Con ejemplos de la contingencia, que dan cuenta de cómo la concentración mediática afecta la democracia en Chile, la presidenta del Colegio de Periodistas Javiera Olivares, abrió el seminario “Posverdad y Derechos Humanos: nuevos desafíos de la prensa”, que la organización profesional convocara para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en conjunto con la sede de Unesco en Santiago y el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.
En la oportunidad, la dirigenta hizo un emplazamiento a los candidatos presidenciales para que consideren la concentración mediática “como un freno a la democratización del país”, apuntando a los problemas que existen en Chile producto de la integración horizontal (entre la misma plataforma) y vertical (de distintas) del sistema mediático, así como su vinculación con poderosos grupos de la economía nacional.
También, a propósito del reciente fallecimiento del dueño de El Mercurio, Agustín Edwards, recordó que el matutino “representa un conglomerado potente que concentra la mayor cantidad de medios impresos, lo cual no tiene ninguna regulación. Y así como él, nos hemos enterado que canales de televisión como Mega quieren incidir en la plataforma de radios, comprando otros medios, entonces son estos temas los que hay que poner sobre la mesa, sin temor”.
Olivares agregó que “es hora que la profundización democrática también incluya estas materias, y hoy como Día Mundial de la Libertad de Prensa es de esperar que los y las candidatas a Presidente, que están ad portas de iniciar sus campañas, se refieran a estos temas y planteen sus desafíos para fortalecer la democracia, que es afectada por estos frenos”.
La dirigente además recordó que en Chile aún existen varios ámbitos en los cuales falta avanzar en materia de libertad de expresión, como es la “la altísima concentración en el sistema de medios, la mantención de penas corporales asociadas a las faltas al ejercicio de la libertad de expresión y la persecución a los medios comunitarios, por lo cual Chile no puede estar de fiesta sino que debe considerar aquellas dificultades”.
Informe CIDH
El 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, se conmemoró pasada una semana desde que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA liberara el informe anual del organismo.
En este, se refiere a los problemas para el ejercicio del periodismo libre e independiente, apuntando a normas que restringen su desempeño como por ejemplo las penas de cárcel por la difusión de informaciones contra funcionarios públicos o materias de interés colectivo, por lo cual cuestiona los artículos 264 del Código Penal y 284 del Código de Justicia Militar, que tipifican los delitos de amenazas y desacato. Además, pide despenalizar la calumnia y la injuria (que instituye incluso la Ley sobre Libertades de Opinión y Ejercicio del Periodismo), y convertirlas en acciones de carácter civil, así como fortalecer el derecho de periodistas y medios a la protección de sus fuentes informativas.
Asimismo, se refiere a los diversos dictámenes que se han emitido –tanto del Consejo para la Transparencia como de las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Constitucional- y que restringen el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, donde se apela a elementos de seguridad nacional o de derechos de terceros, así como la existencia de leyes de carácter secreto. Conmina al Estado a evitar este tipo de situaciones y a eliminar la figura de leyes secretas, en particular la norma que protege del escrutinio público por 50 años los antecedentes que tuvo a la vista la Comisión Valech. Otro elemento que plantea es la aprobación de normativas de protección a quienes denuncien irregularidades y corrupción.
Un capítulo especial lo dedica a la concentración mediática, afirmando que Chile tiene los mayores índices de concentración de la propiedad de medios en la región, llamando a implementar normas relacionadas con la transición hacia televisión digital, la publicidad en la propiedad de los medios públicos, el reconocimiento del sector comunitario y la regulación de la asignación de la publicidad oficial. En especial, llama a eliminar del 36 B de la Ley General de Telecomunicaciones las penas corporales para quienes realicen actividades de radiodifusión sin autorización.
Del mismo modo, señala un ámbito más general como es el derecho de reunión y libertad de expresión, donde aún existen leyes en Chile que permiten prácticas y uso excesivo de la fuerza en el manejo de la protesta social.
Para leer el informe completo, puedes hacerlo en este link:
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/InformeAnual2016RELE.pdf
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