Este jueves continúa la audiencia de formalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien está siendo acusada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
La audiencia se llevará a cabo en el 9° Juzgado de Garantía a las 9:30 de la mañana.
Junto con Barriga, están siendo formalizado otros cinco exfuncionarios de la municipalidad , quienes enfrentan cargos similares por su complicidad durante la gestión alcaldicia de la exchica Mekano.
Este jueves también se dará a conocer si Barriga queda en prisión preventiva, no obstante, durante los alegatos presentados este miércoles —cita el portal CNN Chile—, la defensa de Barriga pidió descartar la medida solicitada por la Fiscalía, argumentando que es madre cuidadora.
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«En el caso de mi representada, es madre de tres hijos y es cuidadora de dos de esos hijos, el otro ya es mayor de edad, tiene alrededor de 23 años. Pero uno de esos niños tiene un cuadro médico del cual ya nos hemos referido», señaló el defensor de la exalcaldesa Marcelo Hadwa.
La defensa —refiere el portal MegaNoticias—, alegó que esta situación no es fácil reemplazar, por lo que solicitaba que no se aplicara la medida de prisión preventiva.
“Tiene calidad de madre cuidadora, no es una situación que se pueda reemplazar o que la reemplace el padre, es una situación. Más allá de eso, no me voy a extender”, insistió.
Sin embargo, la fiscal de Alta Complejidad, Constanza Encina, basó su solicitud en que la libertad de la ex jefa comunal es un peligro para la seguridad de la sociedad, además del evidente riesgo de fuga.
En concreto, la Fiscalía le imputa a Cathy Barriga que «defraudó o permitió que se defraudara el patrimonio fiscal, mediante una estructura orgánica administrativa de disponibilización fraudulenta de recursos y la instalación de una gobernanza fraudulenta».De acuerdo al Ministerio Público, esto causó un perjuicio a la Municipalidad de Maipú de al menos $30.622.935.635.Según se constató en la investigación realizada por fiscalía, Barriga firmó un decreto el 9 de noviembre de 2016 para entregarle amplias atribuciones a sus funcionarios de confianza. Este decreto habría sido la clave para dar curso a las maniobras ilícitas por las cuales los involucrados arriesgan prisión preventiva.
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