El portal de investigación CIPER, denunció el viernes a través de un reportaje que el ministerio de hacienda y del interior, habría realizado una serie de acciones y maniobras para retrasar en lo máximo posible la investigación que se encontraba en curso para descubrir qué pasó con la querella que interpuso el servicio en contra de Giorgio Martelli por presuntos delitos tributarios.
Ciper informó que la Subdirección Jurídica del Servicio de Impuestos Internos (SII), tenía una lista una ampliación de la querella en contra del UDI Jovino Novoa, la que incluía también al operador político Giorgio Martelli, en el marco de una investigación por el financiamiento irregular de las campañas políticas, frente a esta ampliación de la querella, se presume que el director del organismo, Michel Jorrat, pospuso de distintas formas el desarrollo de esta acción judicial.
Lo que la Subdirección Jurídica buscaba al principio, era presentar la denuncia antes que la Fiscalía Nacional (encabezada por Sabas Chahuán), presentara una solicitud de audiencia para formalizar a Jovino Novoa, Iván Moreira (UDI), Felipe de Mussy (UDI), Pablo Zalaquett (UDI) y además a Alberto Cardemil (RN), acción que estaba estipulada para el 7 de mayo.
Desde ese minuto, Cristian Vargas, el subdirector jurídico, le habría pedido a Jorrat que autorice las acciones judiciales que pretendían iniciar contra Martelli y Novoa, pero Jorrat no quiso y declaró que tenían que demorar la denuncia hasta que el operador político declara al SII.
Porque como ya conocemos, dentro del Servicio de Impuestos Internos existen dos líneas de investigación, las que buscan encontrar a quienes cometieron el delito tributario a través de un financiamiento irregular de campañas hasta el final y por otro lado, encontrar a aquellos que mantengan el discurso de que el uso de boletas y facturas presuntamente falsas, y por servicios que no fueron en realidad prestados, no se trataría de un delito tributario, lo que significa que debiesen resolverse de manera administrativa.
Así el círculo de los ex ministros Arenas y Peñailillo, defienden esta postura de investigación administrativa, donde se destaca las acciones realizadas por Andrea Palma, jefa de gabinete del titular de Hacienda, quien sostiene que el SII debe seguir ese camino.
De esta forma, Evelyn Matthei y su equipo, se encuentran en el otro bando, es de la bancada que defiende la judicialización de una investigación de este tipo, porque, y he aquí la razón de su presunta querella contra Michel Jorrat, porque de una u otra forma, el plan que pudieron tener los ex ministros del Interior y de Hacienda, era detener una investigación que afecta a su círculo cercano o bien a ellos mismos.
La obstrucción a la justicia y los conflictos de intereses están entremedio de esta querella, porque la utilización de un cargo público en materias judiciales, sobre todo si detiene o entorpece una investigación, es delito y como delito, el director del organismo debió haberlo denunciado, en el tiempo indicado, mientras tanto, la ex candidata presidencial anunció esta querella por medio de su abogado, en una entrevista a radio Bio bio.
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