“Esta tenencia segura, sin embargo, se ha logrado a costa de aspectos esenciales de la vivienda como un derecho humano: ubicación, calidad y habitabilidad, así como el acceso al transporte y a oportunidades de empleo”, destacó la relatora.
Según la experta de la ONU, la adopción de un enfoque orientado al mercado en la vivienda para los grupos vulnerables ha contribuido a la segregación de la población en Chile, basada en el estatus socioeconómico. “Al viajar a diferentes ciudades de Chile, incluyendo asentamientos informales, he sido testigo de divisiones fuertes e impactantes entre los vecindarios, particularmente respecto al tipo y la calidad de la vivienda, y los servicios que los rodean”, expresó.
Farha se mostró impresionada por el abandono por parte del gobierno de las personas sin hogar, muchas de las cuales sufren discapacidades. “Esta población es prácticamente invisible. No se les ofrece casi ningún servicio gubernamental y, sin duda, no hay opciones de vivienda excepto los servicios de alojamiento periódico y de caridad” señaló.
De igual forma, quedó consternada al tomar conocimiento de la discriminación que enfrentan las personas migrantes, con o sin documentos, en cuanto al acceso a una vivienda adecuada. “Exhorto al Gobierno de Chile a reformar su ley migratoria, incluyendo referencias explícitas al acceso a la vivienda y a la regulación y el monitoreo del sector privado de alquiler”, añadió.
La Relatora Especial reconoce que el Gobierno de Chile ha puesto en marcha programas para mejorar la inclusión y la integración, así como varios programas piloto innovadores para cubrir las diferentes necesidades de vivienda.
“No obstante, sin abordar la vivienda como un derecho humano, y sin marcar un cambio en la perspectiva de que la vivienda es una mercancía, temo que las poblaciones vulnerables en Chile seguirán sufriendo desigualdad en la vivienda, lo que es inaceptable en un país que ha manifestado su firme compromiso con los derechos humanos”.
Durante su misión de diez días al país, la experta visitó Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Temuco y Antofagasta y se reunió con altos funcionarios gubernamentales a nivel nacional, regional y municipal, así como con residentes y organizaciones comunitarias y de la sociedad civil.
Un informe detallado de sus conclusiones será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2018.
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