El documento fue leído por el exmandatario Andrés Pastrana 1998-2002), quien en su discurso anunció la intención de provocar «un terremoto político que asegure el pluralismo y desarrollo de todos los hombres de nuestra región».
En un evento convocado en la nación istmeña a propósito de la VII Cumbre de las Américas que inicia el viernes, Pastrana dio lectura a la Declaración y entregó una copa de ella a las esposas -presentes en el acto- de los opositores venezolanos presos Leopoldo López y Antonio Ledezma.
En el texto exigieron la “inmediata” liberación de esos políticos, así como la de Daniel Ceballos, otro alcalde opositor; todos acusados de incentivar hechos de violencia en el país suramericano.
«Somos ya 26 expresidentes que firmamos esta declaración sin precedentes políticos», afirmó Pastrana en su intervención, en la que invitó «a otros exmandatarios (a) que se sumen a esta declaración para que continúe produciéndose, diría yo, un terremoto político que asegure el pluralismo y desarrollo de todos los hombres de nuestra región».
Entre los firmantes aparecen los expresidentes de Argentina, Eduardo Duhalde; de Bolivia, Jorge Quiroga; de Chile, Sebastián Piñera; de Colombia, Álvaro Uribe y Belisario Betancur; de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Óscar Arias y Luis Alberto Monge.
Junto a las firmas de Hurtado y Gutiérrez también están las de los exdignatarios de España, José María Aznar y Felipe González; de México, Felipe Calderón y Vicente Fox; de Panamá, Mireya Moscoso y Nicolás Ardito; de Perú, Alejandro Toledo, y de Uruguay, Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti, entre otros.
Los exgobernantes fueron convocados bajo el argumento de intentar buscar una solución pacífica y democrática respecto a la situación en Venezuela.
En el texto se manifiesta una «preocupación» por el curso que toma lo que consideran la “grave alteración institucional, política, económica y social” que afecta a Venezuela, debido a las pretensiones de la oposición venezolana de sacar al gobierno de Nicolás Maduro, que ha denunciado intentos de desestabilización a través de la guerra económica, el asedio mediático y la violencia.
Según los firmantes, el gobierno de Venezuela viola la Convención Americana de Derechos Humanos y sostiene una política de no reconocimiento, ni acatamiento de las decisiones y pronunciamientos dictados por los organismos interamericanos de tutela de derechos humanos. Con ello, señalan, se afecta gravemente el derecho al amparo internacional de derecho que consagra la constitución de dicho Estado en beneficio de todas las personas.
Exponen una supuesta ausencia de independencia de la justicia y la «persecución» judicial a quienes se manifiestan políticamente diferente al oficialismo. Además denuncian presuntos actos de tortura por parte de funcionarios venezolanos y la existencia de grupos paraestatales armados y de apoyo al gobierno en un ambiente de “total impunidad”.
En la última de las cinco hojas de la Declaración de Panamá se expone que la única posibilidad de «restablecimiento de la democracia» en Venezuela y de una efectiva garantía de los derechos políticos, económicos y sociales de los venezolanos, pasa por el rescate del principio y sistema de separación de poderes.
El gobierno de Venezuela no reaccionó de inmediato a la declaración. Además, tiene previsto presentar en la Cumbre de las Américas por lo menos 10 millones de firmas para pedir al presidente Barack Obama que derogue el decreto suscrito el 9 de marzo, en el que señala a la nación suramericana como una “inusual y extraordinaria amenaza” a su seguridad nacional y su política exterior.
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