Madrid (PL) La España de los cinco millones de desempleados salió nuevamente a las calles este 29 de marzo para expresar su hartazgo frente a los draconianos recortes sociales impulsados por la derecha gobernante, encarnada por el Partido Popular (PP).
Ese día, cientos de miles de personas se movilizaron en más de un centenar de ciudades de este país europeo, como colofón de una huelga general, convocada por los sindicatos contra una reforma laboral que facilita y abarata el despido de los trabajadores.
Las dos principales centrales obreras de España advirtieron entonces sobre una escalada del conflicto social, si el gobierno conservador de Mariano Rajoy insiste en su dinámica suicida de ajustes del gasto público, dictada desde la Unión Europea (UE).
En una multitudinaria manifestación, como colofón de la huelga que paralizó prácticamente todo el país, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.) emplazaron a Rajoy a rectificar su impugnada reforma del mercado de trabajo.
Hoy no es la estación final de nada, el tren no ha llegado a la última parada, avisó el líder de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ante decenas de miles de personas que se congregaron en la madrileña Puerta del Sol, símbolo del movimiento de los indignados.
Fernández Toxo precisó que el paro de 24 horas, primero que soporta la administración del PP desde su llegada al poder en diciembre pasado, puede convertirse en el inicio de una lucha ascendente para cambiar el estado de cosas.
El dirigente sindical afirmó que Rajoy tiene en sus manos evitar un recrudecimiento, y la prolongación en el tiempo, de la confrontación social como consecuencia de sus impopulares políticas de austeridad para reducir el déficit fiscal.
Su Gobierno será muy legítimo, pero el crédito hay que ganárselo todos los días y con esta reforma del mercado laboral ha perdido gran parte de esa reputación, enfatizó el secretario general de CC.OO., tras calificar de rotundo el respaldo de los trabajadores a la huelga.
Sobre su impacto, calificado de moderado por el Palacio de la Moncloa (sede del poder central), destacó que más de 10 millones 400 mil personas secundaron la protesta pacífica.
Subrayó, además, que millones de españoles salieron a las calles de más de un centenar de urbes de esta nación europea para defender el modelo social que tanto esfuerzo ha costado construir.
El máximo responsable de la central obrera acusó a la derecha de intentar arruinar de un plumazo tres décadas de diálogo social, al aprobar por decreto los cambios en las relaciones laborales.
Tanto Fernández Toxo como su homólogo de la UGT, Cándido Méndez, pidieron a Rajoy que convoque a los sindicatos para realizar una modificación sustancial de la norma, a la cual tildaron como la más lesiva y desequilibrada de la historia de la democracia española.
Ambos coincidieron en que la iniciativa del PP no está pensada para crear puestos de trabajo, sino para provocar una sangría mayor de destrucción de empleos, en un país con más de cinco millones 300 mil desocupados, la tasa más alta de la UE.
En esa línea recordaron que el propio jefe del Ejecutivo ibérico reconoció que este año se sumarán al ejército de desempleados otras 630 mil personas.
Como alternativas a la severa política de recortes del gasto público sugirieron al Gobierno la subida de impuestos a las grandes empresas y fortunas del país, así como a las actividades de los bancos para que financien parte del desastre que ellos mismos generaron.
CC.OO. y la UGT cifraron la adhesión a la huelga, una vez descontados los servicios mínimos pactados con el Ministerio de Fomento, en el 77 por ciento a nivel nacional.
El seguimiento fue masivo en la industria pesada y en las fábricas de automóviles.
También tuvo una gran incidencia en el transporte urbano, ferroviario y aéreo, en los servicios de limpieza y en la enseñanza, sobre todo en las universidades estatales.
Para las organizaciones gremiales, la reforma tiene como principio el despido fácil y barato, y concede una hegemonía sin precedentes a la patronal para contratar y reducir salarios.
Si a todo esto sumamos el deterioro creciente de los servicios públicos, como consecuencia de las medidas de ajuste, estamos en el camino de una profunda regresión social y laboral, resaltaron.
En opinión de CC.OO. y de la UGT, con su polémica legislación, el ejecutivo de Rajoy se desentiende del desempleo y se pliega a las exigencias de Bruselas y del Fondo Monetario Internacional.
Remarcaron que el paro lo desencadenó el poder central por sus formas y por su imprudencia, al haber sancionado la reforma sin discutirla con los representantes de los trabajadores.
Su convocatoria era inevitable, justa y necesaria, porque fue el rechazo al camino equivocado tomado por el Gobierno y su negativa a conducir los procesos desde el diálogo y el respeto a las instituciones que operan en el mundo del trabajo, insistieron.
La huelga y las multitudinarias manifestaciones del 29 de marzo evidenciaron un malestar y una tensión que difícilmente podrá reconducir el Gobierno, el que ya anunció una poda en la inversión pública superior a los 40 mil millones de euros para este año.
A juicio de las centrales obreras mayoritarias, el PP se encuentra en una encrucijada, y debería mover ficha para evitar la prolongación del conflicto social y dejar de comportarse como si fuera un gobierno tecnócrata, al estilo del griego o el italiano.
El 29-M (por el 29 de marzo) se canalizó con éxito el sentimiento existente en España, donde sus políticas de rigor no tienen el respaldo de la ciudadanía, avisaron a Rajoy, a quien dieron un nuevo plazo para negociar con una fecha en el horizonte: el 1 de mayo.
Si antes de ese día no se abre el diálogo para cambiar el rumbo de la reforma laboral, CC.OO. y la UGT convertirán esa simbólica fecha, Día Internacional de los Trabajadores, en otra jornada de protesta.
IMAGEN: www.pacoredondo.com
Por Eduardo Rodríguez-Baz
Corresponsal de Prensa Latina en España
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