La mañana de este lunes, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fue formalizada como persona jurídica la empresa Corpesca, perteneciente al Grupo Angelini. Esto en el contexto de la investigación que indaga el pago de presuntos sobornos a políticos con el fin de que estos influyeran en favor de la compañía en la tramitación de la Ley de Pesca, durante el gobierno de Sebastián Piñera.
De acuerdo a lo detallado por el fiscal Julio Contardo en la formalización -la que recayó en el representante legal de la compañía, Arturo Natho Gamboa- entre enero de 2010 y abril de 2013 Corpesca pagó en eventuales sobornos $231 millones, de los cuales $176 fueron a parar al bolsillo del entonces senador de la UDI, Jaime Orpis, y $55 en el de la ex diputada Marta Issasi.
El fiscal explicó que lo que busca la Ley de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas es impedir que al interior de las empresas sus representantes legales y sus principales ejecutivos puedan desarrollar actividades delictivas, que en este caso habría sido soborno, lo que se llevó a cabo «desviando capitales al financiamiento de políticos, de parlamentarios», según explicó Contardo.
Longueira, Orpis y el «ahorro» de Corpesca
De acuerdo a un artículo publicado por Ciper Chile en agosto pasado, entre 2013 y 2016 la empresa del Grupo Angelini se «ahorró» $4.670 millones en impuestos, luego de que el ex ministro de Economía, Pablo Longueira, incluyera en la Ley de Pesca –a petición de los senadores Jaime Orpis (UDI) y Fulvio Rossi (PS)– el artículo décimo séptimo transitorio, que estableció un límite o “techo” a los impuestos que debían cancelar las pesqueras industriales.
Eso significó, explica Ciper, que en 2014, 2015 y 2016 los pagos de las pesqueras no excedieran en más de un 40% la suma que éstas habían cancelado en 2012 por concepto de Patente Única Pesquera (PUP).
Cabe recordar que en el Caso Corpesca ya han sido formalizados por presunto cohecho el mencionado senador Orpis y la ex diputada Marta Issasi. Además, el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, también fue formalizado, pero en calidad autor de soborno.
Jaime Orpis
Posible disolución y pérdida de beneficios
A la salida del tribunal, el fiscal se refirió al escenario judicial que enfrentará Corpesca, advirtiendo que -dependiendo de la imputación que se haga en el libelo acusatorio- «las sanciones de la Ley de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas van desde la multa hasta la disolución (de la empresa), pasando por la pérdida de determinados beneficios, con la imposibilidad de celebrar, por ejemplo, contratos con el Estado».
En ese sentido, cabe mencionar que Corpesca es una de las empresas pertenecientes a las 7 familias que se vieron beneficiadas con la aprobación de la llamada «Ley Longueira» y las concesiones por 20 años para la explotación de recursos marinos.
Ex ministro de Economía, Pablo Longueira
El fiscal reconoció que hay más empresas que están siendo investigadas y sostuvo que «vamos a seguir realizando todas acciones investigativas tendientes a esclarecer todos los hechos que se pretendan en la indagación», agregando que «si ello implica citar a cualquier persona, cualquier persona va a ser citada a la fiscalía».
Consultado por la situación de Pablo Longueira, dijo que por ahora no hay ninguna imputación en contra de él. «Lo que nosotros estamos haciendo es recabar todos los antecedentes. Una vez recibida la información tenemos que procesarla y ahí se harán las imputaciones del caso», señaló.
Daniel Labbé Yáñez
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