Los partidos independentistas catalanes del parlamento catalán, Junts pel Sí y los anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), lograron que se apruebe, por mayoría absoluta, la vía unilateral que fija los pasos a seguir para que Cataluña se desconecte de España.
En medio de un fuerte ambiente de división en la Cámara, el Parlament decidió este miércoles, en el último minuto, incorporar al debate del día una votación para que se aprobaran o rechazaran las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente para iniciar la conformación de la República catalana independiente. El resultado final fue favorable para los independentistas, que tienen mayoría en la Cámara y que, según medios locales, estarían desafiando al Tribunal Constitucional (TC).
Al choque con el TC
En su momento, el Parlament catalán ordenó la creación de una comisión que definiera la estrategia a seguir para iniciar la desconexión de Cataluña, entre la que se incluye un “mecanismo unilateral de ejercicio democrático”, que el bloque independentista sobrentiende que puede ser un referendo.
Por su parte, la semana pasada el TC mandó un escrito a la Cámara exigiendo la paralización del debate de las conclusiones de dicha comisión ya que considera que las labores de los legisladores catalanes tienen que limitarse a los márgenes que establece la Constitución española y que, por eso, es «absolutamente inviable» que la Cámara discuta sobre un «proceso de desconexión», que fue aprobado mediante una resolución soberanista aprobada el 9 de noviembre de 2015, que el propio TC declaró nula.
Reacción en España
El gobierno español decidirá este viernes si presenta un incidente de ejecución contra la resolución del Parlament ante el TC. Por ahora, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, dio instrucciones a la Abogacía del Estado para que éste actúe y contactó con el resto de líderes políticos para informarles de los pasos que llevará a cabo el ejecutivo en funciones.
En concreto, la comisión general de secretarios de estado y subsecretarios estudiaron la posibilidad de trasladar al consejo de ministros de este viernes un acuerdo que autorice a la Abogacía del Estado a presentar delante del TC un incidente de ejecución contra la resolución aprobada, para que el Gobierno considere que el Parlamento «vulneró radicalmente» la sentencia del TC que anulaba la declaración de ruptura del 9-N, y también la interlocutoria que advertía que el parlamento y su mesa tenían que «impedir o paralizar» cualquier iniciativa que ignore un mandato del TC.
Por su parte, Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, sede de la presidencia, anunció en la mañana de este miércoles que se enfrentará a una moción de confianza el próximo 28 de septiembre para «resolver democráticamente un problema democrático», y así comprobar si el Gobierno autonómico tiene el apoyo necesario para poner a Cataluña a «las puertas de la independencia».