El fiscal Nacional, Ángel Valencia, se refirió a la denuncia de violación grupal presentada por una joven y que involucra a 10 jugadores de las cadetes de Cobreloa.
De acuerdo con el reportaje realizado por este medio, los hechos ocurrieron en septiembre del año 2021, cuando la joven tenía 18 años y fue invitada a la Casa Naranja.
Según las investigaciones realizadas, se confirmó que el Club de Deportes Cobreloa a pesar de conocer y recibir la denuncia en mayo de 2022, activaron el protocolo ocho meses después, debido a la instrucción dada por la ANFP.
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Por estos hechos, el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo ofició al presidente de la ANFP, Pablo Milad, y al presidente de Cobreloa, Marcelo Pérez, para que entregaran información sobre las acciones y medidas tomadas por una denuncia de violación realizada en contra de un grupo de futbolistas, y que habría ocurrido en la Casa Naranja del club.
Ante esta situación, Valencia recalcó que se designó a un fiscal regional para que se lleven a cabo todas las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos.
«Es un caso delicadísimo, lo están investigando con la mayor rigurosidad», afirmó el fiscal Nacional.
«El fiscal (Juan) Castro Bekios, que es el fiscal regional que acaba de ser designado, tiene el especial encargo de destinar todos los medios con los que contemos para poder esclarecer esos hechos, porque son hechos muy graves», añadió, citado por La Tercera.
En esta línea, también se pronunció la ministra para la Mujer , Antonia Orellana, quien manifestó la disposición del ente ministerial para poder atender a la víctima.
Hace un mes, el presidente del Comité Nacional de Arbitraje, Eduardo Arévalo, presentó ante la instancia legislativa nuevos antecedentes que revelan severas inconsistencias en las declaraciones de los líderes de la ANFP y Cobreloa.
Arévalo resaltó que el delito «debe ser referido como violación», detallando que habrían ocho jugadores involucrados, de los cuales varios forman parte del actual primer equipo del equipo de Calama.
De igual forma, no descartó la responsabilidad penal de los dirigentes de Cobreloa, por ocultar estos hechos graves.
Tras la exposición de Arévalo, el diputado Andrés Giordano indicó que la evidencia «demuestra que la ANFP y Cobreloa tenían conocimiento de los agresores», por lo que pidió sanciones administrativas y penales.
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