públicos de Cadem
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