Este domingo en la tradicional misa de Pascua de Resurrección, el cardenal de Santiago, Ricardo Ezzati, hizo un llamado a buscar acuerdos y a lograr la verdad a través del respeto a las personas, evitando la anticipación de juicios infundados o sin las pruebas, todo esto enmarcado en los últimos escándalos que se han develado en el país en donde se ha podido observar las oscuras conexiones entre poder económico y política.
Ezzati afirmó además, que el ánimo debe ser de consenso y que debe estar sujeto a “encontrar aquellos acuerdos fundamentales que brotan de la ética, de la moral cristiana, de las bienaventuranzas de Jesús, que nos permitan ser un pueblo feliz, un pueblo de hermanos”.
Si bien las palabras del cardenal apuntan a una mirada conciliadora para una posible salida a la crisis y desprestigio que vive la clase política chilena, es imposible no cruzarlas con la propia crisis que vive la Iglesia Católica en la actualidad, ampliamente cuestionada a partir de discutibles decisiones como la insistente defensa de la asunción como Obispo de Osorno del cura Juan Barros, supuesto cómplice de los delitos sexuales cometidos por Fernando Karadima o la destitución del puesto de profesor en la carrera de Teología de la Universidad Católica del sacerdote jesuita, Jorge Costadoat, por propia decisión del cardenal a pesar de la defensa de los estudiantes y otros profesores.
Entonces, pareciera que las palabras de Ezzati se diluyeran en un ambiente enrarecido que más que buscar respuestas y soluciones a la crisis en pos de la verdad, solo buscaran seguir desde la tibieza, tapando los errores y evitando el encaramiento a los responsables de las malas prácticas que se han visibilizado por estos meses. Incluso, es posible hacer un correlato entre la postura del cardenal con la visión acomodaticia que defiende Jovino Novoa, a propósito de su participación y la de otros legisladores gremialistas como Ena Von Baer o Iván Moreira involucrados en el bullado Caso Penta, cuestionando las filtraciones de la información -las que han permitido visibilizar las prácticas dolosas- o poniendo en tela de juicio el quehacer de la fiscalía en su investigación como “maliciosamente falsa”, a pesar de la contundencia de los antecedentes recabados.
Pareciera que nos enfrentáramos a dos visiones que comulgan en la idea de acuerdos febles, en que más que conducir desde la verdad hacia un posible escenario de justicia y probidad, se pretende mantener en la impunidad los delitos que significan utilizar las funciones políticas para el beneficio de empresarios y poderosos.
Abrazar las formas veladas, los procedimientos truchos, parecieran ser prácticas que la población ya no quiere ver más en sus autoridades. Las posturas de Novoa y su “acuerdo nacional” o de Ezzati quien ofreció la colaboración de la Iglesia Católica para “lograr un consenso que haga primar el respeto en Chile”, son parte de un triste lugar común, de un lugar en donde pareciera ser que no hay voluntad ni energía para lograr verdaderos cambios, en donde la comodidad de las viejas prácticas fuese superior a la necesidad de construcción de un país justo y honesto.
Finalmente, resulta imperiosa la necesidad de un cambio en las reglas del juego, en donde toda esa politiquería de los consensos no sea necesaria, ya que el entramado real por donde se desarrolla la vida política y cívica nacional como resulta ser la Constitución de un pueblo, sea finalmente pensada y escrita por sus principales beneficiarios: la ciudadanía.